Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) detalló hoy una serie de preocupaciones por la instalación de una cárcel en las Islas del Cisne, especialmente las vinculadas con la accesibilidad de los familiares para efectuar las visitas a los privados de libertad, así como, de los jueces ejecutores y, en general, el impedimento para el ejercicio de los derechos vinculados al debido proceso.
El ente estatal fue enfático al señalar que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) o la Junta Interventora debe identificar e informar qué medios o mecanismos utilizará para garantizar el acceso al defensor privado y el acceso a las instituciones fiscalizadoras como el Conadeh y el MNP-CONAPREV para verificar las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad, en las Islas del Cisne
El organismo defensor del pueblo exhortó a la Junta Interventora a tener una mayor divulgación y que el pueblo conozco más sobre el proceso o modalidad de contratación que se realizará para instalar el centro penitenciario en las Islas del Cisne.
Además, que, conforme a la ley, garantice que las actuaciones a realizar en el proceso de licitación, adjudicación y contratación para la construcción del establecimiento penitenciario sean transparentes.
Reiteró su llamado al INP para que adopte con seriedad y responsabilidad las recomendaciones planteadas en sus informes anuales de 2022 y 2023 consistente en diseñar un plan de trabajo interinstitucional con la participación del Conadeh y el MNP-CONAPREV destinado a recuperar el control interno de los centros penitenciarios.
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Cronología de la crisis penitenciaria
El 10 de agosto de 2022, el gobierno de Honduras a través del Decreto Ejecutivo PCM 03-2022, declaró estado de emergencia en el Sistema Penitenciario Nacional con el objetivo inmediato de “desmilitarizarlo, reformarlo y modernizarlo de manera gradual y progresiva, garantizando el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad….
El 24 de abril de 2023, a través del Decreto Ejecutivo No. PCM 16-2023, se incluyó una reforma por adición la cual señala que la Comisión Interventora estaría integrada por una Comisionada Presidenta y dos adjuntos, la cual entraría en funcionamiento bajo la dirección de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.
El 20 de junio de 2023, se reportó el fallecimiento de 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social.
El 21 de junio de 2023, el Gobierno informó que las nuevas medidas serían – entre otras- la supresión de la Junta Interventora dirigida por Villanueva. Además, se determinó militarizar los centros penales del país a través de la Policía Militar del Orden Público por el periodo de un año.
Se instruyó a las Fuerzas Armadas habilitar las Islas del Cisne como granja penal para “el traslado de los cabecillas de las organizaciones criminales, considerados de alta peligrosidad, que estén detenidos en las cárceles o que sean identificados, capturados y procesados”.
El 24 de junio de 2023, el Conadeh emitió la Alerta Temprana No. 004-23 sobre el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad bajo su custodia y la necesaria implementación de protocolos de emergencia, protección y prevención en los centros penitenciarios a nivel nacional.
El 29 de noviembre de 2023, la Subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, a través de un medio de televisión nacional reveló información respecto de la muerte violenta de las 46 mujeres en la PNFAS. De acuerdo con su versión de los hechos, los casquillos percutidos y encontrados en la escena del crimen coinciden con la munición asignada a agentes policiales.
El 18 de enero de 2024, el titular de la Secretaría de Recurso Naturales y Ambiente (SERNA), Lucky Medina, a través de un foro de televisión nacional, indicó que cumpliría con la medida relacionada con la construcción de un centro penal en las Islas del Cisne como “una medida de seguridad para la población hondureña” para recluir personas vinculadas al crimen organizado.
El 22 de enero de 2024, el Colegio de Biólogos de Honduras emitió un pronunciamiento público respecto de la construcción del centro penitenciario en las Islas del Cisne reconociendo que: “[…] la edificación, instalación y operación de dicho centro penal generarán impactos ambientales y socioeconómicos negativos significativos”.
El 20 de febrero de 2024, la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresó su “preocupación por la decisión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de construir una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, además de impactar gravemente sobre el medio ambiente […] contradice abiertamente los estándares internacionales en materia penitenciara.
En abril de 2024, la CIDH emitió su informe “Situación de los Derechos Humanos en Honduras” en el cual señaló que, “ la construcción de nuevas cárceles no constituye una solución idónea a los problemas del sistema penitenciario hondureño ni representa una solución sostenible en el tiempo…
El 14 de junio de 2024, el Pleno del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en cadena nacional de radio y televisión, anunció una serie de “acciones radicales del Plan de Solución Contra el Crimen”, dentro de las cuales destaca la construcción de un centro de reclusión de emergencia para 20,000.00 personas entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.
El CNDS determinó que “Islas del Cisne: Contando con la respectiva licencia de impacto ambiental, la Junta Interventora del Sistema Nacional Penitenciario, deberá iniciar en un plazo máximo de 2 semanas, el proceso de licitación, adjudicación y construcción de este centro de reclusión penitenciario […]”. JS
