Tegucigalpa – Mientras afloran serias denuncias en contra de las más altas esferas del Poder Judicial, desde esa máxima autoridad se desprenden algunas acciones como la intervención de varios tribunales en el Caribe de Honduras.
– “Alcantarilla judicial queda al descubierto una vez más, en este país”, expresó la directora del CNA, Gabriela Castellanos.
Apenas han transcurrido un par de días desde que se develó la fuerte denuncia de un juez que fungía como coordinador de los Tribunales del Circuito en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, quien hace unos meses fue nombrado en el cargo por la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.
El juez Marco Antonio Vallecillo, con fuertes vínculos al partido en el poder y personajes políticos del departamento de Olancho, fue acusado por el Ministerio Público en un caso de extorsión y con tres millones de lempiras que estaba recibiendo por parte de señalados en un caso penal.
Desde que se produjo su captura, el joven juez, de 34 años, negó las acusaciones y pidió que sus audiencias fueran públicas para develar algunas interioridades de los hechos que hoy lo tienen con detención judicial tras comparecer en la audiencia de imputados.
El imputado negó los señalamientos y la existencia de los millones de lempiras, además pidió audiencia pública con toda la prensa para conocer lo que se ventilaría en la cita judicial.
La acusación contra Vallecillo fue hecha por el propio Fiscal General Johel Zelaya, quien afirmó que el juez utilizaba su nombre para extorsionar.
“He ordenado por medio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la aprehensión de un juez de Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, quien utilizaba mi nombre y de fiscales de la UFERCO para extorsionar a investigados por delitos de corrupción, ofreciéndoles cierres administrativos o, en su caso, sobreseimientos en sus causas”, escribió el Fiscal General en su red social X desconociendo que sólo un juez puede ordenar las capturas.
Luego, remató: «Vamos a evidenciar lo que siempre hemos dicho: que hay jueces corruptos indignos de llamarse jueces. Vamos a desenmarañar a más servidores del Poder Judicial”.
Al sonado caso de corrupción judicial se sumaron las declaraciones del presidenciable Jorge Cálix, quien pidió investigar a fondo para quién iban dirigidos los tres millones de lempiras y qué otras altas autoridades estaban involucradas en el suceso.
Fue así que la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, salió al paso con una conferencia de prensa en la que apenas fue acompañada por los magistrados Mario Díaz y Rubenia Galeano.
En su comparecencia la jefa del Supremo se vio obligada a salir ante la prensa al ser mencionada como la presunta alta funcionaria, cuyo consorte era el destinatario de una millonaria coima por vender indulgencias a un acusado de corrupción.
“Para nosotros como jueces supremos del Poder Judicial esto es un fuerte golpe que hemos recibido, definitivamente algo que no esperábamos”, enfatizó.
“Comprenderán que es muy difícil limpiar la casa completamente, sin embargo quiero decirles que sólo este año se han enviado 11 denuncias al Ministerio Público para que se hagan las investigaciones correspondientes”, declaró en la conferencia de prensa del pasado lunes.
Visiblemente nerviosa, la titular de la CSJ pidió a la Fiscalía llegar hasta las últimas consecuencias en este caso específico y otros que les han sido remitidos. Valoró que es casi imposible conocer la vida de los más de 900 jueces que componen el Poder Judicial.
Casi al tenor de las declaraciones de Rebeca Ráquel Obando, el juez imputado negaba las versiones que involucraban a la magistrada presidenta de la CSJ. Vallecillo se presentó a una audiencia de prueba anticipada para el testigo protegido del Ministerio Público, pero no se le permitió estar presente y fue sacado del recinto judicial.
En su condición de violentado en sus derechos, el juez denunció que le borraron evidencia de su teléfono y se proclamó un perseguido por involucrar a un alto funcionario.
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Manipulación de expedientes
El precandidato presidencial lliberal, Jorge Cálix, denunció que hay una manipulación de expedientes en el Poder Judicial y denunció que el hijo y el yerno de la titular de dicho poder, Rebeca Ráquel Obando, ingresan a los plenos de la Corte Suprema de Justicia, junto a los 14 magistrados restantes.
El presidenciable por el partido Liberal indicó que como ciudadano “me preocupa la corrupción en el Poder Judicial”, detallando incluso que es peor que administraciones pasadas, justo cuando se criticó la gestión del expresidente Juan Orlando Hernández y del partido Nacional de la gestión de la justicia.
Insistió que el juez Vallecillo denunció que en su teléfono celular tenía pruebas y que se las están borrando, interrogándose cómo ha sido el manejo de la cadena de custodia de las pruebas.
