Tegucigalpa – El abogado Julio César Ramírez, defensor de la exprimera dama Rosa Elena de Lobo, dijo que su representada no hacía contrataciones cuando fungió en el cargo, al tiempo que culpó al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de hacer apología al odio.
El profesional del derecho alegó que en el Programa “Calzando y Uniformado los Niños de Honduras” no hubo ningún acto de corrupción, al tiempo que mencionó que su representada no firmaba ni contrataba personas, empresas o servicios.
Dijo que al mencionar el nombre de la exprimera dama se genera apología de odio y se vulnera su imagen y principios.
“Dejemos claro que estos fondos no están sujetos a la Ley de Contratación del Estado, es como la adquisición de los carros blindados del CNA, esos fondos se liquidan, ellos compraron y así lo justificó la señora directora (Gabriela Castellanos) a menor precio, aquí -se refiere al programa de uniformes- se compró a menor precio y los recursos no están sujetos a la Ley de Contratación del Estado”, reiteró.
Ramírez dijo que los señalamientos del CNA están totalmente alejados de la verdad. “Se trata de un informe parcial porque desde el momento que solo establecen entrevistas con personas, que no tiene esa facultad el Consejo Nacional Anticorrupción, y no se llamó a las personas que podían aclarar cuál era el proceso y que las contrataciones no se hacían por la señora Rosa Elena de Lobo”, arguyó.
Lamentó que instituciones como el CNA “fomentan la apología del odio y expectativas alejadas de la verdad. Yo quisiera que se dijera que Rosa Elena de Lobo no contrata, algo que hasta este momento el Consejo Anticorrupción no ha querido decirle al pueblo hondureño”.
Dejó claro que la exprimera dama está en toda la disposición de someterse a la justicia hondureña. “La señora Rosa Elena de Lobo se somete al Ministerio Público, a las investigaciones, con el afán de aclarar las acusaciones en su contra”.
El miércoles de esta semana, personeros del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se presentaron ante el Ministerio Público para presentar una línea de investigación contra la exprimera dama, Rosa Elena de Lobo, a quien señalan de estar vinculada junto a su secretario privado en la compra irregular de uniformes escolares. Ambos habrían incurrido en un perjuicio al Estado por un monto de siete millones de lempiras.
