Tegucigalpa (Especiales Proceso Digital/Por Verónica Castro) – “En Honduras somos un montón de mujeres que vamos padeciendo en la cadena y que lastimosamente, estamos viviendo violencia política de género”, denunció la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien desde que fue electa para presidir este ente electoral, ha visto un espiral de ataque en su contra, algo que confesó no es una novedad, pero que está vez está llegando hasta su hija, una menor de edad.
-Cossete López, Fátima Mena, Beatriz Valle, Lissi Cano, María Antonieta Mejía, Melbi Ortiz, Ligia Ramos, Iroska Elvir, Suyapa Figueroa, Maribel Espinoza y Carolina Echeverría (QDDG) son algunos de los casos de violencia política de género más sonados en el país.
-Además de las sanciones administrativas para los infractores de violencia política contra la mujer, las proyectistas de la ley contra la violencia política buscan que la sanción vaya hasta la inhabilitación.
López denunció que este exceso de intimidación, que incluye un video, fotografías y presencia de la Guardia de Honor Presidencial con perros antidroga en el CNE y sin previo aviso, ocurre en un contexto que describe como un preocupante clima de violencia política, similar a lo que vivió la consejera Ana Paola Hall, y externó su preocupación de que los ataques se manejan desde una Secretaría de Estado.
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“No entiendo por qué siempre a las mujeres nos atacan de esa manera, qué es realmente lamentable. No puedo decir que no tengo la coraza para enfrentarlo, porque si la tengo”, aseveró.
Además, recriminó la doble moral. “Esto no puede ser un asunto de que solo cuando la mujer violentada es mi amiga entonces si es delito, pero si no, no lo es”.
Pasa igual con la democracia, agregó la consejera del CNE, “solo es democracia cuando me favorece a mí, sino será fraude, que es lo que pasa, es el discurso político enajenado, casi a nivel de psicopatía”.
Destaca asimismo, entre los ataques políticos recientes, el cruce entre el ministro de Planificación, Ricardo Salgado y la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, en torno a la condena por el asesinato del líder ambientalista Juan López.
Al funcionario no le gustó la crítica de la diputada, quien reaccionó a una publicación donde éste demanda el pronto esclarecimiento de un crimen ocurrido el fin de semana. “Este gobierno le ha fallado a la lucha social y a los ambientalistas”, escribió Ramos.
El ministro Salgado recurrió a la descalificación cuando calificó a la diputada de “alguien irrelevante” y “algo tan minúsculo”, mientras que ella le tildó de pseudolíder de izquierda, y lo mandó a enfocase en hacer mejor su gestión como ministro que para eso le paga el pueblo hondureño.
¿Por ser mujer no puede optar a un cargo?
Otro reciente caso de violencia política de género lo vivió la ahora presidenta del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, justamente cuando compitió para ese cargo.
En julio pasado, cuando el PSH eligió al reemplazo de Salvador Nasralla, Mena fue víctima de machismo y discriminación de parte de uno sus compañeros; el diputado suplente Mauricio Castellanos, quien argumentó que la abogada no podía ser considerada para ser presidenta del partido justamente por su condición de mujer, aduciendo que si el cargo lo había ocupado un hombre, otro hombre tenía que ocupar el puesto.
Mena confió a Proceso Digital que encontró respaldo en sus compañeros, primero en las delegadas, quienes se opusieron al argumento “absurdo” de Castellanos. Luego los delegados también se sumaron al rechazo y finalmente fue elegida como presidenta del PSH.
Por su parte, la diputada Johana Bermúdez relató a Proceso Digital que no es fácil que cuando la mujer sale a la luz pública, “qué no le inventan a una, a mí me han dicho lo que ni en mi peor pesadilla me he imaginado”.
La parlamentaria afrodescendiente considera que en esta etapa del Congreso Nacional han bajado los ataques, pero refiere que al inicio de esta legislatura, al estar en una bancada opositora y siendo una de las voceras de su partido sufrió discriminación y atropellos.
