Tegucigalpa – Al menos 11 proyectos de leyes se encuentran paralizados en el Congreso Nacional, unas promovidas por el gobierno pero que carece de falta de votos para su aprobación y otras por la oposición y sociedad civil que se encuentran olvidadas en algunos de los cajones de los directivos de dicho poder del Estado que no las saca para su discusión.
-Leyes como Colaboración Eficaz y Empleo temporal no son impulsadas por la dirigencia, mientras Justicia Tributaria y Consejo de Defensa y Seguridad fueron promovidas, pero no alcanzan los votos para su aprobación.
Varias de esas leyes de ser aprobadas tendrán impactos económicos, como los proyectos de Ley de Justicia Tributaria impulsadas por el Ejecutivo o el referido a la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, promovida por el diputado opositor Mauricio Villeda.
También existen iniciativas de ley que tendrían impacto político o de lucha contra la corrupción, como la reforma a la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), introducida por el gobierno pero rechazada por la oposición y la Ley de Colaboración Eficaz, reclamada por la oposición y que se encuentra abandonada en las gavetas.
Varios diputados y la sociedad civil consideran que la Ley de Colaboración eficaz es clave para el combate a la corrupción y una de las condiciones para la llegada de la CICIH.
Pero la falta de consensos y acuerdos entre las seis fuerzas políticas que integran el Congreso Nacional han dado paso a una mora judicial, donde los proyectos de decretos de ley están engavetados en la secretaría del legislativo.
En la actualidad, el proyecto de Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), la iniciativa de mesas de participación ciudadana, la Ley de Contratos de Trabajo de Tiempo Parcial, la propuesta de Ley de Colaboración Eficaz, la ley de Justicia Tributaria y la más reciente iniciativa de creación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense de Honduras, son algunos estos decretos de la discordia.
Otras iniciativas que causa desacuerdo entre el oficialismo y la oposición en el Legislativo es la adhesión de Honduras con la Corporación Andina de Fomento (CAF), la cual está pendiente de revisión en el Poder Legislativo y el decreto orientado a que los operadores y suboperadores de servicios de telecomunicaciones que utilizan chips y SIM, estén obligados a registrar la venta y suscripción de los usuarios.
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña dijo a Proceso Digital que hay 11 leyes de discordia entre las fuerzas políticas en la actualidad, y que las mismas tienen que ver con la venida de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Así mismo otros temas en agenda que engrosan la mora legislativa incluye “la derogación del Fondo Departamental, terminar de hacer la reforma constitucional para derogar las Zedes (Zonas de Empleos y Desarrollo) y esas leyes anticorrupción”, señaló el doctor Umaña.
Una práctica desleal
Para el analista Carlos Alvarenga, aunque el tema de la mora legislativa es normal en todas partes del mundo, tampoco hay que refugiarse en eso y adoptar prácticas desleales para con el pueblo.
“El principal poder de un Estado es aquel que legisla a favor del pueblo y en el caso del país, hay varias propuestas de ley que, a mí, como analista jurídico legal y como ciudadano que aspiro a que haya en verdad justicia, la Ley de Colaboración Eficaz me parece importante”, dijo.
Alvarenga señaló que en la administración de Juan Orlando Hernández era obvio por qué no se hacía, sin embargo, destacó que más de un año de gobierno, y no pasa nada, y “Luis Redondo ha tenido el despliegue de un autoritarismo total que podría hacerlo”.
Cuestionó el por qué ni el presidente del Legislativo ni el partido oficialista no aprueban esta propuesta que podría estarle dando la oportunidad a quienes delinquieron a aportar información valiosísima ya que fueron parte todo el engranaje de alguna actividad ilícita.
Estado de las leyes
La nueva la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) – Consta de 24 artículos planteados por el Poder Ejecutivo, ya fue aprobada en su primer y segundo debate en el Congreso de la República.
Esta ley es objeto de señalamientos por actores políticos y analistas que temen que detrás de la normativa se pretenda concentrar los poderes en la familia presidencial, ya que pretende integrar al titular del Poder Ejecutivo, asistido por un secretario ejecutivo y su secretario adjunto; ministro de Gobernación; ministro de Defensa; ministro de Seguridad; Canciller de Honduras; y el Procurador General de la República.
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Al cambio en la actualidad el CNDS se integraría por: Xiomara Castro (asistida por dos secretarios de su elección), Tomás Vaquero, José Manuel Zelaya Rosales, Ramón Sabillón, Enrique Reina y Manuel Díaz Galeas.
El secretario ejecutivo del Consejo y el Secretario Adjunto del mismo, serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo, dependerán directamente de la presidenta, contará con un equipo técnico especializado y recursos asignados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República.
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Desde ya se habla que el secretario del CNDS podría ser uno de los familiares cercanos de la presidente Xiomara Castro.
El proyecto de Ley de Colaboración Eficaz – Este consta de 42 artículos, y tiene como objetivo regular los procedimientos, requisitos, circunstancias y beneficios que podrán gozar personas en libertad, investigadas, procesadas o sentenciadas por la comisión de un delito.
