Tegucigalpa (Especial Proceso Digital /Por Lilian Bonilla) – El último tramo del gobierno de la presidenta Xiomara Castro se refleja incierto en materia de defensa, política exterior y los derechos humanos, ya que sus actuales rectores deben dejar sus cargos en los próximos 19 días, cuando se realice la convocatoria oficial a elecciones generales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que sus actuales titulares van en la fórmula presidencial del gobernante partido Libre.
– A pocos días del plazo: ¿Dónde está la renuncia de Rixi Moncada y sus compañeros de fórmula? Los políticos gustan de las mieles del poder, sus puestos son trampolines para seguir en el poder o escalar y por ello les cuesta renunciar, porque pierden muchos privilegios.
– Rixi se moviliza a sus actividades políticas en helicópteros asignados a las FFAA. Se trata de aparatos recientemente comprados a Alemania y que serían para operaciones estrictamente del cuerpo armado que ella rectora como ministra.
– La presidenciable oficialista también aprovecha para reunirse con representantes de sectores económicos sacando ventaja de los dos sombreros que ostenta.
Rixi Moncada, actual ministra de Defensa, encabeza la boleta del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) para la Presidencia de la República, el canciller Eduardo Enrique Reina y la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, la acompañan como designados presidenciales. La boleta la completa el sociólogo Armando Orellana.
Las tres figuras gubernamentales se mantienen en sus cargos y desde sus despachos realizan el proselitismo político-electoral, sin inmutarse por las posiciones oficiales que ocupan.
Los llamados de la sociedad civil y oposición a que por moralidad presentaran sus renuncias fueron desoídas y virtualmente llegaron al final de su tiempo en el gobierno con los dos sombreros: ministros y candidatos a cargos de elección popular.
A 19 días para la convocatoria oficial a elecciones generales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), prevista para el 29 de mayo, distintos sectores del pueblo hondureño se preguntan en voz alta: ¿Dónde están las renuncias de Rixi Moncada y compañía? La candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre) y actual ministra de Defensa sigue aferrada a su cargo, a pesar de la controversia que ha acompañado su nombramiento desde el primer momento.
Aunque la ley no establece de forma explícita que un funcionario deba renunciar para participar en política antes de seis meses de los comicios, lo que está en juego es mucho más que una interpretación jurídica: es una cuestión de ética, de moral y de respeto al proceso democrático.
No sólo se trata de Moncada. A ella la acompañan en la fórmula presidencial Eduardo Enrique Reina, actual canciller de la República, y Angélica Álvarez, ministra de Derechos Humanos, inscritos como primer y segunda designada presidencial respectivamente. Ambos también continúan en sus cargos, ignorando abiertamente el llamado reiterado que en un momento hizo la presidenta Xiomara Castro para que los funcionarios con aspiraciones políticas renuncien.
Una orden ignorada
En octubre del año pasado, la presidenta Castro instruyó a sus funcionarios a dejar sus cargos si tenían aspiraciones electorales. La orden fue clara. Y fue reforzada nuevamente en marzo de 2024, cuando la mandataria fijó como fecha límite el 1 de abril para presentar su declaración jurada o su renuncia.
Se intuye que la lógica de la orden es simple: evitar el uso de recursos públicos y la manipulación institucional con fines electorales. Pero la realidad es otra. Las principales figuras del oficialismo, incluida la propia Moncada, siguen firmes en sus sillas de poder.
Cabe recordar que Rixi Moncada renunció como ministra de Finanzas el 1 de enero de 2024 para dedicarse a su precandidatura presidencial. Sin embargo, tras el escándalo del “narcovideo” protagonizado por el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, y la posterior renuncia de José Manuel Zelaya Rosales como titular de Defensa, fue Moncada quien terminó ocupando su lugar en el gabinete, desobedeciendo la misma orden presidencial que ella decía respaldar. La contradicción es evidente. Mientras se exigen reglas a unos, se otorgan excepciones a otros.
Pero ya en este punto, el artículo 240 de la Constitución de la República establece que ningún secretario de Estado puede ser electo como presidente o vicepresidente si ha ejercido su función dentro de los seis meses anteriores a las elecciones generales. Si Moncada y sus compañeros de fórmula no renuncian antes del 30 de mayo, quedarían legalmente inhabilitados.