“Al inicio hubo un video que lo pasaban por Canal 20, y se referían a mí por una opinión que yo había dado y era un opinión que fomentaba la división, y que la gente del Congreso lo que hacía era exponerme más”, recordó.
Mucha gente dice que somos sensibles y que nos salgamos, pero reflexionó que “si no hay mujeres en la política, no hay un rostro social”.
Las amenazas a muerte contra Beatriz Valle
Durante esta administración, la entonces diputada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Beatriz Valle, también fue objeto de constantes ataques, e incluso de denuncias a muerte en su contra solo por tener posturas políticas contrarias a la dirección de su agrupación política.
En su momento, Valle denunció que las amenazas, que también llegaron hasta su hija, eran preocupantes. “En Honduras uno se siente completamente indefenso. No se pueden defender solo los derechos de quienes piensan como nosotros, eso es fácil”, denunció.
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Los casos de ataques a las mujeres que participan en políticas son varios. En 2023, las diputadas Lissi Cano, Merary Díaz y María Antonieta Mejía presentaron querellas por presunta difamación y calumnias en contra de los parlamentarios oficialistas Bartolo Fuentes y Fabricio Sandoval.
En febrero de 2022, la diputada Melbi Ortiz se presentó a la Fiscalía de la Mujer en el Ministerio Público, para interponer denuncia en contra del diputado Bartolo Fuentes por agresiones verbales en su contra. En agosto del año pasado se le dictó formal procesamiento y la causa continúa en los tribunales de la República. Ambos legisladores son del partido Libre.
Recientemente, a la diputada del PSH, Iroska Elvir se le prohibió ingresar una cartulina donde ella expresaba su apoyo al Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos. El incidente llegó al punto de empujones de parte de dos guardias del Poder Legislativo y el diputado suplente de Elvir, Josué Colindres.
Las diputadas Maribel Espinoza y Suyapa Figueroa también han sido arrastradas por la violencia política. Las redes sociales son una muestra del ataque que reciben de manera constante por sus posiciones políticas.
La defensora de derechos de la mujer, Honorina Rodríguez, señaló durante una entrevista a Proceso Digital que la violencia política ha llegado al extremo de muertes, como el caso de Carolina Echeverría, quien fue asesinada previo a un proceso electoral en el que ella participaba como candidata a diputada.
“Hay otros casos que tienen que ver con agresiones, chantajes, se da de diversas formas”, detalló Rodríguez al señalar que también es violencia política cuando las mujeres organizan eventos, pero no son las que llevan la voz durante el desarrollo de estos.
Una legislación especial
La diputada Fátima Mena, quien junto Bermúdez, impulsa la “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres”, lamentó que en la actualidad, los espacios públicos e incluso, a lo interno de los institutos políticos son escenario de la violencia.
La propuesta para la mencionada ley busca, en este su cuarto intento para su aprobación, marcar un precedente en el país y darle a quienes constituyen la mayor población nacional, una vida libre de violencia.
El CNE señaló que en las próximas elecciones la mayoría de votantes son mujeres con el 53 % del registro electoral.
La propuesta que fue consensuada con el CNE y que ya cuenta con su respectivo dictamen, define seis tipos de violencia política: física, sexual, psicológica, económica, mediática y simbólica.
Asimismo enumera las sanciones que aplicará el CNE a los autores o partícipes de violencia política, y que establece que según la gravedad puede ser una amonestación escrita, pública o ambas el retiro de los mensajes que menoscaben los derechos políticos de las mujeres, la aclaración o disculpa pública de hechos falsos difundidos sobre la mujer y la multa según la gravedad de la conducta.
La diputada Bermúdez refirió que también luchan por incluir la inhabilitación. “Sabemos que si la violencia atenta contra la vida, contra la dignidad de la persona, de la mujer y la mujer considera que una sanción administrativa no es lo que representa la falta de quien comete el delito, se puede pasar al Ministerio Público para actuar de oficio”, refirió.
Ambiente tenso permanente
Tras 69 años desde que las hondureñas tienen voz y voto en la vida política del país, la lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer sigue yendo cuesta arriba.
