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Abogados de Teodoro Bonilla presentan reclamo porque no se consuma su preliberación

Tegucigalpa – El equipo de defensa del exconcejal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Teodoro Bonilla, presentó este lunes un formal reclamo ante Poder del Estado, por la no preliberación de su defendido.

En ese sentido la abogada, Delmis Márquez explicó que no es un recurso de habeas corpus lo que se ha presentado, sino una formal queja contra el establecimiento penitenciario de Támara, en virtud de no otorgar el beneficio de pre liberación con un retraso injustificado para emitir la resolución aprobada.

“Teodoro Bonilla, debió recuperar la libertad desde hace dos sábados, no tienen excusa, porque desde el 3 de abril el Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción, remitió la cara de libertad condicional que se entregó respecto a este caso”, agregó la profesional del derecho.

Según Márquez, su defendido tenía derecho a preliberación desde el pasado 30 de diciembre, ya que todos los demás exconcejales se están defendiendo en libertad, pues había una suspensión del acto reclamado sobre el acto de formal procesamiento, entonces “él también tenía el mismo derecho que los demás involucrados en este caso”.

Reconoció que el exconcejal Bonilla, también enfrenta otra acusación -Caso Shalom-, no puede recibir la carta de libertad definitiva “pero que en el cómputo de la condena en el caso de tráfico de influencias, estaba establecido que al reunir los requisitos a partir del 30 de diciembre de 2019”.

Finalmente reafirmó que el exfuncionario del Poder Judicial, ha cumplido con todo el procedimiento y aseguró que son las autoridades del centro penitenciario de Támara quienes han sido indiferentes desde el pasado octubre de 2019. “Tiene que haber de parte de ellos una explicación del porque no se ha hecho efectiva ese beneficio”, concluyó.

Bonilla fue vicepresidente del Consejo de Judicatura de la Corte Suprema de Justicia, y fue declarado culpable -el 30 de junio de 2017- por el delito de tráfico de influencias consumado y luego se le decretó seis años de cárcel.

Actualmente permanece recluido en el Primer Batallón de Infantería, periferia de la capital hondureña y nunca pisó una cárcel común.

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