El diputado Umaña calificó esta ley como muy importante y apuntó que la misma, que fue enviada por el Ejecutivo a la Secretaría del Parlamento el 11 de abril de 2019, está en tercer debate.
El exfiscal del Ministerio Público, Aldo Santos, ha señalado que esta ley combatirá delitos de crimen organizado como el narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, trata de personas, asesinato y fraude, así como el combate de delitos contra la administración pública como el prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Es además, una de las tantas recomendaciones que pidió en su momento la extinta Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), instalada en el país gracias a un acuerdo entre el gobierno hondureño y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El proyecto de Ley de Participación Ciudadana – Con el cual buscan eliminar el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), fue presentado en septiembre de 2022 y fue rechazado por las bancadas de oposición, así que está en proceso de socialización.
El proyecto de ley busca que la representación que tiene el Fonac en diversas instituciones sea reemplazada por delegados de las referidas Mesas de Participación Ciudadana, de acuerdo al ministro de Planificación Económica, Ricardo Salgado.
Las mesas nombrarán sus representantes ante la asamblea del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), por lo que varios activistas de la sociedad civil temen que el CNA pueda desaparecer o sea controlado por los delegados del gobierno.
Además, hay quienes apuntan que podría ser la puerta para montar una Asamblea Nacional Constituyente en Honduras.
“Entró como correspondencia, sabemos muy poco, no sabemos de qué se trata, pero a puro olfato o sentido común lo que se me viene a la cabeza de inmediato es que podría ser una puerta que abra el tema de la Asamblea Nacional Constituyente”, ha manifestado la diputada del Partido Nacional (PN), Lissi Matute Cano.
Para la diputada, la constituyente es un tema que está en la agenda del oficialismo.
El proyecto de Ley de Justicia Tributaria – Promovido por el Ejecutivo, a través del Servicio de Administración de Renta (SAR), esta reforma tributaria ha generado zozobra entre empresarios, economistas e incluso funcionarios de la administración de Xiomara Castro.
“Ha sido un proyecto de ley, planeado por el Ejecutivo, para que haya más justicia en el sector tributario del país y con un amplio proceso de socialización, de tal manera que se le puso en conocimiento al Cohep, incluso antes que llegara aquí al Congreso Nacional”, dijo el diputado de Libre, Rafael Sarmiento.
Para el Partido Liberal, se requiere un consenso que implique en un pacto fiscal que beneficie al país y no perjudique a la población más necesitada y concluya en un proyecto que lleve a Honduras hacia adelante.
“De la forma como está la ley redactada es sumamente inflacionaria, una ley que va a producir un incremento en el costo de la vida sustancial que va a causar que se aumente la canasta básica”, señaló el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal.
El diputado liberal, Marlon Lara, ha manifestado que se formará una coalición en el Congreso Nacional para frenar esta ley nociva y dañina, hay 43 votos del Partido Nacional, 22 del Partido Liberal y 9 del PSH que suman 76 votos que seguramente votarán en contra.
El proyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial – Presentado en abril de 2022, luego de que el Congreso Nacional derogara la Ley de Empleo por Hora, considerada como una normativa que violentaba los derechos de los trabajadores y el Código del Trabajo.
La propuesta de la bancada del Partido Liberal busca una reforma al artículo 328 del Título IV, Capítulo I, del Código de Trabajo para normalizar el trabajo a tiempo parcial bajo algunos parámetros, señala el exsecretario de Planificación (1984-1986), Daniel Meza Palma en un artículo para Proceso Digital.
En primer lugar, tendría lapsos de 16 a 32 horas a la semana, que se ubica el tiempo de trabajo en los denominados por Organización Internacional del Trabajo, tiempo parcial sustancial y tiempo parcial de corta duración.
También, garantiza el pago de décimo tercer y décimo cuarto mes y vacaciones con base en el salario promedio devengado en los últimos 6 meses.
Esta propuesta ha recibido el aval del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), pero los líderes gremiales de los obreros la rechazan.
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El anteproyecto de ley para la creación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense – Fue entregado al vicepresidente del CN, Rasel Tomé el pasado 16 de marzo y el mismo plantea su propia personería jurídica, independencia financiera y administrativa, evitando así los recientes acontecimientos ocurridos con la huelga del personal de Medicina Forense del Ministerio Público.
Uno de los componentes del Instituto, según lo explicado por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien hizo la propuesta, es que este tendrá un director, un subdirector y un consejo directivo que estará integrado por funcionarios.
Entre estos funcionarios estarían, el ministro de Seguridad, el ministro de Derechos Humanos, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el fiscal general, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la directora de la Defensa Pública, titular del Colegio Médico de Honduras (CMH) y del Colegio de Abogado de Honduras (CAH).
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La propuesta ya tiene sus detractores. “Es una medida innecesaria, Medicina Forense debe pertenecer siempre al Ministerio Público, lo que hay que hacer es fortalecerla”, dijo el diputado de Libre, Marco Eliud Girón.
No es necesario eliminar la unidad para crear otra, me parece que podría llevar dedicatoria a algunos empleados, conjeturó. Seguidamente, añadió que lo mejor es poner gente capaz y no aumentar la burocracia. VC
