Urtecho dijo que el pronunciamiento emitido ayer se limita a “respetar la constitución y las leyes (…)” y las obligaciones de los funcionarios “de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leye”.
“En base a esto respetamos las declaraciones del primer mandatario, el ciudadano Presidente y nosotros nos atenemos a lo que es la Constitución y la Ley del Ministerio Público nos da en nuestras atribuciones al respecto”, dijo en una entrevista a ala emisora HRN.
Consultado sobre si hay o no argumento en el sentido de que por no ser un ente político el Ministerio Público no tiene por qué estar opinando sobre asuntos eminentemente políticos, Urtecho dijo que “Esas son valoraciones que debemos respetarles a todos los ciudadanos del país y en especial al ciudadano Presidente de la República”.
“Nosotros como conocedores de la Constitución y respetuosos de las mismas, sabemos las atribuciones que nos competen como Ministerio Público”.
Apuntó que el pronunciamiento tuvo como objetivo advertir y prevenir “a todos los funcionarios y empleados públicos que la participación en actos, en acciones orientadas a ejecutar la consulta que implica reformar o derogar la Constitución en franca rebeldía contra lo expuesto en los artículos 5 y 374 en la Constitución de la República, los expone a todos y cada uno de ellos a ser objetos de la respetiva investigación penal, y en su caso la presentación de requerimiento físico y fiscal a fin de que la autoridad judicial competente les imponga el castigo previamente establecido en la Ley Penal”.
Eso es “o que se sustrae del pronunciamiento público que hicimos el día de ayer en horas de la mañana, una advertencia y una prevención a cualquier funcionario o empleado público y de eso nos limitamos nosotros como Ministerio Público a exponer o manifestar en el caso particular que la sociedad conoce”, dijo.
%26nbsp;Reiteró lo expuesto en el pronunciamiento referente a que “ni la Constitución de la República ni la Ley Electoral y de las Organizaciones políticas concede al Presidente la facultad de practicar ninguna acción de consulta electoral, pues esta solamente pueden efectuarse en el marco de la Ley o del Tribunal Supremo Electoral para todo lo relacionado con los procedimientos electorales de conformidad con los artículo 5 y 51 de la Constitución de la República”.
Sobre el tema, el asesor presidencial y presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), Milton Jiménez, dijo: “Me parece que hay una tendencia a complicarse y a no analizar con detenimiento lo que el Poder Ejecutivo o lo que cualquier sector de la sociedad hondureña quisiera a este respecto”.
“Eso me parece una premisa fundamental, y mientras no se establezca en una Ley secundaria a quien le correspondería la realización o la ejecución de estas dos figuras de consulta popular pues indudablemente cualquier ciudadano, cualquier sector de la sociedad hondureña puede perfectamente bien invocar estos principios para el servicio de este derecho constitucional”.
“Estos son aspectos fundamentales, pero el otro aspecto que me parece importante es el derecho de que la convocatoria que ha hecho el Poder Ejecutivo para el último domingo del mes de junio, tiene una connotación eminentemente política, nadie ha dicho que esto tenga una connotación jurídica en el sentido que va provocar o va a derivar consecuencias de esta naturaleza, es decir las convocatorias de carácter político es parte de un derecho inconstitucional de cualquier ciudadano”, señaló.
Para Jiménez una consulta de esta naturaleza no tiene ninguna consecuencia jurídica, y la puede convocar cualquier ciudadano, no solamente del Poder Ejecutivo, cualquiera podría convocar, pedir el auxilio de ciertas autoridades para ello y no vemos nosotros por qué tenemos que complicarnos con relación a ello, por supuesto que si se produce como en efecto se va producir esta consulta va haber evidentemente una manifestación de una voluntad popular…
“Yo no veo qué consecuencias jurídicas, y si el Ministerio Público considera que el Ejecutivo, que los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo estamos avalando con toda la firmeza una consulta de esta naturaleza hemos incurrido en algún tipo de quebrantamiento del orden penal, pues simple y sencillamente lo que el Ministerio Público tiene que hacer es proceder…”, anotó.
“En ese sentido yo coincido con el Presidente de la República (Zelaya), en el sentido de que el Ministerio Público es un órgano eminentemente jurídico y no político, si hay consecuencias jurídicas inmediatas que puedan ser de alguna manera que puedan hacer efectivas ante los Tribunales de Justicia pues simple y sencillamente se hacen”.
Jiménez dijo que “no hay ningún temor, no consideramos que estamos actuando de forma ilegal, todo lo contrario estamos de alguna manera interpretando ese sentir y pensar de las grandes mayorías del pueblo hondureño que muchos de ellos no tienen la posibilidad de acceder a un medio de comunicación o a una instancia como por ejemplo el Congreso Nacional , o específicamente el Ministerio Público, pero que tienen también tiene sus formas de expresión por diversas vías y nosotros estamos interpretando, si en el momento determinado no hay un respaldo popular pues simple y sencillamente no pasa absolutamente nada en el país”.
%26nbsp;Los que nos movilizamos por todo el territorio nacional, los que estamos permanentemente en consulta con el pueblo hondureño estamos consientes de que hay una necesidad que el sistema en Honduras se reforme, de que tomemos ahora las medidas de precaución para que en el futuro no sean otros los mecanismos por los cuales el pueblo hondureño exprese su inconformidad, dijo.
“En lo absoluto es atentatorio con las normas de carácter constitucional, todo lo contrario, lo que se pretende es que esas normas tengan una aplicación práctica y que el pueblo hondureño se exprese libremente, no es Honduras el único país en el mundo, hay otras sociedades mucho más avanzadas que la nuestra, en las que a la par de un proceso electoral se hacen consultas de diversa índole”, reiteró.
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