A diferencia de otras protestas similares, estas no han provocado la intervención de la Policía, a pesar de la toma de carreteras y entradas y salidas de las principales ciudades del país.
Algunos sectores afirmaron que la movilización es apoyada, incluso económicamente, por el Gobierno que preside Manuel Zelaya, lo que no ha sido desmentido ni confirmado por la Casa Presidencial.
Un oficial de la Policía que pidió el anonimato, comentó a Acan-Efe que «esta vez tenemos órdenes de no desalojar a los manifestantes», aunque «nos sorprende esa decisión porque han obstaculizado la circulación de personas y paralizado el tráfico de vehículos en varias zonas del país».
En la región central del país, centenares de vehículos, entre particulares y del transporte interurbano y de carga, no han podido circular por la toma de la carretera principal que comunica la capital hondureña con San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes de Honduras.
En Tegucigalpa, luego de bloquear algunos bulevares, los manifestantes marcharon con mantas y pancartas hasta el centro de la ciudad para solidarizarse con una huelga de hambre que hace 38 días inició un grupo de fiscales que exigen el cese de la corrupción en el Ministerio Público.
Los fiscales permanecen en la planta baja del edificio del Parlamento hondureño.
Una de las principales exigencias de ocho fiscales y una treintena de personas particulares es la suspensión del fiscal general del Estado, Leónidas Rosa, y el fiscal adjunto, Omar Cerna, asunto sobre el que se discute con el Parlamento.
El minoritario Partido Unificación Democrática (UD) expresó su solidaridad con los fiscales en huelga, quienes también demandan «que se de trámite a los expedientes por actos de corrupción cometidos por varios ex altos funcionarios públicos, diputados y reconocidos empresarios».
Esos empresarios son miembros de los tradicionales partidos Liberal, en el poder, y Nacional, primera fuerza de oposición, que durante un siglo han gobernado en Honduras, subrayó el UD en un comunicado.
El UD también exigió al Gobierno «parar la voracidad de algunos empresarios y dejar sin valor y efecto los injustificados incrementos a los precios de los productos de la canasta básica popular, así como los desmedidos incrementos de los servicios públicos, especialmente el de la energía eléctrica».
A la protesta de hoy se han sumado los maestros del sector público, lo que ha afectado a más de dos millones de estudiantes de escuelas y colegios, que ya se han visto afectado por otras protestas.
El ministro de Educación, Marlom Brevé, dijo hoy a periodistas que cada día que los alumnos no reciben clases se pierden 50 millones de lempiras (unos 2,6 millones de dólares).
