Esta es una de las conclusiones de “La veeduría social al sistema educativo de Intibucá”, que se realizó en la gestión educativa de cinco municipios de ese departamento, bajo la coordinación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), el Espacio Regional de Concertación de Intibucá y el Programa de “Cara a la Ciudadanía No. 10”.
Según la investigación, hecha pública hoy en Tegucigalpa, estas violaciones y discriminaciones se dan también a nivel de castigos físicos y sicológicos, con el agravante que muchos de los menores por tener problemas de discapacidad no son aceptados en las aulas por los docentes, quienes se resisten a matricularlo, violentando así el principio constitucional de una educación equitativa para todos y todas.
La veeduría social encontró también que muchos docentes son impuntuales en sus clases; no cumplen los horarios establecidos, no se incorporan a los programas de alfabetización de adultos; no aplican métodos pedagógicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La Veeduría fue efectuada por un equipo de 80 voluntarios de más de 15 municipios que conforman el departamento de Intibucá, agrupados en el Espacio de Concertación Regional de Intibucá.
A nivel político se reproducen en la zona los mismos vicios que parecen caracterizar en los últimos años la impartición de la Educación en el país: politización de plazas, favores sexuales a cambio de otorgarlas; el no respeto a los Concursos, un clientelismo magisterial para favorecer parientes, amigos, no existe un proceso de evaluación continua, entre otros.
En materia de rendición de cuentas y transparencia, la Veeduría reflejó que en los casos de la Matrícula Gratis y la Merienda Escolar, la opacidad y la discrecionalidad en su manejo es, al parecer, la política que más aplican los docentes y autoridades. Se resisten a la cultura de hacer público lo público.
La Veeduría recomienda un mayor involucramiento del gobierno local, padres de familia, docentes y autoridades en la vigilancia, monitoreo y participación acerca de la calidad educativa y formativa de los alumnos. Esta recomendación aplica para el nivel educativo nacional.
La Secretaría de Educación debería apoyar más el trabajo de las Direcciones Departamentales para un mejor cumplimiento del desempeño docente en sus funciones laborales y educativas, así como de evaluación de la calidad en la Educación.
La Veeduría social recomienda también a la Secretaría de Educación el pago de los salarios a los maestros de la zona, al encontrarse casos de docentes que a lo largo del 2008 no recibieron ninguna remuneración mensual por su trabajo.
Uno de los consensos a los cuales llegó la Veeduría al concluir su trabajo de monitoreo es que existe entre las personas consultadas: docentes, alumnos, autoridades y padres de familia, un rechazo y cansancio ante las constantes huelgas magisteriales y la pérdida de clases. Piden que se respeten los 200 días mínimos de clases.
Los gremios magisteriales no deben mostrar resistencia ante la auditoria social, y en este ejercicio de veeduría se recomienda para acciones futuras un mayor acompañamiento y compromiso de su parte en la rendición de cuentas.
Otra conclusión es que los procesos de veeduría social como el realizado por el Espacio de Concertación Regional de Intibucá, deben ampliarse a los 18 departamentos del país como mecanismo para promover una cultura de la transparencia, rendición de cuentas, así como la participación ciudadana en los asuntos de gestión e interés público, como el tema de la Educación, por ejemplo.
Los procesos de auditoria social a la calidad, pertinencia y equidad en la Educación deben ser acompañados por las Organizaciones de la Sociedad Civil, ya que el Estado por sí mismo no tiene capacidad para cubrir todo. La Secretaría de Educación mostró su anuencia a acompañar estos procesos y abogó por la realización de un Pacto Social en la Educación para devolverle la gobernabilidad al sistema educativo del país. La Educación es el pilar fundamental del desarrollo de una nación.
Asimismo insta al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a profundizar su compromiso con estas iniciativas de auditoria social y rendición de cuentas, como parte de su mandato legal de contribuir a la lucha contra la corrupción y la promoción de una cultura de acceso a la información pública. También, se exhorta a los maestros conscientes a apoyar las iniciativas de mejora de la calidad educativa, más allá de reivindicaciones salariales gremiales. Los docentes comprometidos con Honduras deben retomar el liderazgo en sus gremios para apostar a un país con mayor democracia y participación ciudadana.
