Tegucigalpa – Una comisión de diputados del Congreso Nacional, encabezada por la diputada oficialista Silvia Ayala, sugirió este lunes procesar a los exfiscales del Ministerio Público, Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián por algunas de sus actuaciones en los últimos años.
– Alegan posiciones institucionales sobre la reelección de Juan Orlando Hernández, la legalidad de las ZEDEs, el desbaratamiento de la UFECIC y la inacción por muertes postelectorales.
– La comisión tenía la tarea de investigar a todos los fiscales del MP desde 1994, sin embargo el informe se basa en la gestión de Óscar Chinchilla (2014-2023).
Los diputados que llegaron este mediodía a la sede del Ministerio Público son: Silvia Ayala, Luz Angélica Smith, Ramón Barrios, Carlos Raudales (Partido Democracia Cristiana), Hugo Noé Pino, Ernesto Lezama y Netzer Mejía. Esta comisión fue nombrada por el pleno del Congreso en medio de un bullicio y relajo en el hemiciclo.
Otros congresistas que integran la comisión y que no estuvieron presentes son: Ligia Ramos y Rolando Barahona.
La comisión tenía la tarea de investigar a todos los fiscales del MP desde 1994, sin embargo los señalamientos se basan en la gestión de Óscar Chinchilla (2014-2023).
En ese sentido, la diputada Silvia Ayala comentó que la comisión legislativa que investiga la gestión de los exfiscales generales del Ministerio Público se reunió con el fiscal interino Johel Antonio Zelaya para entregarle sobre las situaciones que ha conocido.
“Hemos entregado al Fiscal General interino copias de la documentación remitida y verificada por la comisión especial de casos de alto impacto en la vida general”, dijo a periodistas.
El primer caso son las Zonas de Empleo de Desarrollo Económico (ZEDEs) en la que dijo que el posicionamiento del Ministerio Público durante la gestión de Oscar Chinchilla en la que la Fiscalía para la Defensa de la Constitución emitió una opinión para que se declarara sin lugar los recursos de inconstitucionalidad.
Ayala mencionó la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández para su segundo mandato (2014-2022), en la que el MP declaró con lugar el recurso de inconstitucionalidad presentada en contra de un artículo de la Constitución.
UFERCO e inacción de muertes postelectorales
Igualmente, la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) informó que le entregaron a la Unidad Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) la información acreditada que pese a que existía avances en casos de corrupción, la anterior administración realizó acciones para reducir las capacidades de esta unidad.
Reveló que se les redujeron el salario a los fiscales asignados a UFECIC, sino que también les quitaron la logística en los peritos certificados y otro personal técnico.
“Todo esto provocó la presentación de una demanda en contra del Estado que obra en el Juzgado de Letras Contencioso de lo Adminsitrativo”, dijo Ayala.
La congresista de Libre también dijo que presentaron el caso del asesinato de la agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sheryl Hernández Mancias, quien era coordinadora en Santa Rosa de Copán, y fue asesinada.
“El Ministerio Público decidió cerrar administrativamente el caso, valorar la prueba y determinar que la muerte era un suicidio”, indicó.
Igualmente, señaló el caso de las muertes por la crisis postelectoral de 2017 donde Medicina Forense realizó 27 autopsias y solo existen ocho expedientes administrativos.
Seguidamente, dijo que ha habido casos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración del Patronato Nacional de Infancia (Pani).
Sobre este caso, manifestó que hubo una erogación superior a 230 millones de lempiras para el pago de merienda escolar en tiempo del confinamiento y las clases eran bajo la modalidad virtual.
“En este caso no solo se finalizó la investigación, sino que se preparó el proyecto de requerimiento fiscal, pero el expediente le fue retirado a la fiscal y se le preparó una persecución en su contra”, mencionó.
También reveló que entregó el caso de la compra de camiones usados a Israel y dejó un impacto de más de 80 millones de lempiras.
Ayala confirmó que las dos fiscales que llevaron estos dos últimos casos presentaron denuncia por acoso laboral en contra del director de la Fiscalía Especial para el Combate contra la Corrupción.
Anunció el caso del “Robo Parlamentario del Siglo” que consiste en una denuncia interpuesta el 21 de junio de 2017 en la que se denunció la aprobación de decenas de contratos de energía lesivos, sin embargo, a la fecha no se conoce ninguna investigación.
“Estos casos comprueban que tanto por acción y omisión, existen indicios de responsabilidad de los extitulares del Ministerio Público, Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián Bueso”, declaró Ayala. AG
