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Índice de Democracia y Estado de Derecho siguen aplazando a Honduras

Tegucigalpa (Proceso Digital) – La democracia en Honduras sigue cojeando y así lo reflejan los dos últimos índices globales difundidos en las últimas semanas, uno de ellos es el Índice de la Democracia que realiza la Unidad de Inteligencia del influyente medio The Economist, y el otro es el Índice de Estado de Derecho que efectúa la organización World Justice Project, y en ambos, los puntajes del país son bajos y preocupantes.

La falta de un fiscal general y su adjunto en propiedad, electos por mayoría calificada en el Congreso Nacional sigue siendo una deuda de enorme peso para la institucionalidad.

Las decisiones asumidas por la presidenta del Poder Judicial en relación con romper el derecho consuetudinario que indica el respecto en el orden de precedencia en la presidencia de la Sala Constitucional y coordinaciones del resto de las salas agregan mayor inseguridad e incertidumbre democrática y jurídica.

Los reiterados aplazamientos en la elección de magistrados al Tribunal Superior de Cuentas, Política Limpia y Justicia Electoral son otras deudas que generan debilitamiento institucional.

Los indicadores, que son rutas que pueden permitir a los gobiernos enderezar el rumbo y efectuar los cambios oportunos para evitar seguir cayendo en las honduras, sincroniza con lo expuesto por el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, que ubica al país entre los cuatro países menos transparentes de América Latina y el segundo más corrupto de Centroamérica, después de Nicaragua.

Cada uno de estos informes tiene su propia metodología e indicadores, pero en términos generales valoran la situación de la democracia, la seguridad jurídica, el rol de la justicia, y los diversos componentes del Estado de Derecho.

En el Índice de la Democracia 2023 de The Economist, éste evalúa a 167 países y los clasifica dentro de cuatro categorías: democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios, colocando así una amplia perspectiva sobre los desafíos y retrocesos que enfrenta la democracia en países y contextos como el hondureño, por ejemplo.

El índice mide 60 indicadores distribuidos en cinco categorías. Proceso Electoral y Pluralismo, Libertades Civiles, Funcionamiento del Gobierno, Participación Política y Cultura Política, a fin de identificar las fortalezas y debilidades de los países y permite, a su vez, ofrecer miradas a los países para identificar estrategias que permitan mejorar y fortalecer la salud de las democracias regionales.

El Índice de la Democracia advierte del retroceso democrático en Honduras, pero también del resto de Centroamérica, con la excepción de Costa Rica.

Caída de 4 puntos en Índice de Democracia

En el caso de Honduras, en una puntuación de 1 a 10, el Índice de la Democracia otorga al país de 4.98, lo ubica en la posición 95, y afirma que el país sigue en retroceso al caer 4 puntos en función al año 2022.

En materia de Proceso Electoral y Pluralismo, el Índice de la Democracia otorga a este país una medición de 8.75, en Funcionamiento del Gobierno: 3.93; en Participación Política 4.44; Cultura Política: 2.50 y en Libertades Civiles: 5.29.

Estos puntajes hacen que Honduras siga siendo calificada en la categoría de Regímenes Híbridos, que, en cualquier momento, puede avanzar hacia la categoría de Regímenes Autoritarios. El Índice de la Democracia advierte del retroceso democrático en Honduras, pero también del resto de Centroamérica, con la excepción de Costa Rica.

Señala que Centroamérica es una de las subregiones menos democráticas, siendo Nicaragua el país más autoritario, en tanto advierte que la caída del índice regional centroamericano con un puntaje promedio de 5.27, fue impulsado por retrocesos democráticos en países como El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala.

En tanto, el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), por sus siglas en inglés, en la medición de 0 a 1, Honduras sale con una calificación global de 0.41, puntaje que sacó también en el 2022, es decir, estamos estancados.

En la categoría Ausencia de la Corrupción, el país sacó un puntaje de 0.32.

La justicia y el Estado de Derecho, también vapuleados

El ranking de WPJ abarcó a 142 países y las categorías analizadas fueron: Restricciones a los Poderes Gubernamentales; Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, Justicia Penal.