No obstante, la propia candidata aseguró en marzo que presentaría su renuncia justo seis meses antes de los comicios del 30 de noviembre. Es decir, tendría hasta finales de mayo. Pero el plazo se estrecha, y la falta de acción fortalece la percepción de que se juega al filo de la legalidad y en abierta contradicción con los valores democráticos.
Riesgos para la democracia
La dualidad de funciones que Moncada ha ejercido, tanto ministra de Defensa y candidata presidencial, ha generado críticas constantes desde el mismo momento de su nombramiento de distintos sectores. Organizaciones como la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), que agrupa a 18 entidades de sociedad civil, han exigido su renuncia inmediata para evitar el uso político de las Fuerzas Armadas, quienes históricamente desempeñan un rol crucial en los comicios al custodiar y trasladar el material electoral.
Para muchos analistas, esta situación siembra dudas razonables sobre la imparcialidad del proceso electoral. La actitud del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, ha sido citada como evidencia de la influencia que Moncada podría estar ejerciendo sobre la institución armada. Y con lo ocurrido en las elecciones primarias el 9 de marzo, crecieron las teorías.
¿Fondos públicos en campañas políticas?
Una vez más, la sombra del uso indebido de fondos públicos para fines partidarios se cierne sobre la política hondureña. El Observatorio de la Democracia, que está conformado por más de 20 organizaciones de sociedad civil, en su informe titulado ¿Quién está financiando las campañas políticas en Honduras?, revela que la también exministra de Finanzas habría realizado al menos 43 eventos políticos antes de las elecciones primarias e internas.
Estos actos incluyen 19 eventos pequeños (con unas 25 personas en zonas rurales y urbanas), 21 de mediano alcance (con asistencia de aproximadamente 250 personas) y 3 eventos masivos que congregaron aproximadamente 2,500 personas cada uno.
Uno de los aspectos más cuestionados es el uso de recursos estatales para fines partidarios. Como una muestra el informe señala que el 9.7 % de la pauta en medios alternativos vinculados al poder fue destinada a promover a Moncada, además de hacer uso de medios de comunicación del Estado para exaltar su imagen como candidata, en una clara violación a los principios de equidad electoral.
La práctica de que funcionarios y candidaturas utilicen el erario público para promoverse políticamente no es nueva, pero ante la falta de fiscalización efectiva y de voluntad política para reformas en la Ley Electoral, sigue siendo una deuda pendiente con la democracia hondureña.
Rixi en campaña y en funciones
Al igual que los otros candidatos, Moncada tras elecciones primarias ha seguido en una campaña abierta, aunque no se ha hecho la declaratoria, pero la diferencia de la presidenciable de Libre, con otros candidatos es que ella sigue siendo ministra de Defensa.
Aunque la campaña oficial aún no comienza, la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, continúa realizando una intensa agenda de actividades públicas que analistas consideran “actos políticos disfrazados”, mientras sigue ejerciendo el cargo de ministra de Defensa.
Moncada ha protagonizado una serie de eventos que, aunque presentados como conversatorios o actividades culturales, tienen un evidente tinte proselitista, según varios expertos.
En su página oficial “Rixi Presidenta”, el 4 de mayo se publicó un extenso resumen de su visita al departamento de El Paraíso, donde compartió durante más de seis horas con distintos sectores de la población. “Con oído cercano al pueblo, la próxima presidenta Rixi Moncada, escuchó y dio respuestas a las dudas de los distintos sectores”, se lee en la publicación.
Durante esa jornada, además de sostener encuentros con pobladores, Moncada promocionó el libro El Golpe de Estado 28J, con un discurso encendido: “A este libro sólo pueden tenerle miedo los cobardes, impunes, tiranos, los dizque valientes que hoy huyen porque la justicia está exigiéndole las cuentas”, expresó, en clara alusión a figuras del pasado político reciente.
El día anterior, 3 de mayo, Moncada estuvo en el municipio de Santa Fe, Colón, donde sostuvo un conversatorio con comunidades garífunas. “Estoy comprometida con la defensa del agua, los bienes naturales… y con la identidad y cultura de nuestros pueblos”, declaró. En Copán, visitó a la comunidad indígena Maya Chortí de El Carrizalón, donde participó en actividades tradicionales y promovió su cercanía con las costumbres rurales.
