Tegucigalpa – Otra tanda de 13 aspirantes al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), compareció este viernes ante los miembros de la Junta Nominadora y varios de ellos reprocharon las Zonas Especiales de Desarrollo, abanderaron la defensa de los derechos humanos y el respeto de los tratados internacionales, así como el funcionamiento del Consejo de la Judicatura.
Con estos postulantes al cargo de alto juez de la República, suman 38 en tres días de audiencias públicas previo a al listado final de no menos de 45 aspirantes que deberá ser entregado entre el 17 y 20 de enero al Poder Legislativo.
Como ocurre en todas las comparecencias, hubo participantes que supieron salir bien librados de las interrogantes, otros se fueron por la tangente y simplemente algunos mostraron ser víctimas de los nervios.
En la tercera jornada de audiencias participaron: Marcio Beyran Membraño Villela, Marcio Said Barahona Salgado, Manuel Enrique Cálix Bonilla, Marco Vinicio Montes Tavarone, María de Jesús Palacios Zelaya, Mario Rolando Díaz Flores, Marta Delia Merino Conde, Mario Donaldo Acosta Cárcamo, Marvin Oswaldo Ferrera Alvarenga, Marvin Rigoberto Espinal Pinel, Miguel Ángel Cardona Rivera, Nancy Carolina Sandoval Escoto y Nelson Martínez Reyes Morales.
El primero en comparecer fue Marcio Beyran Membraño Villela, de 44 años, quien ha desempeñado varios cargos en el Poder Judicial, siendo actualmente funcionario de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán. Criticó que siempre han existido preferencias en autoridades de la CSJ para agendar citas a postulantes del examen de execuátur y eso se confirma con la edad de algunos notarios.
Dijo que los nuevos magistrados están obligados a cambiar la percepción de impartición de justicia ante los usuarios judiciales. Propuso hacer una revisión y auditoría sobre las prisiones preventivas vencidas para no seguir violentando derechos, lo que abonaría en bajar la mora judicial.
El segundo en comparecer fue Marcio Said Barahona Salgado, oriundo de Comayagua y actualmente litigante independiente. Se pronunció en contra de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs) porque se cede parte del territorio a privados.
Abogó por la aprobación e implementación de la Ley de Colaboración Eficaz, siempre que se garantice la seguridad de los testigos, lo que ayudaría a empujar algunos casos complejos que se mantienen dormidos en los tribunales de la República.
El siguiente postulante Manuel Enrique Cálix Bonilla, de 52 años, con dilatada trayectoria en el Poder Judicial hasta ocupar el cargo de juez, pero también con experiencia como litigante privado y formador de funcionarios judiciales. “Hasta el día de hoy he mantenido mi criterio, pero si algún día se me acusa prevaricación se me debe juzgar con todo el peso de la ley”, reflexionó.
Consideró que la retribución de los impuestos debe llegar a comunidades recónditas de la nación y no centralizarse solo en las grandes ciudades. Recapacitó que no es construyendo cárceles de máxima seguridad o endureciendo penas que se logra disuadir el delito, por lo que propuso formar mejores ciudadanos con políticas de reinserción ciudadana.
El cuarto abogado en rendir su entrevista ante la Junta Nominadora fue Marco Vinicio Montes Tavarone, graduado como abogado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), con una maestría en derecho empresarial, otra maestría en estudios políticos aplicados, actualmente ejerce la abogacía de forma independiente y es catedrático del Alma Mater, ha asumido dos cargos públicos uno en el Instituto de Acceso a la Información Pública y otro en la Secretaría de Derechos Humanos.
Dijo que el juzgamiento a los altos funcionarios debe de hacerse dentro de un tribunal del mismo Poder Judicial para poder garantizar la independencia de los jueces, en otros países ha funcionado, se puede implementar en el país ante los periodos largos que tienen los magistrados.
La quinta postulante en rendir su entrevista ante la Junta Nominadora fue la abogada María de Jesús Palacios Zelaya, es abogada y notaria, labora en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), tiene posgrados en Economía y Social con orientación en Familia, uno de sus logros es el de haber formado a muchos abogados que hoy también buscan una magistratura.