En todas estas categorías los puntajes de 0 a 1, son bajos para Honduras. En Restricciones a los Poderes Gubernamentales, el puntaje otorgado fue de 0.32. Aquí se mide hasta qué punto quienes gobiernan están sujetos a la ley, comprende medios constitucionales como institucionales, entre otras valoraciones.

En la categoría Ausencia de la Corrupción, el país sacó un puntaje de 0.32. Aquí se consideran tres factores: soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados, y malversación de fondos públicos u otros recursos. Estas tres formas de corrupción se examinan con respecto a los funcionarios gubernamentales en el poder ejecutivo, el judicial, el ejército, la policía y el poder legislativo.

En la medición de Gobierno Abierto, el puntaje obtenido fue de 0.45 y mide la apertura del gobierno definida por el grado en que comparte información, empodera a las personas con herramientas para responsabilizar al gobierno y fomenta la participación ciudadana en las deliberaciones de políticas públicas. Este factor mide si se publicitan las leyes básicas, la información sobre derechos legales y evalúa la calidad de la información publicada por el gobierno.

Los Derechos Fundamentales, en esta categoría, la evaluación obtenida fue de 0.45, y reconoce que un sistema de derecho positivo que no respeta los derechos humanos fundamentales establecidos en el derecho internacional es, en el mejor de los casos, un “estado de derecho” y no merece ser llamado un sistema de estado de derecho.

Dado que hay muchos otros índices que abordan los derechos humanos, y porque sería imposible que el Índice evaluara la adhesión a toda la gama de derechos, este factor se centra en un menú relativamente modesto de derechos que están firmemente establecidos en la Declaración Universal de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y están más estrechamente relacionados con las preocupaciones sobre el estado de derecho, señala el WJP.

Soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados, y malversación de fondos públicos, se examinan a los funcionarios en el poder ejecutivo, el judicial, el ejército, la policía y el poder legislativo.

En Orden y Seguridad, Honduras sacó una calificación de 0.64 y aquí se mide qué tan bien una sociedad garantiza la seguridad de las personas y la propiedad. La seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad basada en el estado de derecho y es una función fundamental del Estado. También es una condición previa para la realización de los derechos y libertades que el estado de derecho busca promover.

Cumplimiento Regulatorio, es otra de las mediciones hechas por el WJP, y en el puntaje otorgado al país fue de 0.39. Aquí se valora el grado en que las regulaciones se implementan y hacen cumplir de manera justa y efectiva. Las regulaciones, tanto legales como administrativas, estructuran los comportamientos dentro y fuera del gobierno. Este factor no evalúa qué actividades decide regular un gobierno, ni considera cuánta regulación es apropiada para una actividad en particular. Más bien, examina cómo se implementan y hacen cumplir las regulaciones.

En materia de Justicia Civil, el puntaje obtenido fue de 0.40, la valoración se da en función si la gente común y corriente puede resolver sus quejas de manera pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil. Mide si los sistemas de justicia civil son accesibles y asequibles, así como si están libres de discriminación, corrupción e influencia indebida por parte de funcionarios públicos. Examina si los procedimientos judiciales se llevan a cabo sin demoras injustificadas y si las decisiones se aplican de manera efectiva. También mide la accesibilidad, imparcialidad y eficacia de los mecanismos alternativos de resolución de disputas.

Y en Justicia Penal, la puntuación fue de 0.26, en esta categoría se mide el sistema de justicia penal de un país. Un sistema de justicia penal eficaz es un aspecto clave del Estado de derecho, ya que constituye el mecanismo convencional para reparar agravios y entablar acciones contra personas por delitos contra la sociedad. Una evaluación de la impartición de justicia penal debe tener en cuenta todo el sistema, incluidos la policía, los abogados, los fiscales, los jueces y los funcionarios penitenciarios.

De los 142 países medidos en el ranking de WJP, lo relacionado con la justicia es la categoría con los puntajes más bajos que saca el país, el acceso a la justicia sigue siendo deficiente, pero en términos globales, el país no llega ni a la mitad del puntaje de 0 a 1, la calificación global es de 0.41. Dos índices y dos mediciones siguen dando señales de alarma a Honduras en materia de democracia y retrocesos democráticos. (PD).

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