Quito.– Un allanamiento de la Fiscalía General de Ecuador a los despachos de dos juezas de la Corte Nacional de Justicia (CNJ, suprema) encaró a las dos entidades, que han defendido su actuación en medio de investigaciones de supuesta corrupción en el propio sistema de administración de la ley.
La Fiscalía, en un comunicado difundido este sábado, justificó los allanamientos efectuados el viernes y dijo que ese tipo de «actuaciones autónomas y objetivas» representan un «elemento fundamental para los controles mutuos» y la independencia de cada una de las instituciones.
La Fiscalía informó anoche que allanó «un domicilio y las oficinas de dos juezas de la Corte Nacional», quienes habrían aceptado un recurso de hábeas corpus en favor de Wilman Terán, exjuez y expresidente del Consejo de la Judicatura, vinculado a un sonado caso de corrupción en la justicia.
Según el Ministerio Público, esas juezas «habrían favorecido a Wilman T., procesado en el caso Metástasis, con una acción constitucional para su traslado» a la llamada «cárcel 4» de Quito desde otra prisión de máxima seguridad en la ciudad portuaria de Guayaquil.
La Fiscalía recordó este sábado que es la entidad titular de la acción penal pública y que sus investigaciones se efectúan «sobre la base de indicios fundados de la comisión de actos delictivos».
Aclaró, también, que sus allanamientos se amparan en la autorización dada por un juez competente tras verificar «la pertinencia, necesidad y legalidad de dicho acto», según lo establece la normativa interna.
Los allanamientos ejecutados han permitido «la obtención y preservación de información» y también la posibilidad de su eventual «destrucción», añadió la Fiscalía y recordó las denuncias sobre un «evidente estado de descomposición institucional provocado por grandes redes de corrupción a todos los niveles y poderes del Estado».
Se refirió a los casos identificados como «Metástasis, Purga y Plaga», sobre supuesta corrupción en diferentes esferas del Estado, y en los cuales ha identificado aparentes «mecanismos complejos y tecnificados» elaborados por grupos de poder al margen de la ley, «cuyo principal aliado ha sido el Sistema de Justicia del país».
Por ello, la Fiscalía «implementa las acciones investigativas más técnicas y eficientes a fin de procurar que dichos mecanismos no evadan la acción de la justicia e impedir la continua comisión de delitos en desmedro del Estado de Derecho», agregó el Ministerio Público.
De su lado, la Corte Nacional de Justicia, en un comunicado «al país», aseguró que «la independencia y la integridad judicial» son pilares fundamentales del Estado de Derecho.
«Por el bien de la administración de justicia, es imperativo que se respeten las competencias y las decisiones de los jueces y juezas, pues no hacerlo implicaría una vulneración al libre ejercicio de la magistratura», agregó.
Ante los allanamiento ejecutados por la Fiscalía y la Policía en la sede de la Corte, «pedimos que se respete, en todo momento, el debido proceso como garantía del derecho a la defensa y la observancia de la presunción de inocencia, así como la independencia judicial», precisó la CNJ en el mensaje suscrito por su presidente en funciones, José Suing.
El allanamiento fiscal a la CNJ se dio en un momento en que uno de los principales involucrados en el caso Metástasis, Wilman Terán, obtuviera el fallo favorable de una jueza a una acción de hábeas corpus para que sea traslado de la prisión de máxima seguridad «La Roca», en la ciudad portuaria de Guayaquil, a la «Cárcel 4» de Quito, considerada de mínima seguridad.
Terán, un exjuez y expresidente del Consejo de la Judicatura, al defenderse recientemente en un juicio político de censura en el Parlamento, criticó duramente a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y calificó su vinculación al caso Metástasis como una persecución en su contra.
Salazar, no obstante, ha señalado que la Fiscalía no persigue a personas sino a los delitos, y ha justificado las acciones contra Terán y otros personajes en el país.
El caso Metástasis -por el que ya han sido condenadas 12 personas por procedimiento abreviado- se descubrió a partir del análisis de las comunicaciones telefónicas del narcotraficante ecuatoriano Leandro ‘El Patrón’ Norero, asesinado en prisión en 2022.
También a partir del caso Metástasis se derivó el caso Purga, donde actualmente hay una docena de imputados por una presunta trama de corrupción judicial en el seno de la Corte de Justicia de la provincia costera de Guayas. EFE/ir