Esbozó que el acoso sexual es un delito por lo que si llegará una denuncia aplicaría la sanción correspondiente porque no se puede permitir y si la sanción implica despido se tiene que aplicar la misma.
El sexto postulante en las audiencias públicas ante la Junta Nominadora fue el abogado Mario Rolando Díaz Flores, originario de La Libertad, Comayagua, se graduó de maestro y posteriormente de abogado, labora como coordinador de jueces en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que hay dos palabras que lo han seguido a lo largo de su vida y son Libertad y Democracia.
Citó que el principal reto de la próxima CSJ es devolver la credibilidad a la población, hacer que la gente crea en la justicia de Honduras, se necesitan reformas, bajar la mora judicial, por otra parte, dijo que como juez está en la facultad de conocer todo tipo de casos y solo se puede excusar en el caso que su imparcialidad puede estar comprometido, no es ético evitar los casos, no es permitido excusarse solo por evitar un caso determinado.
La séptima audiencia pública ante la Junta Nominadora fue para la abogada Marta Delia Merino Conde, está casada, tiene tres hijas, ha trabajado por 39 años en el Poder Judicial, trabajando de una forma independiente en cada una de sus actuaciones, actualmente labora en la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, asimismo, es catedrática de la Universidad Privada de San Pedro Sula por más de 20 años.
Señaló que cada juez debe de tener capacitaciones y actualizaciones constantes de las reformas a las leyes como una medida para que su independencia judicial esté acorde con la actualidad y los convenios internacionales, así no habría nadie juzgando la independencia que cada uno tiene en sus resoluciones.
El turno le llegó a Mario Donaldo Acosta Cárcamo, oriundo de Silca en Olancho, con 60 años y 30 en el ejercicio profesional, actualmente reside en Roatán. Reconoció que ser funcionario judicial es tener un compromiso con el país las 24 horas y los siete días de la semana. Recapacitó que muchas cosas que no prohíbe la ley, lo prohíbe la moral, es decir que los funcionarios deben autoregularse en el ejercicio de sus funciones.
Presagió que el próximo pleno no logrará erradicar la mora judicial, pero sí bajarla en los altos números que se encuentra. Dijo que en el Poder Judicial hace falta mucha motivación para desarrollar sus funciones, por lo que propone algunos incentivos laborales que no necesariamente se relacionan con dinero.
Al llegar su turno, Marvin Oswaldo Ferrera Alvarenga, Oriundo de Orica, mencionó que se debe atacar el prevaricato que genera inestabilidad en el estado de derecho y la seguridad jurídica. Juró que en el caso de ser magistrado no permitirá imposiciones ni directrices de ningún tipo.
Calificó como una debilidad de la institucionalidad del país que se haya aprobado una reforma constitucional para permitir la extradición de ciudadanos hondureños. “Tenemos que tener la capacidad de juzgar a nuestros propios ciudadanos”, dijo para luego agregar que reducir la mora judicial es el mayor reto a la vista para los nuevos magistrados.
El décimo participante Marvin Rigoberto Espinal Pinel -hijo del extinto jurista Rigoberto Espinal Irías– dijo que los magistrados deben tener un profundo conocimiento del derecho, con la capacidad de aplicarlo, que sea libre y coherente, sin compadrazgos con grupos de poder.
El joven postulante resguardó la defensa de los derechos humanos y dijo que muchas veces se violan estos principios fundamentales con las sentencias obligatorias que no se cumplen. “Es una obligación del estado, no solo social sino moral, de cumplir las sentencias internacionales”, arguyó.
Miguel Ángel Cardona, fue el decimoprimer aspirante a magistrado de la CSJ, con amplia trayectoria en Juzgados de Paz de Santa Bárbara, dijo que se postuló porque goza de aptas capacidades para integrar el Supremo, destacó el trabajo de la Nominadora, por apostarle a abogados sin mancha y de vasta idoneidad para aplicar la justicia oportunamente, pues a su juicio, el detrimento del Estado de Derecho es por la no atención de la Constitución.
