Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El último informe de Reporteros sin Fronteras indica que Honduras ha caído nuevamente cuatro escalones en el ranking de libertad de expresión, en tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte de los riesgos que enfrenta la prensa y los periodistas en el país, mientras una resolución del Consejo de Defensa y Seguridad, avalada en el gabinete ampliado de gobierno, se apresta a criminalizar la protesta que tiene como base un Código Penal que no termina de ser derogado ni reformado como prometieron en campaña las actuales autoridades.
– En Honduras, la prensa desciende lentamente al infierno, dice un informe de RSF.
– Una nueva reforma se gesta en el Congreso hondureño para poner un nuevo bozal a la prensa. La iniciativa o reforma que intentó sorprender a la Cámara Legislativa la madrugada del viernes, será discutida en el pleno este martes.
Honduras pasó en la medición de Reporteros sin Fronteras (RSF) de la posición 165 de 180 países en el 2022, a la posición 169 de 180 países en el 2023, es decir, cayó cuatro escalones y lo convierte en un país de alto riesgo para el ejercicio del periodismo.
Las elecciones presidenciales de 2021 dieron la victoria a la candidata de la izquierda opositora Xiomara Castro (Partido Libre), poniendo fin a una década en el poder del Partido Nacional, después de tres mandatos presidenciales. La llegada al poder de la primera mujer presidenta generó muchas expectativas por su agenda de derechos humanos, señala RSF.
“No obstante, los periodistas se enfrentan a retos similares a los que encaraban con gobiernos anteriores: discursos denigrantes de los nuevos funcionarios, el rechazo al acceso a las fuentes informativas a periodistas no afines al gobierno y la falta de protección contra las amenazas. El nuevo Código Penal, aprobado en 2020, contiene artículos liberticidas, en especial, la penalización del derecho de manifestación y reunión”, señala.
“Estos cambios también afectan a toda la cadena informativa, al imponer multas y prisión no solo a periodistas, sino a quienes reproduzcan sus escritos. El código viola estándares internacionales de derechos humanos y constituye una amenaza para la libertad de prensa”, apunta la organización internacional.
Un lento descenso al infierno
De acuerdo con RSF, “la prensa hondureña vive un lento descenso al infierno desde hace más de una década”, y el país sigue siendo uno de los más mortíferos para el periodismo en el continente americano, lo cual crea un clima de autocensura y miedo en la prensa.
Un clima que se vuelve más denso, luego que el capítulo noroccidental del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), denunciara ante el Ministerio Público las amenazas a muerte en contra de dos de sus integrantes, al grado que uno de ellos tuvo que ser llevado ante una casa de seguridad proporcionada por el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), dado la gravedad de las intimidaciones y amenazas a muerte.
Y la más reciente decisión del gobierno de Honduras junto al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de ordenar una investigación para deducir responsabilidades penales en contra de una marcha pacífica realizada en la sureña ciudad de Choluteca, ante la incertidumbre que genera un proyecto de ley tributaria que está por debatirse en el congreso, avivó las preocupaciones de los organismos defensores de la libertad de expresión por considerar que esas facultades no son del CNDS y que se está activando la figura de la criminalización de la protesta social garantizada por la constitución de la república.
CNDS, un mensaje equivocado
El nuevo Código Penal vigente—que el gobierno prometió en campaña derogar o reformar—criminaliza la protesta social y otros derechos asociados a la libertad de expresión, y tras la decisión del CNDS, avalada por el consejo de ministros y gabinete ampliado, las voces de rechazo y protesta no se han hecho esperar.
Desde líderes religiosos, analistas sociales, periodistas, políticos y el mismo Conadeh, han advertido al gobierno de la presidenta Castro la gravedad de criminalizar la protesta, máxime cuando ésta tiene un objetivo concreto: perseguir a la oposición política.
El miércoles 10 de mayo, la presidenta Xiomara Castro, en reunión con el CNDS, anunció que: “este Consejo ordena la investigación exhaustiva de los hechos acaecidos en Choluteca el 9 de mayo, cuando empresas privadas y organizaciones políticas dieron instrucciones y financiaron a sus empleados y seguidores para movilizarse en las calles en contra del proyecto de la Ley de Tributaria para impedir que sea discutida y aprobada”, en el Congreso Nacional.
La ley aún no ingresa, está en una veloz etapa de selectiva socialización, y ha generado mucha incertidumbre por las dedicatorias ocultas, según los conocedores del tema. El gobierno niega que esa ley lleve nuevos tributos o vaya a provocar desempleo por cierre de empresas, no obstante, en la zona sur, empleados y pobladores salieron a protestar en contra de ese proyecto de ley si se aprueba tal como está, pues las proyecciones del sector privado hablan de un desempleo arriba de las 200 mil personas, solo en esa región.