“Compartió tradiciones, anhelos y compromisos de desarrollo para nuestra identidad viva”, relató su equipo de comunicación, en otro mensaje con tono claramente electoral.
Incluso el 1 de mayo, Día del Trabajador, Moncada se apoderó del protagonismo en las marchas sindicales con un mensaje directo: “Los trabajadores son el corazón de Honduras, y debemos proteger sus derechos y su bienestar como nuestro más preciado tesoro”.
En otra actividad más reciente la ministra-candidata, se reunió con representantes de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), donde también aprovechó para recordar el golpe de Estado de 2009.
Políticos siguen buscando la presidencia desde el poder
La socióloga y exrectora universitaria, Julieta Castellanos, cuestionó la permanencia de Rixi Moncada como ministra en el gobierno de Xiomara Castro, al tiempo que desarrolla una precampaña presidencial dentro del partido Libre.
Moncada nunca debió aceptar el cargo de ministra de Defensa por el claro conflicto de intereses éticos que representa. No se puede aspirar a la presidencia mientras se administra un ministerio que maneja recursos y estructura estatal que además tienen un rol exclusivo como las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.
En declaraciones ofrecidas a Proceso Digital, la académica alertó sobre el deterioro democrático que implica permitir que candidaturas operen desde el poder. “Hay muchas alertas encendidas y no se están respetando derechos fundamentales, como el derecho a opinar sin represalias”, dijo. También hizo un llamado a la ciudadanía a exigir condiciones equitativas: No se puede permitir el uso del Estado como plataforma política.
Uno de los puntos más preocupantes, según Castellanos, es la ejecución presupuestaria atípica en ministerios ligados a subsidios sociales durante este año 2025, lo que a su juicio puede reflejar un uso encubierto de fondos públicos para favorecer campañas políticas. Estamos viendo cómo se dispara el gasto en ministerios claves justo en año preelectoral, una práctica repetida, advirtió.
La socióloga concluyó señalando que, si bien el uso de recursos públicos con fines políticos no es un fenómeno nuevo en Honduras, su persistencia bajo el actual gobierno “es una señal clara de que el país no ha avanzado en materia de ética política ni de fortalecimiento institucional”.
El inicio de la campaña electoral para las elecciones generales en Honduras ha dejado al descubierto, una vez más, la debilidad de los principios éticos que deberían regir los procesos democráticos del país, advirtió el analista político Héctor Soto.
Según dijo Soto a Proceso Digital, la línea divisoria entre el partido en el gobierno y el partido en campaña es cada vez más difusa, lo que pone en entredicho la equidad del proceso electoral.
“Al margen de quién gobierna, quien gobernó o quién gobernará, lo cierto es que el partido que está en el poder sigue utilizando el músculo del Estado para garantizar su continuidad en la presidencia”, declaró.
Como ejemplo reciente, el analista mencionó el caso del partido Libertad y Refundación (Libre), donde la candidata presidencial, Rixi Moncada, aún mantiene su cargo dentro del gabinete de gobierno. Aunque Soto aclara que esta situación no representa un conflicto legal, sí cuestiona el plano ético de una campaña conducida desde un cargo público. “En una democracia más cualificada, esas diferencias deberían ser claras. Hoy no lo son”, apuntó.
Soto concluyó señalando que esta práctica no es nueva, pero que su persistencia refleja la falta de voluntad de los actores políticos para fortalecer la institucionalidad electoral del país. “Se ha hecho antes y se sigue haciendo ahora”, sentenció.
Para analistas, este tipo de actividades configuran un uso de recursos y exposición pública con fines políticos, a pesar de no estar autorizada la campaña electoral ni haberse separado de su función como titular de Defensa. No se puede fingir neutralidad institucional mientras se participa activamente en una gira promocional, aunque se le cambie el nombre por conversatorio o visita cultural, coinciden.
El debate está abierto sobre la legalidad y ética de estas acciones. Mientras tanto, Rixi Moncada continúa consolidando su figura como la opción presidencial de Libre, sin renunciar a su cargo ministerial ni esperar el inicio formal de la campaña. LB
