Tegucigalpa – Las tres principales banderas de campaña del actual gobierno -derechos humanos, mujeres y transparencia- apenas concentran el 0.13 % del Presupuesto General de la República aprobado para el ejercicio fiscal 2024.
La medianoche del miércoles se aprobó el presupuesto más gigantesco de la historia de Honduras, con un monto de 407 mil 137 millones de lempiras, que representa un alza de 14 mil 617 millones de lempiras, equivalente al 3.7 % en relación al del 2023.
En el desglose del presupuesto se destinan 153 millones de lempiras para la Secretaría de la Mujer, 207 millones de lempiras para la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLC) y 173 millones de lempiras para la Secretaría de Derechos Humanos.
En total, las tres instituciones suman 533 millones de lempiras, de los 407 mil millones de lempiras que representa el Presupuesto de la Nación, es decir apenas el 0.13 %.
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Imparables femicidios
El país afronta una ola de femicidios que contrasta con la menor asignación presupuestaria a una de las tres banderas del gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
La Secretaría de Asuntos de la Mujer (SEMUJER), tendrá este año un presupuesto de 153 millones 422 mil 789 lempiras, una cantidad ínfima tomando en cuenta la cantidad de programas que desde esta oficina se podrían ejecutar para la prevención de femicidios.
Crímenes dantescos e impactantes femicidios marcan el recién iniciado año. Tal es el caso del triple asesinato de mujeres en la paradisiaca isla de Roatán, Islas de la Bahía, donde un ciudadano estadounidense les quitó la vida presuntamente por motivos pasionales.
El femicida era la pareja sentimental de una de ellas, pero ésta le había comunicado que no quería tener nada con él, lo que habría provocado que la asesinara junto a sus dos amigas para que ellas no dieran testimonio de lo ocurrido. Los cuerpos de las víctimas aparecieron en un vehículo aparcado en una zona residencial de la zona, cada una presentaba un disparo en sus cabezas.
De acuerdo a los recuentos de grupos feministas, al menos 402 mujeres murieron en forma violenta entre 2023 y las dos primeras semanas de este 2024.
La organización Centro de Derechos de Mujeres (CDM), condena «el silencio» de la presidenta del país, Xiomara Castro, ante la emergencia de feminicidios en Honduras.
Los datos que se desprenden de un informe del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, del CDM, divulgado esta semana, detalla que 386 féminas fueron asesinadas el año pasado en Honduras, lo que equivale a una muerte violenta cada 23 horas.
Muchas de esas muertes sucedieron en el entorno cercano a la víctima, en el que el principal agresor es un hombre vinculado sentimentalmente con las mujeres, que representan más del 51 % de los 9.7 millones de habitantes del país.
Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y ONU Mujeres, citadas por el CDM, Honduras es el país «más peligroso» en América Latina para ser mujer y el quinto del mundo con la tasa más alta de feminicidios, con un 6.47 por cada 100 mil habitantes, por encima de Guatemala y México.
Es importante mencionar que en la antesala del Poder Legislativo, se encuentra un proyecto de Ley sobre Casas Refugio para atender a las mujeres víctimas de violencia, pero el mismo no es parte de las prioridades legislativas.
Las Casas Refugio son centros de atención especial que ayudan a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia con tratamiento psicológico y protección, a fin de no caer en el círculo de violencia y revictimización; es una especie de casa de seguridad que protege y garantiza la vida a las mujeres.
En Honduras, apenas existen un total de ocho casas refugio, según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que ha pedido a los legisladores acelerar la ley de las Casas Refugio para que exista, como mínimo, una por cada municipio.
(LEER) Secretaría de DDHH reduce la defensa de los derechos humanos
Violación de derechos desde propia secretaría
La violación de derechos humanos es uno de los principales problemas que enfrenta el país. Desde la propia secretaría del gobierno encargada de velar por los derechos de los ciudadanos, se ventilan atropellos y situaciones penosas contra empleados a lo interno de esa oficina.
Para la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) fueron aprobados 173 millones 246 mil 535 lempiras de presupuesto para el presente año.
Al bajo presupuesto asignado a la institución hay que sumarle varios frentes abiertos desde la política institucional que constantemente confronta al Conadeh, ONGs, organismos defensores de DDHH e incluso sus propios empleados.
Desde su creación, la gubernamental Secretaría de Derechos Humanos, nunca había generado tanta polémica y polarización como en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a tal grado, que entró en una agria confrontación con el estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos, a quien negó el mecanismo de protección para algunos de sus empleados amenazados a muerte y objeto de vigilancia, por considerar que son servidores públicos a quienes no les asiste ese derecho, bajo una visión reduccionista de la doctrina de los derechos humanos.
Es tal la polémica, que una parte de los empleados de la Secretaría de Derechos Humanos tienen tomadas sus instalaciones, porque denuncian que ya no soportan el hostigamiento de sus responsables y citan el caso que incluso el viceministro Guido Eguigure renunció a su cargo por discrepancias con la titular Natalie Roque.
Honduras, según los reportes de organismos internacionales de derechos humanos, es uno de los países más hostiles para los activistas humanitarios, defensores de la tierra, periodistas y actores de sociedad civil críticos por sus posturas o por las denuncias e investigaciones que hacen y difunden.
El panorama no ha mejorado y los retos para el gobierno de la presidenta Castro es atender las recomendaciones hechas por los organismos, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Amnistía Internacional, Wola, Reporteros sin Fronteras, entre otras instancias.
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Lucha contra la corrupción en duda
De los tres ministerios en cuestión, la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLC) es la que mayor presupuesto tiene con 207 millones 074 mil 727 lempiras.
Los pocos recursos asignados para fortalecer uno de los principales problemas históricos del país, tan solo contradice las promesas de campaña de luchar contra la corrupción y promover la transparencia.
Si se toma en cuenta que según versiones oficiales, en Honduras se pierden 3 mil millones de dólares (75 mil millones de lempiras) al año por la corrupción y se contrasta con los 207 millones de lempiras asignados para la Secretaría de Transparencia, apenas se destinan 0.03 % de lo que pierde la administración central por el flagelo.
Quizás, la mayor promesa del actual gobierno es la instalación de una Misión Internacional Anticorrupción para castigar a los funcionarios que han abusado de sus posiciones para amasar enormes fortunas.
El sueño de tener una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), prácticamente se ha ido diluyendo en el tiempo. Ya casi se cumplen dos años del actual gobierno y ni siquiera se materializa la instalación del ente anticorrupción tutelado por las Naciones Unidas.
Con apenas dos semanas de gobierno, desde el Congreso Nacional se aprobó un Decreto de Amnistía para borrar los delitos a muchos personajes políticos del Partido Libre que ocuparon importantes cargos en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya y que fueron acusados en los tribunales de justicia por delitos de corrupción.
La inclusión de varios líderes oficialistas en la penosa Lista Engel, en varias de sus ediciones, es otro de los capítulos que desdicen la lucha contra la corrupción que enarbola la actual administración gubernamental.
La forma de designación de autoridades interinas en el Ministerio Público y otros acontecimientos ocurridos en la Cámara Legislativa en los últimos dos años y que son atribuidos al partido en el poder, también configuran una estela de hechos poco transparentes y que debilitan la institucionalidad del país. JS
