Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La destrucción de decenas de miles de empleos, la ausencia de la misión anticorrupción (CICIH), la falta de un presupuesto general para el país 2025, el fin del tratado de la extradición y una política de confrontación abierta con EEUU al amenazar con cerrar su base militar en Honduras marcan el tercer año se cumple hoy 27 de enero 2025 de la administración de la presidenta Xiomara Castro.
– El fin del tratado de extradición con EEUU en febrero próximo figurará como tema en su cuarto año de gestión.
– La meta de la mandataria y Libre es asegurar otros cuatro años más de poder.
La mandataria hondureña inicia sus últimos 365 días en el mando de la nación con la misión de que cada jornada de trabajo tenga como objetivo lograr que su Partido Libre se quede en el poder otros cuatro años más de cara a las elecciones generales de noviembre próximo, con su virtual candidata Rixi Moncada.
En estos tres años el recorrido de Castro ha pasado de la doble ilusión generada por su triunfo, ya que es la primera mujer que gobierna Honduras y su partido y gobierno el primero de corte socialista que se proclama y a cuya ideología se adhiere abiertamente, a un desánimo en una gran parte del electorado independiente que la apoyó, de acuerdo a encuestas presentadas por centros de investigación.
Pero lo que más ha golpeado a la población en estos tres años de gestión ha sido la destrucción de decenas de miles de empleos, cierre o mudanza de fábricas, sin que hasta el momento el gobierno defina una estrategia para generar puestos de trabajo en la economía formal.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y las principales cámaras empresariales, así como los gremios que aglutinan a los micros y pequeños empresarios han señalado constantemente la pérdida de empleos tanto en el sector formal como informal.
De hecho, el Cohep ha propuesto un Pacto por el Empleo al Poder Ejecutivo, pero no ha habido respuesta de la administración Castro.
El gobierno de Castro y su partido Libre se han centrado en exigir la aprobación de parte del Congreso Nacional de lo que llaman la Ley de Justicia Tributaria, legislación que le permitiría recaudar miles de millones de lempiras, según sus estimaciones.
El gobierno alega que las exoneraciones a ciertos grupos empresariales les impide recaudar más de 60 mil millones de lempiras, por lo que urgen de esa ley, para financiar sus programas sociales o bonos.
Relaciones con EEUU y Trump
Este último año de mandato de la presidenta Castro coincide con un nuevo inquilino en la Casa Blanca, ahora el mandatario estadounidense es Donald Trump, un republicano del ala dura y que en sus primeros siete días al frente del despacho de la Oficina Oval ha provocado olas de temor que llegan a todos los rincones del mundo.
Y justamente la pasión de Trump es el tema de inmigración, algo sensible y estratégico para Honduras teniendo en cuenta los al menos 1.5 millones de inmigrantes hondureños residen en dicha nación.
Los inmigrantes aportan casi 10 mil millones de dólares a la economía nacional, de los cuales unos ocho mil provienen de suelo norteamericano, por lo que su destino también es crucial para el futuro de los hondureños.
De ahí que el proyecto de Trump de deportar unos 10 millones de inmigrantes indocumentados, entre los que estarían cientos de miles de connacionales, tendría un impacto catastrófico en la economía y sociedad del país.
La presidenta Castro reaccionó ante el plan de Trump con una amenaza a Estados Unidos, señalando que sí se concreta la deportación masiva de inmigrantes cerrará la base militar de Palmerola, donde se encuentra la Fuerza de Tarea Bravo del Comando Sur norteamericano, elevando el tono de confrontación con Washington.
Castro y su gobierno de Libre se sienten más cómodos con sus similares de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la región, así como celebrar cualquier triunfo electoral de cualquier candidato etiquetado de progresista y anticonservador, además de los ataques al capitalismo y su versión política del imperialismo.
Pero la situación no queda ahí, ya que la mandataria mantiene su decisión de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, la cual se concretaría a finales del próximo mes de febrero, en pleno mandato de Trump, a pesar de los llamados de sectores políticos opositores, empresarial y de la sociedad civil que revierta la medida.
Castro no ha dado signos de dar marcha atrás y mantiene su posición, lo que es denunciado por la oposición como una medida para proteger a los suyos, luego que un narco video mostrara a su cuñado Carlos Zelaya negociando con los barones de la droga millones de lempiras para financiar la primera campaña presidencial de Libre el 2013.
Cero lucha contra la corrupción y sin CICIH
Al tomar posesión el 27 de enero de 2022 Xiomara Castro se comprometió a instalar una comisión anticorrupción internacional, conocida como CICIH, en los primeros 100 días de gobierno, una de las expectativas de la población de poner fin a la impunidad que cobija a los corruptos del país.
Pero pasaron tres años y muchas conversaciones y negociaciones con las Naciones Unidas, ente que estaría a cargo de organizar y administrar la CICIH, y hasta la fecha no se vislumbra que pueda existir dicho mecanismo anticorrupción el presente año.
Misiones han ido a Nueva York, sede central de las Naciones Unidas, y otras han venido a Honduras, pero el estancamiento se mantiene y el único logró obtenido ha sido prorrogar el memorándum firmado y en la cual las dos partes se comprometen a trabajar para instalar dicho mecanismo.
De hecho, un documento interno del equipo de las Naciones Unidos conocido por la prensa da cuenta que faltan muchas recomendaciones por cumplir de parte del gobierno y el Congreso Nacional a fin que se pueda avanzar en las negociaciones.
Sin presupuesto el 2025
Otro elemento a señalar es que Castro inicia su último año de gobierno sin un presupuesto aprobado, ya que el mismo no ha sido presentado y discutido en el Congreso Nacional.
El gobierno propone un mastodóntico presupuesto de gastos de 430 mil 907 millones de lempiras (17 mil 400 millones de dólares), aunque sin alzas significativas a salud, justo cuando el sistema sanitario presenta graves carencias en la red hospitalaria estatal, pero sí registra alzas a los presupuestos de las secretarías de Defensa, Seguridad y publicidad.
Asimismo, el gobierno se arroga el manejo de la partida para financiar las elecciones primarias de marzo y generales en 2025, cuando a la partida 449, de administración de Casa Presidencial, se destinan los 2 mil millones de lempiras para los comicios electorales, así como el aumento al salario de los docentes.
La oposición parlamentaria reclama que el dinero de los comicios sea trasladado al presupuesto del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el incremento de los maestros a la Secretaría de Educación. (PD)
