Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió hoy que, mientras el Congreso Nacional no ratifique el PCM 03-2025, sobre el estado de excepción, toda detención, allanamiento e intervención realizada por agentes del orden es ilegal y compromete la responsabilidad internacional del Estado, en materia de derechos humanos.
La Institución Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por la publicación, en el Diario Oficial “La Gaceta”, del decreto PCM 03-2025 que prorroga el estado de excepción sin que se haya cumplido uno de los requisitos constitucionales previsto en el artículo 187 constitucional.
La Constitución de la República ordena que el Congreso ratifique, modifique o impruebe el decreto de suspensión de garantías, no sólo como un mero procedimiento legal sino, como una de las formas de garantizar el principio de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado.
Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh explicó que existen contextos que se deben tomar en cuenta, uno que es un año electoral y el mensaje que se envía podría ser el erróneo y, el otro, es que el Congreso Nacional no ha aprobado el decreto de PCM enviado por el Ejecutivo.
Advirtió que, al no ser ratificado, por el Congreso Nacional, todas las intervenciones y actuaciones que hagan los agentes de seguridad, como los allanamientos, resultarían ilegales porque se enmarcarían en un proceso ilegal ya que no se pudo observar el proceso constitucional.
En caso que el Congreso Nacional no apruebe el PCM remitido por el Ejecutivo, la ciudadanía tiene el derecho de interponer un Recurso de Amparo, ante la Sala de lo Constitucional, por violación de derechos humanos, en este caso por allanamientos o detenciones, indicó.
En los considerandos del decreto, encaminado a prorrogar el estado de excepción, se argumenta que hay una reducción en la tasa de homicidios y miles de personas detenidas.
Cáceres considera que, pese a los argumentos, lo importante es determinar cuántas de esas capturas o de esas detenciones han terminado judicializadas y cuántas de esas personas son encontradas responsables por el Poder Judicial. Datos que hasta ahora no se han dado a conocer por parte de las autoridades encargadas de la seguridad en el país
A la fecha, son más de 700 las quejas que registra el Conadeh contra los agentes de seguridad, en el marco del estado de excepción, precisó.
Además, sobre la efectividad del estado de excepción, se deben tomar en cuenta otros factores como el desplazamiento forzado interno por violencia, el reclutamiento forzado de niños y jóvenes.
De acuerdo a las quejas atendidas por el Conadeh, la extorsión es un detonante del desplazamiento forzado de hondureños que cada año va en aumento.
Datos revelados por este ente estatal establecen que, entre el 2016 y el 2023, atendió 865 quejas de personas víctimas de ese delito.
Desde diciembre del 2022 a la fecha, el Gobierno emitió 18 decretos ejecutivos en las que se impone un estado de excepción para hacerle frente a delitos como la extorsión, el asesinato de personas, robos, el tráfico de drogas y secuestros.
El último Decreto Ejecutivo, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, abarca un periodo de 45 días, desde el 5 de enero al 19 de febrero del 2025. La medida gubernamental se ejecuta en 226 municipios de los 18 departamentos del país, sin embargo, el mismo no ha sido ratificado en el Congreso Nacional. IR