Sostuvo que la elección de la nueva Corte Suprema, es una oportunidad para terminar con algunas malas prácticas que han ocurrido en el pasado reciente en materia judicial, mencionó la reelección presidencial, misma que calificó como una aberración jurídica que nunca debió permitirse. Determinó la urgencia de atender la equidad de género y concluye que existe una deuda histórica en la aplicación de la justicia en materia civil y penal.
En el caso de Nancy Carolina Sandoval Escoto manifestó que ha trabajado como defensora privada y asesora en el Ministerio Público. Apoyó la llegada de un mecanismo internacional anticorrupción argumentando porque establecería de una nueva CSJ que sea independiente
Reconoció que la CSJ ha sido “tibia” en no dar una certeza jurídica en el tema del aborto indicando que no hay estamentos sobre la defensa de la vida de un no nacido. “La mujer no tiene derecho sobre el cuerpo de otra persona, tengo derecho sobre mi cuerpo, si hay un niño creciendo dentro de mi vientre no tengo derecho sobre su cuerpo”, declaró en la audiencia.
Mientras que Nelson Martínez Reyes Morales, dijo que el control de constitucionalidad implica en la elaboración de la normativa y su aplicación debe estar a la luz de los convenios internacionales que Honduras ha suscrito.
En se sentido, señaló que el Código Penal tiene una deuda con los grupos vulnerables y los tratados internacionales que Honduras ha suscrito.
Para este sábado está programada la cuarta jornada de audiencias públicas y comparecerán en ese orden: Oliver Erazo Gómez, Raúl Antonio Ramos, Rebeca Lizette Raquel Obando, Sandra Lizeth Avelar Rajo, Tirza del Carmen Flores Lanza, Wagner Vallecillo, Walter Raúl Miranda Sabio, Wendy Carolina Escobar Cantarero y Walton Rolando Bouloy Cabrera.
Esta semana comenzó la última etapa de las audiencias públicas y se prevé que la Junta Nominadora entregue la lista no menor de 45 candidatos al Congreso Nacional el próximo 17 de enero para que “Los Padres de la Patria” elijan a los 15 magistrados que integrarán el pleno de la CSJ en el periodo 2023-2030. PD
Ya comparecieron en audiencias públicas
Miércoles
1. Aída Patricia Martínez Linares
2. Anabelly Suyapa Medina Moncada
3. Ana Pineda Hernández
4. Carlos Alberto Cobos
5. Carlos Alberto Gómez
6. Dunia Aracely Herrera Anduray
7. Edward Terencio Navarro Miranda
8. Edwin Alberto Anemis López
9. Felipe René Speer Laínez
10. Francibel Zepeda Castro
11. Francisca Villela Zavala
12. Francisco Javier Mejía Sánchez
Jueves
13. Gerardo Enrique Gómez Cobos
14. Gessenia López Zepeda
15. Gloria Bertila Oyuela Carrasco
16. Ismael Molina Rodríguez
17. José Luis Arévalo Sandoval
18. José Ricardo Pineda Medina
19. José Luis Valladares Guifarro
20. José Mauricio Salazar
21. Juan Wilfredo Castellanos Hipp
22. Julio César Lagos Reyes
23. Karen Lizeth Martínez Ponce
24. Liliana Patricia Paz Paguada
25. Luis Alonso Discua Cerrato
Viernes
26. Marcio Beyran Membraño Villela
27. Marcio Said Barahona Salgado
28. Manuel Enrique Cálix Bonilla
29. Marco Vinicio Montes Tavarone
30. María de Jesús Palacios Zelaya
31. Mario Rolando Díaz Flores
32. Marta Delia Merino Conde
33. Mario Donaldo Acosta Cárcamo
34. Marvin Oswaldo Ferrera Alvarenga
35. Marvin Rigoberto Espinal Pinel
36. Miguel Ángel Cardona Rivera
37. Nancy Carolina Sandoval Escoto
38. Nelson Martínez Reyes Morales