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Si bien, las mujeres constituyen el 53.3 % de la población total, según la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2022 del Instituto Nacional de Población (INE), lo que en términos absolutos representa 5 millones 112 mil 114 personas, la representación femenina en los cargos públicos sigue siendo baja.
“Si solo tenemos 20 alcaldesas en funciones, cuando en Honduras existen 298 municipios, es porque la violencia política ha dejado fuera de los procesos electorales a mujeres en muchas comunidades”, dijo a Proceso Digital, Iris Amador, del Consorcio de Mujeres Unidas por Honduras (Comunh).
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A nivel de las Secretarías de Estado, de un total de 30, 10 tienen como titular a una mujer; en tanto en el Legislativo, las mujeres obtuvieron en los comicios del 2021, 35 de un total de 128 diputaciones.
Obtener esta cuota tuvo un costo. Un estudio del Observatorio Nacional de la Violencia indica que de los 21 casos de violencia política registrados contra mujeres el período electoral pasado, el 57.1 % fueron agresiones físicas, verbales o psicológicas.
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Con estadísticas como las anteriores, la representante residente de las Naciones Unidas, Alice Shackelford, ha urgido la aprobación de la normativa que prevenga esta violencia.
“La violencia política hacia mujeres es una realidad e impacta directamente el derecho a la participación política. Urge la aprobación de la Ley Contra la Violencia Política Hacia las Mujeres, presentada por la Comisión de Equidad y Género”, señaló Shackelford en su cuenta en la red social X.
Más de una década de intentos
Mena recordó que la lucha por tener una legislación contra la violencia política tiene más de una década en el país. “Cuando llegué al Congreso Nacional, ya doña Doris Gutiérrez -la actual Designada Presidencial- la había presentado en 2010”, dijo.
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Para el 2014, hubo un segundo intento, está vez además de Gutiérrez, se sumaron Mena y la diputada liberal, Yadira Bendaña, donde una de las condiciones que le ponían a la comisión es que iban a hacer una ley declarativa, pero sin sanciones. “Entonces qué objetivo tiene una ley que no tenga sanciones”, cuestionó Mena.
Posteriormente, en el periodo 2018-2022, se presenta una nueva propuesta bajo el nombre “Ley Integral Contra las Violencias hacia las Mujeres”, esta vez de la mano de la diputada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Scherly Arriega y Johana Bermúdez, con la misma suerte de las anteriores.
En el actual Congreso, la propuesta de Ley fue presentada por Mena y Bermúdez, “podemos ver que no es un tema de bandera de un partido, es una realidad que vivimos las mujeres que estamos en política”, destacó.
Una oportunidad para Honduras
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, destacó el papel relevante de la mujer en el desarrollo del país y la importancia de que cuente con las herramientas, el apoyo y la libertad para liderar.
“No es coincidencia que las economías más exitosas sean aquellas donde las mujeres están plenamente integradas en el mercado laboral y ocupan posiciones de liderazgo”, dijo en el marco del foro “Mujeres Liderando el Sector Empresarial en Centroamérica”.
Con la ey para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, Honduras tiene la oportunidad de fortalecer su marco legal y contribuir al establecimiento de un entorno político seguro y libre de violencia para las mujeres, en sintonía con los avances de otros países de Latinoamérica.
En 2012, Bolivia se convirtió en pionero al aprobar una de las primeras leyes en el mundo relacionada con la violencia y el acoso político hacia las mujeres.
Asimismo, otros países latinoamericanos, como Argentina, Perú, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay, han reconocido la importancia de abordar la violencia política contra las mujeres mediante la inclusión de disposiciones específicas en sus leyes sobre violencia de género.
Durante su reciente visita al país, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet abogó por un mayor protagonismo de las mujeres en la vida política y social.
Para la vicepresidenta del Club de Madrid, una organización de expresidentes y ex primeros ministros que lucha por garantizar la democracia y los derechos humanos en todo el mundo, las mujeres pueden hacer una diferencia y contribuir al desarrollo de su país.
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Bachelet expresó que “es clave terminar con la violencia política, que es algo que discrimina, invisibiliza”.VC
