Sobre todo, reiteraron, la medida ha abierto las puertas para que algunos empleadores abusen de los indocumentados con bajos salarios y malas condiciones laborales, porque saben que éstos por temor no los denunciarán.
El grupo, que portaba carteles con mensajes de «derechos iguales para todos los trabajadores» y «eliminemos la ley de sanciones», envió el pasado martes una carta a los aspirantes demócratas Hillary Clinton y Barak Obama y al candidato republicano John McCain en la que señalan que los tres han hablado de la necesidad de fortalecer la ley de sanciones al empleador.
Tosh Anderson, que firma la carta en nombre de la Alianza, comentó a Efe que a pesar de que en este momento no hay un debate migratorio, será retomado bajo una nueva presidencia, por lo que piden a los aspirantes que cambien su posición y deroguen el estatuto en lugar de fortalecerlo.
La misiva señala además que la ley de 1986 hace a los indocumentados más vulnerables a la explotación y a ser víctimas de empleadores sin escrúpulos.
En lugar de ser una medida que mejore las condiciones de trabajo, uno de sus propósitos al ser creada, ha contribuido al deterioro de las condiciones de empleo y vida de los obreros, indica Anderson a los aspirantes presidenciales.
Los activistas argumentaron además que la ley no ha detenido el flujo migratorio ni a los patrones de contratar indocumentados. Por el contrario, alegaron, «criminaliza» a los inmigrantes.
En la rueda de prensa se expuso el caso del mexicano Adolfo López, quien durante tres años trabajó 12 horas diarias en un restaurante llevando comidas a domicilio y limpiando el establecimiento por sólo 15 dólares al día «por no tener papeles», mientras que a los residentes legales les pagaban 25 dólares.
«La ley nos afecta a todos. Todos tenemos derecho a trabajar ocho horas y compartir con nuestras familias porque muchos trabajan hasta 12 horas al día y no lo pueden hacer», indicó López.
En la misiva enviada a Clinton, Obama y McCain se cuestiona a los aspirantes si es esto lo que realmente quieren para la nación y les recuerda que comerciantes, sobre todo las pequeñas empresas, trabajadores y grupos de derechos civiles se oponen a dicha ley.
«¿Por qué ustedes persisten en decir que medidas como fortalecer las penalidades y la verificación por computadora de la identidad son la respuesta?».
«Asegurar que todos los trabajadores tengan igualdad de derechos en su lugar de empleo es la respuesta», afirmaron.
