Tegucigalpa – Esta problemática debería recibir el mismo nivel de atención que la extorsión, la cual fue declarada emergencia nacional, dijo el director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, en relación con las muertes violentas de mujeres.
Criticó la falta de voluntad política del actual gobierno para enfrentar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en el país, asegurando que se han hecho muchas recomendaciones en este tema y se esperaba mucho de este gobierno.
Así como la extorsión generó una emergencia nacional, el tema de la muerte violenta de mujeres también debería serlo. Ha faltado mucha determinación y sensibilización para abordar este tema con la responsabilidad que amerita, expresó Castañeda.
El representante de ASJ coincidió con los constantes señalamientos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sobre la creciente inseguridad que enfrentan las mujeres hondureñas, y lamentó que, a pesar de las promesas presidenciales, la situación se haya agravado.
Hay que recordarlo: el plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro hacía especial énfasis en la protección de las mujeres. Ella misma reconoció públicamente haber sido víctima de agresión y amenazas, y prometió verdadera protección y prevención de delitos contra las mujeres, afirmó.
Castañeda sostuvo que ese compromiso se ha desvanecido con el tiempo, y que por eso la sociedad civil y distintas organizaciones continúan alzando la voz. “Desde el 2022 al 2025, estamos hablando de casi 1,000 mujeres asesinadas en este país, muchos de estos crímenes relacionados directamente con la violencia de género, por el simple hecho de ser mujeres. Son femicidios”, señaló.
Asimismo, denunció la falta de inversión y fortalecimiento institucional para enfrentar este flagelo. “Los planes de prevención, investigación y apoyo institucional han sido desatendidos. Vemos un Ministerio Público con muchas carencias humanas y logísticas. Esa debilidad se refleja en una impunidad del 90 al 95% en las muertes de mujeres”, advirtió.
Finalmente, Castañeda lamentó que la promesa de cambio hecha por el actual gobierno haya quedado corta frente a la realidad. “La vara les quedó muy alta. Honduras sigue siendo uno de los países más violentos de la región, y esa violencia nos sigue pasando una factura muy grande”, concluyó. LB
