La noticia de la cancelación de visas por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos cayó como un balde de agua fría para muchos funcionarios y legisladores del oficialismo que se creían intocables.
Algunos tenían hechas las reservas y maletas para viajar a Disney a pasar las vacaciones de navidad y de fin de año, incluso frustró los planes de una boda de ensueño en una isla del Caribe bajo soberanía estadounidense de una parlamentaria que tomó parte de la ilegal elección de los fiscales interinos del Ministerio Público.
Tras el anuncio de la cancelación de visas a unos 100 funcionarios de la administración gubernamental hondureña, que, según EEUU, han socavado la democracia hondureña con acciones como alentar la violencia contra miembros de la oposición política y por participar en la designación “irregular y sin precedentes” de Johel Zelaya y Mario Morazán al frente del Ministerio Público, las reacciones furibundas y chauvinistas de los voceros oficiales no se hicieron esperar, algunos tildando la medida de injerencista y otros restándole importancia y hasta burlándose socarronamente de la misma.
Más allá de las declaraciones irascibles y burlescas de los emisarios del partido gobernante, la cancelación de las visas no debe tomarse con liviandad o ligereza, ya que la medida tiene diversas implicaciones para los amonestados, pero principalmente debe llevar al Gobierno a poner las bardas en remojo porque pudiesen derivar en otro tipo de sanciones con sus consecuentes repercusiones políticas y económicas para la administración.
De hecho, el inusual silencio de las prominentes figuras del Gobierno sobre la decisión estadounidense ha llamado poderosamente la atención porque denota, en primer lugar, que las sanciones tuvieron su efecto sancionatorio; en segundo lugar, porque esto puede ser el principio de una serie de medidas mucho más fuertes y delicadas que se acercarían al círculo de poder y al entorno de la familia presidencial.
Por otro lado, la cancelación de las visas tienen una fuerte connotación sobre la reputación y la cacareada moralidad del Gobierno y manda un claro e inequívoco mensaje de la administración estadounidense de Joe Biden, en el sentido que no seguirá tolerando los continuos desmanes y abusos en los que ha venido incurriendo el gobierno de Libre a través de una serie de acciones ilegales y antidemocráticas tomadas desde el Congreso Nacional.
La gota que rebalsó el vaso fue la ilícita elección de los fiscales interinos del Ministerio Público por los nueve diputados y aliados oficialistas que integran la comisión permanente del Poder Legislativo que encabeza Luis Redondo.
Justamente las sanciones de revocación de visas tienen lugar semanas después de las severas críticas formuladas por funcionarios del Departamento de Estado y senadores republicanos y demócratas, entre ellos, Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Tim Kaine, presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, quienes instaron a la Administración de Biden a imponer sanciones diplomáticas o económicas a Honduras si no se elige con prontitud a un fiscal general y un fiscal general adjunto en propiedad, lo que a esta fecha no ha ocurrido.
En consecuencia, la reciente revocación de visas a políticos y funcionarios del partido en el Gobierno es una respuesta a esas presiones y demandas internas en Washignton y refleja la profunda preocupación del gobierno estadounidense sobre la crisis política, la parálisis legislativa, los ataques violentos contra la oposición y otras cuestiones como la falta de respuesta a la corrupción, las violaciones a los derechos humanos y el sistemático quebrantamiento al estado de derecho y la Constitución en el país.
Esta acción es vista a lo interno del país como una medida diplomática para presionar a las autoridades hondureñas a abordar estos problemas de manera efectiva y generar cambios en el comportamiento de los funcionarios violadores de la ley.
De hecho, en la última sesión convocada por la Comisión Permanente, la junta directiva tuvo que dar marcha atrás, luego de haber aprobado las amnistías tributarias con menos de los 65 votos de la mayoría simple que establece el reglamento y la ley orgánica del Congreso, lo cual fue interpretado como un síntoma del temor que ha comenzado a invadir a los funcionarios frente a nuevas y futuras sanciones estadounidenses, aunque ellos lo nieguen.
Es importante recalcar que las implicaciones de las medidas pueden extenderse a otros niveles. En primer lugar, podrían afectar la continuidad de la cooperación estadounidense y el futuro apoyo para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih).
También la cancelación del visado puede tener un impacto directo en la movilidad de los individuos afectados en el presente y el futuro, limitando su capacidad para viajar a Estados Unidos u otro de sus países aliados, hacer negocios en Honduras y el extranjero, abrir cuentas de bancos y participar en actividades relacionadas con sus funciones políticas.
Incluso hay quienes advierten que los sancionados quedan expuestos a figurar en las próximas listas Engel o Magnitstky o terminar sancionados por la temida Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Con todo lo anterior, los funcionarios y diputados de Libre deben pensar muy bien antes de verter una opinión minimizando la cancelación de las visas, porque tal como lo explicamos anteriormente la medida va más allá de impedir que puedan ingresar a territorio estadounidense por motivos de turismo, salud o negocios.
En lo sucesivo, es importante monitorear y seguir de cerca cómo reaccionarán en el futuro las autoridades hondureñas y cómo evolucionarán las sanciones y las relaciones bilaterales con EEUU en respuesta a esta medida, ya que esto determinará las implicaciones a largo plazo.
A nivel interno, esta acción del Departamento de Estado de cancelar las visas debería generar presión sobre el gobierno de Honduras para abordar las preocupaciones planteadas por Estados Unidos e impulsar reformas y medidas internas destinadas a mejorar la transparencia, combatir la corrupción, fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos.
Se espera que una primera señal sea la anulación de la escogencia de los fiscales interinos y la elección mayoritaria de todas las fuerzas políticas que integran el legislativo de las nuevas autoridades en propiedad del Ministerio Público.
Por lo pronto, el Gobierno ha recibido un claro mensaje de que cualquier acción ilegal que tome a futuro o que quebrante la democracia y el Estado de derecho tendrá una dura respuesta de EEUU. Advertidos ya están.
