Tegucigalpa – La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) e integrante de la Comisión Legislativa para investigar los procesos de extradición, Maribel Espinoza denunció este martes que las anteriores autoridades de la Cancillería extraviaron documentos relacionados a pedidos de connacionales por delitos de narcotráfico.
– Urge la instalación de la CICIH para investigar actos de corrupción de las anteriores autoridades de gobierno, dijo la legisladora.
– Los documentos desaparecieron de la Cancillería antes de irse (sus autoridades), apuntó.
Acusó que “la anterior administración de la Cancillería perdió documentos y el actual Canciller (Enrique Reina) nos informó que incluso ha pedido reconstruir algunos expedientes porque obviamente no los tienen todos”.
En entrevista con la radio HRN, la diputada Espinoza denunció que existe una discrepancia notable entre las órdenes de capturas en poder de la Policía que son superiores a las que maneja la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“La conclusión que tenemos es que durante el gobierno de Juan Orlando Hernández se ocultó la información sobre extradiciones al pueblo de Honduras”, enfatizó la congresista.
Dijo que el excanciller Lisandro Rosales pudo haber incurrido en delitos al ocultar la información, es por ello -dijo Espinoza- pedirán al Ministerio Público que inicien la investigación para indagar sobre la documentación extraviada en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Insistió que “no calzan ningunas de las cifras”, para luego agregar que “ni siquiera podemos asegurar el número de solicitudes de extradición que llegaron a la Cancillería porque desaparecieron los documentos. La Corte solo reconoce 97 y la Policía reconoce que existen 98 solicitudes de extradición”.
Otra discrepancia es que la Policía Nacional tiene 41 órdenes de capturas pendientes, en tanto la CSJ dice que solo son 32, “hay una diferencia de nueve órdenes de captura que no se sabe cuáles son”, dijo.
La legisladora por el departamento de Yoro, anunció que la Comisión Legislativa analiza si se interpela al presidente de la CSJ, Edgardo Argueta Pérez, o en su defecto se recomienda un juicio político en su contra, pero para este extremo se ocupan 86 votos de la Cámara. JS
