Tegucigalpa – El coordinador de Tribunales de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, prevé que la mora judicial aumentará durante el presente año debido que no se realizaron muchas audiencias ni juicios por la pandemia de la COVID-19.
– La CSJ retoma sus labores este miércoles tras el receso de fin de año.
Argumentó que la pandemia provocó que se suspendieran totalmente las labores presenciales en el Poder Judicial por varios meses, igualmente tras la reincorporación todo fue restringido.
“La mora que veníamos arrastrando en años anteriores se va aumentar drásticamente porque hubo suspensión total de labores varios meses y cuando se produce la incorporación, no se hizo al 100 por ciento porque había restricciones”, declaró en una entrevista con Proceso Digital.
Reiteró que las agendas previstas en 2020 no se cumplieron a cabalidad.
Díaz manifestó que hay restricciones de empleados en el desarrollo del juicio oral y público porque son adultos mayores o presentan una enfermedad de base.
En cuanto al delito de la violencia contra las mujeres, Díaz justificó que muchos de estos casos no llega a judicializarse porque la víctima desiste de continuar con el proceso judicial y es desestimado por falta de prueba.
“Cuando ocurre el acto de violencia contra la mujer viene un proceso de conciliación de la pareja o de convencimiento de los familiares, sea del varón que es el agresor o la mujer que es agredida lo que impide que el proceso continúe porque afectará a ellos mismos o a sus hijos”, expuso.
Casos de corrupción
En referencia a los casos de corrupción, el juez consideró que son los más difíciles de probar por el ente acusador en los tribunales.
“Las personas que están vinculadas en estas acciones delictivas son personas de alto poder político y económico, con eso existe una desventaja de parte de los juzgados o tribunales, en el sentido que no es lo mismo juzgar al que se robó una gallina a esta persona de alto poder”, aseveró.
Indicó que en este tipo de casos hay redes de corrupción que buscan esconder las pruebas que los puedan comprometer, causando que el proceso investigativo sea complejo.
En ese sentido, Díaz sugirió mejorar los mecanismos de investigación y recolección de pruebas, con el objetivo que sea fácil juzgar un caso de corrupción.
Puntualizó que en la realidad, ningún ciudadano es igual ante la ley “quien tiene la posibilidad de conseguir abogados de alto perfil tienen más posibilidades de salir libres de alguien que se ha robado una gallina”.
Bajo esta premisa, el coordinador de Tribunales de Sentencia reconoció que las cárceles serán pobladas por personas pobres, y pocas ocasiones, un sujeto de los círculos del poder político y económico llegará a ser encarcelado.
No obstante, reflexionó a que Honduras debe aspirar para que la justicia del país castigue a las personas de los altos poderes políticos y económicos cuando cometieran actos delictivos.
Referente a los casos mediáticos de corrupción en la que se ordenaron repetición de juicios orales u obtuvieron sobreseimientos definitivos, Díaz respondió que es parte del proceso penal.
“La sentencia que emite un juez de primera instancia puede ser revisada por el organismo superior, es una de sus atribuciones revisar las sentencias porque las partes han considerado violación del derecho penal o del proceso”, argumentó.
Cabe recordar que varios casos de corrupción que implicaban funcionarios o diputados, en 2020 fueron absueltos o sobreseídos.
En otro tema, Díaz consideró que se tuvo que nombrar otro Consejo de la Judicatura de la Carrera Judicial cuando renunciaron los miembros anteriores y se dio por finalizado este ente del sector justicia.
Señaló que la Constitución de la República establece que el Consejo de la Judicatura debe administrar los recursos del Poder Judicial, para diferenciarse en el titular de este poder del Estado en el manejo de la parte administrativa y jurisdiccional.
Díaz reconoció que es importante que el Poder Judicial cuente con un Consejo de la Judicatura que está contemplado en la Ley de la Carrera Judicial.
Recursos y prisión preventiva
El profesional del derecho requirió la necesidad que el Poder Judicial cuente con más personal para atender la gran demanda de las causas judiciales que se interponen en Honduras.
Reveló que en el Tribunal de Sentencia se reportan ingresos de 100 casos más cada año, lo que indica que crece la carga laboral y no así el personal que las conoce.
Igualmente, Díaz reconoció que muchas veces existe “un litigio malintencionado”, es decir que los abogados privados agotan todos los recursos legales con el propósito de conseguir que se venza la prisión preventiva en muchos de los casos.
El abogado también aceptó que los recursos del Poder Judicial son limitados ejemplificando que en Tegucigalpa solo contaba con un carro para traslados de los imputados, entre otras limitaciones que no permiten un mejor accionar de los entes operadores de justicia.
JS
