Tegucigalpa – Honduras se encuentra a horas de elegir por los próximos siete años a una nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), esta vez desde el liderazgo de Libertad y Refundación (Libre), el partido más novel en llegar al poder en la historia de esta nación, sumergida históricamente en constantes desacuerdos políticos y claras desavenencias a la Constitución de la República.
– A los políticos no les interesa escoger una buena Corte, sino a sus mejores amigos, coinciden expertos.
– Todos coinciden en el buen trabajo de la Junta Nominadora, pero ahora los congresistas deben elegir a los 15 magistrados de una lista de 45 aspirantes.
Las negociaciones entre los líderes de las fuerzas políticas para lograr consenso en la conformación del Supremo se han mantenido a un ritmo intenso desde que la tarde del lunes la Junta Nominadora hizo publicó los nombres de los 45 notarios que quedaron en la recta final por ocupar una de las 15 sillas de la Corte Suprema de Justicia.
Este miércoles el Legislativo tiene la tarea de elegir al noveno presidente del Poder Judicial, esto desde 1981, cuando la nación retornó al orden constitucional, inicialmente era por un periodo de dos años, después ha experimentado ciclos de cuatro, cinco y siete años, en ese entonces estaba integrado por 16 magistrados, nueve propietarios y siete suplentes.
Es así que desde la Constitución de la República de 1982 el Parlamento, fue el encargado de elegir al presidente, así como a los demás magistrados del Supremo, quienes están a cargo de las cuatro salas: Constitucional, Civil, Penal y Laboral-Contencioso Administrativo, nueve Cortes de Apelaciones, 66 Juzgados de Primera Instancia y 325 Juzgados de Paz (Art. 316 constitucional).
El mecanismo de elección de la CSJ desde 1981, se basó en la presentación de una moción en el Congreso, donde un diputado proponía los candidatos, éstos podían ser hasta 100 o más, pero al final de manera directa se escogían nueve de ellos, así como a los siete suplentes; mediante esta modalidad, éste poder solo fue integrado por abogados afines a los partidos Liberal y Nacional.
La Junta Nominadora
Fue el extinto presidente del Congreso, Rafael Pineda Ponce (QDDG), diputado por el Partido Liberal que introdujo a la Cámara Legislativa, el proyecto de ley, que después fue aprobado y que quitó al Congreso la elección directa de los magistrados del Poder Judicial, por consecuencia dio vida a lo que hoy se conoce como Junta Nominadora, integrada por siete sectores.
La reforma constitucional del artículo 205 mediante el decreto 262-2000, del 22 de diciembre del 2000 permite la creación de esta Junta como un ente encargado de presentar al Congreso una lista de abogados no menor de 45 de los cuales se elegiría a los 15 Magistrados, que ocuparían por espacio de siete años con derecho a reelección al más alto cargo del Poder Judicial.
Los magistrados de la CSJ, serán electos por el Congreso, con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de candidatos no menor de tres por cada uno de los magistrados a elegir, indica la Carta Magna en su artículo 311 y añade que una presentada la propuesta con la totalidad de los Magistrados, se procederá a su elección.
Y en caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa (86 votos), se efectuará votación directa y secreta para elegir individualmente los magistrados que faltaren, tantas veces como sea necesario, hasta lograr el voto favorable de las dos terceras partes, quienes serán electos de una lista de candidatos propuesta por una Junta Nominadora.
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Un nuevo mecanismo de elección
Miguel Ángel Rivera (1998 – 2000), muy afín al Ejecutivo liderado por Carlos Flores, fue el último titular de la Corte electo de forma directa por el Legislativo, después de ese proceso entró en escena la Junta Nominadora y la primera elegida mediante este proceso fue Vilma Cecilia Morales (2001 – 2007) en el periodo presidencial de Ricardo Maduro.
Después fueron electos Jorge Rivera Avilés (2008 – 2016) y Rolando Argueta Pérez (2016 – 2023), todos han sido conocidos simpatizantes o cercanos al gobierno en turno, en este caso el Partido Liberal y Partido Nacional respectivamente, ambos marcaron históricamente un bipartidismo que parece se asoma a su final, tras la llegada al poder de Libertad y Refundación (Libre).
Las últimas tres administraciones del Poder Judicial, se han visto envueltas en decisiones incomprendidas que han cambiado el rumbo constitucional, heredando una crisis prolongada que sigue dejando latentes heridas en la sociedad hondureña, desde la orden para sacar del poder al titular del Ejecutivo, permitir la extradición, la reelección presidencial y ratificarla casi de manera inmediata, así como el aval para las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDEs).
Sin ambiente para una Constituyente ¿y después?
Y es que el nuevo Supremo al servicio del partido de gobierno, es una idea que goza de nula o muy poca simpatía en Honduras, es además, un escenario que inquieta y preocupa a los actores políticos en oposición, esto ante la idea que se materialice la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un proyecto de Libertad y Refundación, ahora en el poder.