La zona sur es una de las regiones más deprimidas del país y afectada constantemente por problemas de hambruna, sequía y cambio climático. La protesta incomodó al gobierno que la ve como un mecanismo de “desestabilización” y ha ordenado se investigue y castigue penalmente a quienes fraguaron la marcha.
La comisionada del Conadeh, Blanca Izaguirre, fue contundente al señalar que no deben existir respuestas desproporcionadas por parte del Estado respecto a la manifestación pacífica, sus participantes, o sus organizadores, sea cual sea el contexto en que se realice el ejercicio de dicho derecho constitucional.
Las preocupaciones de la CIDH
Recuerdan el artículo 79 constitucional que establece: “Toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial”. Asimismo, el artículo 72 constitucional que garantiza el derecho a la libertad de expresión.
Estas preocupaciones a raíz de las últimas decisiones tomadas en el CNDS (integrado por los tres poderes del Estado, el fiscal general, la secretaría de Defensa y la Secretaría de Seguridad, junto a la Dirección de Inteligencia), se suman a las expresadas por la reciente misión de la CIDH que estuvo recientemente en el país para verificar la situación de los derechos humanos.
En su informe preliminar de observaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que el tema de los derechos humanos sigue siendo de riesgo en el país y que, a marzo de 2023, según registros del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) se contabilizaron 66 agresiones contra defensores humanitarios y periodistas.
“El uso indebido del derecho penal continúa siendo un método de retaliación para obstruir las actividades de defensa. Con frecuencia las personas defensoras son criminalizadas bajo tipos penales como “incitación a la violencia”, “usurpación”, “injurias” y “calumnias” e incluso “desplazamiento forzado”, advierte el informe de la CIDH,
En cuanto a la situación de las personas periodistas, la violencia y la impunidad son una de las más graves afectaciones del derecho a la libertad de expresión. Durante la visita, se reportó a la CIDH denuncias de amenazas, agresiones físicas, atentados armados y hostigamiento, sobre todo contra quienes cubren asuntos como corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, conflictos agrarios y mineros. La CIDH fue informada del temor de la prensa a abordar este tipo de temas por la conflictividad que implica. También conoció del desinterés de las autoridades estatales de prevenir la violencia, investigar delitos contra periodistas y brindarles protección ante el riesgo derivado de su labor. “Fueron constantes las alegaciones de que las instituciones no estarían cumpliendo con sus obligaciones de manera oportuna, completa, efectiva e imparcial», señala el informe de la misión de la CIDH.
Tolerancia a la crítica
Los delitos contra el honor criminalizados en el actual código penal son también una preocupación para la CIDH en vista que criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión. También fueron consignadas denuncias sobre limitaciones para el acceso a fuentes políticas y para la cobertura de actos públicos y conferencias de prensa de forma discrecional.
“Según fue señalado, algunas instituciones como el Congreso y la Casa Presidencial estarían negando selectivamente las acreditaciones de prensa a ciertos medios de comunicación con base en su línea editorial. Por su parte, el decreto PCM-023-2022 genera preguntas y abre un margen de incertidumbre frente a los impactos que podría tener para la libertad de expresión, al crear en el ámbito ejecutivo una Dirección General de Información y Prensa con atribuciones amplias”, detalla el informe.
Asimismo, la relatoría para la libertad de expresión recibió “numerosos testimonios sobre el aumento de discursos estigmatizantes de funcionarios públicos y líderes políticos en contra de la prensa que investiga e informa de manera crítica sobre las políticas gubernamentales. La relatoría pudo observar que este conjunto de factores ha propiciado la autocensura entre periodistas y comunicadores.
En el amplio despliegue dedicado en su informe al tema de los periodistas, la libertad de expresión y el acceso a la información, se resaltan avances como la derogación de la ley de secretos y los reportes del IAIP sobre cumplimiento de las instituciones obligadas en difundir información pública, no obstante, la misión y la relatoría tuvieron conocimiento que muchas de las solicitudes de la ciudadanía son respondidas fuera de plazo, o que la información aportada no es completa y no cumple con los requisitos de calidad que exigen los estándares internacionales en la materia.
En el documento se advierte sobre el delgado hilo en que transita la libertad de expresión en Honduras, al señalar que el país enfrenta procesos de fractura social que deben ser tramitados democráticamente y requieren de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señala, tras abogar por espacios para un debate público abierto y desinhibido sobre asuntos de interés público, en donde prevalezcan la tolerancia y la interacción democrática con la crítica. Esto, asegura, requiere de espacios plurales y diversos en donde las vocerías institucionales que participan en el debate tienen “deberes especiales de cuidado a fin de que sus expresiones no generen presión lesiva en los derechos de las personas que contribuyen a la deliberación pública”. (PD)