Indicó que el problema es que la familia presidencial está involucrada en el manejo de la justicia, iniciando con la designación de la cabeza del Poder Judicial, detallando vínculos familiares.
“El familión está metido en resolver los problemas del familión” en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), afirmó Cálix, haciendo referencia al término familión con el que se designa los cargos públicos que desempeñan la familia presidencial, la mandataria Xiomara Castro y su esposo y asesor presidencial Manuel Zelaya, así como sus hijos.
Cálix señaló que otro de los problemas en la justicia son los nombramientos de jueces y otros cargos sin concurso, lo que hace que muchas personas lleguen a los mismos sin la experiencia y preparación que se requieren.
Indicó que actualmente Ráquel Obando está tomando decisiones de nombramiento sin consultar al resto de los 14 magistrados de la CSJ que conforman la máxima instancia del Poder Judicial, amparándose en un artículo transitorio cuando se eliminó el Consejo de la Judicatura.
El que respinga…
Jorge Cálix citó que él denunció el involucramiento de un alto funcionario en el caso del juez Marco Antonio Vallecillo, a lo que la titular de la CSJ sale a aclarar cosas, entonces “macho que respinga, chimadura tiene”.
Aseveró que Ráquel Obando no está capacitada para dirigir el Poder Judicial, “su único mérito es ser parte del familión y es familia de la presidenta Castro, están emparentados, son familia. Ella se graduó en el 2004, el resto de los compañeros de su edad estudiaron en la universidad en los ochenta, tienen más de 20 años de experiencia que ella”.
Insistió que no tiene los méritos profesionales, además su anterior trabajo fue como corredora de seguros. “Se cumplen los requisitos para hacerle un juicio político, está muy comprometida, ahí tiene un montón de familiares, hay expedientes perdidos de sus yernos acusados por lavado de activos”, señaló.
Entre esos parientes mencionó a Guillermo Noriega (Expediente SCO-0178-2023), así como otros de Ramón Matta Waldurraga. “Existe conflictos de intereses, los expedientes están perdidos, y dicen que los están reconstruyendo sin la participación del Ministerio Público”, refirió el abogado Cálix.
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Intervención de tribunales
Luego del cisma que sufre el Poder Judicial, la Supervisión General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mandó un equipo para intervenir los tribunales en el municipio de Trujillo y otros en el departamento de Islas de la Bahía.
La supervisora general de la CSJ, Sandra Rodríguez, comentó que ha recibido un número considerable de denuncias sobre actuaciones de jueces de Letras y de sentencias al momento de conocer causas penales que deberían ser investigadas.
“Se ha desplazado equipo de la Supervisión General para garantizar que la administración de justicia sea con el respeto al debido proceso”, dijo la abogada Sandra Rodríguez.
Advirtió que de encontrar mérito de irregularidades de los jueces o cualquier funcionario judicial serán remitidos al proceso disciplinario, o de ser necesario, al Ministerio Público.
“Hay un número considerable de supuestos abusos de autoridad, faltas al debido proceso y retardos en la administración de la justicia”, detalló.
Consultada por el proceso de intervención en el circuito en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción; contestó que hay un equipo que se instaló el día anterior para establecer algunos parámetros, directrices y evitar cualquier conflicto que puede interpretarse como una afectación a la independencia judicial.
Por otro lado, confirmó que ha recibido 10 denuncias a través de la línea telefónica habilitada por la CSJ sobre que personas residen en lugares ajenos a las cabeceras departamentales han manifestado irregularidades y comisión de faltas.
Conadeh pide medidas de protección
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) instó hoy a las autoridades hondureñas medidas de protección para el juez Marco Antonio Vallecillo y demás miembros de su familia, para garantizar su integridad física y su vida.
Ricardo López, Delegado Adjunto Primero del Conadeh, declaró que el Estado hondureño está en la obligación de garantizar la integridad física y la vida de cualquier ciudadano y de todos los pobladores de Honduras.
Explicó que se le está dando acompañamiento al proceso penal y nos hemos dirigido al Instituto Nacional Penitenciario, así como al Poder Judicial, en las próximas horas, a efecto que se garantice la vida y la integridad física del juez y su familia.
Agregó que, la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre giró instrucciones para que se le de acompañamiento al proceso y se realicen las diligencias correspondientes en torno a la situación generada luego de la captura del juez, el pasado domingo.
A través de un comunicado, el Conadeh exhortó al Poder Judicial a efectuar un juicio imparcial, y ajustarse al Principio de Transparencia y Publicidad, considerando que la causa es de alto impacto e interés nacional, reiteró López.
El juez Vallecillo comparece a la audiencia inicial el próximo viernes a las 9.00 de la mañana. PD
