Tegucigalpa – Personeros del gobierno salieron al paso de las críticas de la iniciativa privada a la Ley de Justicia Tributaria y afirmaron que no se trata de un ataque contra ellos, al tiempo que aseguraron “no se perderá un solo empleo”.
– Las exoneraciones representan un 7 % del PIB, según el gobierno.
Sentenciaron que “lo que se van a perder son privilegios y escudos que permitieron que en el país en 12 años se perdieran 568 mil millones de lempiras por las exoneraciones y el principio de renta territorial”.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes: el coordinador del gabinete de gobierno, Rodolfo Pastor; el ministro de Gobernación, Tomás Varquero; el ministro de Gestión por Resultados de Honduras, Marcio Sierra; el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa; y el sudirector del SAR, Cristian Duarte.
El titular del SAR, Marlon Ochoa aseguró que el Proyecto de Ley de Justicia Tributaria no es una propuesta de un pequeño grupo de funcionarios radicales, “la revisión de este decreto fue aprobada en gabinete de gobierno por unanimidad”.
Enfatizó que la norma no es un ataque a la empresa privada, ni siquiera contra las empresas exoneradas que usan bien el beneficio.
Citó que la revisión de las exoneraciones, además de ser una sugerencia planteada por organismos internacionales hace más de una década “es una propuesta de gobierno contenida en el plan de refundación” que fue enviada esta tarde al Poder Legislativo.
Aludió que el gobierno planteó la Ley Tributaria desde el pasado 8 de marzo, pero la socialización comenzó en septiembre de 2022.
Defendió que “es una propuesta ampliamente socializada, no es cierto que no haya sido socializada. La diferencia de esta propuesta planteada por la presidenta es que ahora sí hay un gobierno que defiende y representa al pueblo”.
Las recomendaciones que pretenden mantener los escudos fiscales que pretenden mantener la evasión fiscal y blanqueamiento de capitales no se consideraron porque la esencia de la propuesta es combatir la corrupción.
“No podíamos aceptar propuestas que nos decían que no debíamos intercambiar información bancaria y tributaria con 146 países, tampoco podíamos aceptar que empresas ocultaran quienes eran los dueños de las empresas, entonces todas estas medidas que están contenidas en la propuesta enviada al Congreso aspiran a limpiar la corrupción que ha sido la norma no sólo en los últimos 12 años de gobierno, sino en los 140 años que han existido las exoneraciones en este país”, apunto.
Puntualizó que la expectativa del Cohep era redactar ellos artículo por artículo la Ley Tributaria que propone el Ejecutivo.
Relató que en la reunión del lunes con el Gabinete Ampliado se presentaron 10 grandes casos de corrupción, entre ellos caos de empresas acogidas al Régimen de Fomento al Turismo vinculadas a cárteles del narcotráfico que son señalados actualmente en juicios que se sostienen en el Distrito Sur de New York.
De su lado, Marcio Sierra refirió que Honduras tiene más de 300 mil empresas y se debería empezar por identificar cuántas de estas son representadas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). “Se trata de una gremial que aglutina grupos de poder”, acusó.
“La alta desigualdad en el país es reflejo de una política fiscal fracasada que se aplicó durante los últimos 10 años. Por el endeudamiento público nos están haciendo pagar hasta 57 mil millones de lempiras anuales solamente en servicio de la deuda. De dónde deberíamos sacar ese dinero, de las exoneraciones que se están dando pagaríamos la deuda y nos sobraría para apoyar el Presupuesto General de la República en la inversión en la gente”, desglosó Sierra. JS