Manuel Zelaya, separado del Ejecutivo en 2009, cree que la ANC, es el camino para salir de la crisis al país, sin embargo, su oratoria respecto al tema ha cambiado, sin desconocer que el proyecto sigue vigente solo que ahora no hay condiciones ni ambiente para realizarla pero la pregunta es: ¿Sostendrá este discursó con la CSJ controlada por Libre?
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Imposible despolitizar proceso
Proceso Digital analizó este y otros escenarios que rodean la elección del Poder Judicial, con expertos en la materia. Uno de ellos es el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, quien asegura que muchos intereses rodean esta causa, mientras el exdiputado, analista y expostulante Raúl Pineda Alvarado, considera que el ambiente no fue claro y tampoco lo es ahora.
Ambos juristas coinciden en que la elección de Supremo ha sido históricamente una repartición de cargos desde el poder, que se trata de un asunto de mayor interés para los partidos políticos que para el propio gobierno, para defender únicamente sus intereses y que las reformas son necesarias pero creer que éstas despolitizarán el proceso es hasta ahora una utopía.
Pineda como Barrientos, sostienen que el problema no radica en los mecanismos de elección, sino en quienes toman decisiones, en el sentido que, cuando la norma no favorece o no responde a los intereses particulares, se dilatan los procesos promoviendo reformas que puedan que no sean tan elementales, sino la adaptación de la ley a la medida de las expectativas de la clase política.
Raúl Pineda Alvarado, recién participó como postulante al cargo de magistrado, y durante las audiencias públicas aseguró que confiaba en el papel de la Junta Nominadora, más no en el de la clase política del Congreso Nacional.
El mecanismo no es problema
“El procedimiento para elegir a la CSJ ha variado, pero mínimamente porque en el fondo todo es lo mismo, pues la escogencia sigue siendo de carácter estatal y eso no va a variar, la idea de la Junta Nominadora era darle mayor transparencia a la causa, pero es un objetivo nulo mientras los que elijan y nominan, defiendan intereses políticos, económicos, entre otros”, arguyó Barrientos.
El togado citó que el proceso de elección goza de un cierto grado de hipocresía, ya que se reciben las hojas de vidas de los aspirantes, quienes son evaluados y sometidos a una serie de exámenes que al final es una farsa porque hechos recientes indican que no fueron electos los mejores, sino los que más afinidad muestran por quienes ostentan el poder.
El mecanismo anterior tampoco era tan fortalecido, en este las propuestas ya estaban definidas tras mutuo acuerdo con los partidos, la repartición política siempre existió, aunque este, tenía mayor amplitud porque podían más de 45 los postulantes, pero el problema es que no terminan electos los mejores calificados profesionales, sino quien garantice más protección desde el cargo.
Ahora la Nominadora -dice Barrientos- tiene algunos vacíos porque los órganos que la integran pueden en todo momento, ser infiltrados por los partidos, como por ejemplo el Colegio de Abogados, entonces los políticos tienen todo calculado, eso solo demuestra que el problema no está en la Constitución, sino en quienes participan porque no hacen las cosas bien.
Corte Suprema sumisa y débil
Raúl Pineda, fue el diputado que redactó los artículos constitucionales (303-320) que tienen que ver con el Poder Judicial y la creación de la Junta Nominadora, a su juicio en ese momento era una necesidad urgente que se trató de atender de manera prioritaria en el sentido de transparentar el proceso, sin embargo algunos errores se cometieron y hoy pesan respecto a su cumplimiento.
El analista dice que desde entonces las actuaciones de las Cortes Supremas de Justicia, han sido discretas y de modestos desempeños, ya que cuando les tocó sobresalir fue para desafiar la Carta Magna en beneficio del poder y de quienes los patrocinaron para llegar hasta ahí. Tampoco hay que desconocer que todos los procesos de selección han tenido ingredientes dudosos y polémicos.
Pineda cree que en la medida que el crimen organizado siga manteniéndose en el tiempo, serán como un cuarto poder que seguirá haciendo a la Corte más pequeña y débil en su proceder.
Preocupa que los profesionales del derecho que son exitosos, con amplias capacidades para integrar la CSJ, ni siquiera se atreven a participar en el proceso porque todo pasa por un tema de confianza y que al final puede ser el camino para manchar su profesión y honorabilidad, ya que varios de los últimos presidentes estuvieron acusados por corrupción y hasta encarcelados.
Como los procesos ha estado marcados por la polémica por la imposición que se implanta desde los grupos interesados y de poder, quienes hacen valer sus caprichos, eso solo demuestra que los políticos no quieren a los mejores profesionales como magistrados, sino a sus mejores amigos manejando un poder que podría ser determinante para la democracia hondureña. PD
