Tegucigalpa, Honduras. Eta e Iota dejó destrucción y corrupción. Bajo la sombra del programa “No están solos” se manejaron fondos que originalmente debían destinarse a las familias afectadas. Pero, una vez más, la ambición política es incompatible con el respeto a la vida.
Esta misma tragedia climática dio origen al proyecto “Viviendas contenedores”, en donde habitaron las anomalías e irregularidades y terminó en una línea de investigación por encontrar indicios de delitos en contra de la administración pública.
Esas tormentas, convertidas luego en huracanes, tuvieron un impacto económico de más de 45 mil millones de lempiras, resume un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y 9.9 millones de personas afectadas, según la Organización Panamericana de la Salud.
Mucha de la ayuda humanitaria nunca llegó a los damnificados, se desviaron fondos aún en medio de una de las tragedias ambientales más grandes de los últimos años en el país, que dejó pérdidas humanas, económicas y de conciencias.
Las emergencias nacionales han servido para servirse. Los escenarios se repiten. La primera quincena de noviembre de 2020, a un año del proceso electoral. Ahora, también a mediados de noviembre de 2024 y exactamente a 12 meses de las elecciones generales.
Cuatro años después de Eta e Iota, el botón de pánico se vuelve a activar, a través de un recurso que tradicionalmente se relaciona con malversación de fondos y el saco de regalos perfectos para una dulce Navidad: las compras directas.
El pasado viernes 15 de noviembre, la presidente de la República, Xiomara Castro, en consejo de secretarios de Estado, mediante el Decreto Ejecutivo Número PCM 35-2024, declaró un Estado de emergencia por un periodo de 30 días en las zonas del territorio nacional calificadas por Copeco y afectadas por la tormenta tropical Sara.
Este decreto dio también vía libre a las temidas compras directas, hermanas sanguíneas de las sobrevaloraciones. De acuerdo a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la contratación directa se define como un procedimiento aplicable en situaciones de emergencia o en las demás situaciones de excepción previstas en el artículo 63 de la Ley de Contratación del Estado.
Igual que en 2020, hay solidaridad de gobiernos y cooperantes, cuyas ayudas se materializan en fondos.
Así como hace cuatro años, los políticos emiten comunicados y postean cada dos horas en lo que, más que solidaridad, parece proselitismo barato activado desde el celular.
Aún entre las similitudes, esta puede ser la oportunidad de oro para el gobierno de la presidente Xiomara Castro, del buen y transparente manejo de los fondos y las gestiones de contención dependerá la percepción, simpatía y continuidad de su proyecto político.
Tienen el mal ejemplo del gobierno anterior, que no respetó ni una pandemia mundial ni el desastre ocasionado por los huracanes y siguió enriqueciendo a los que estaban en el poder a costa de la vida de muchos compatriotas.
Lamentablemente, las alertas no solo son por las lluvias, sino también por la corrupción que -igualmente- nos inunda, nos deja vulnerables, sin comida y sin hogar.
Háganle honor a ese mandato que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, que tiene el deber de proteger su vida e integridad física.
Hagan bien las cosas, manejen la tragedia con dignidad y transparencia. Reescriban la historia de gobiernos corruptos que ponen una estocada en la esperanza de las familias. Gestionen por levantar el país y procurar la calma después de estas tormentas.
La devastación es tan visible que no habrá alocución a ninguna ceguera que valga, pues no hay peor gobierno que el que no quiere ver.
¡Háganlo! De lo contrario, les tocará evacuar de la Casa Presidencial, porque si actúan como los gobernantes anteriores, la refundación no se heredará.
