San Salvador – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ofreció a mediar en la crisis política que vive El Salvador tras el ingreso del presidente del país, Nayib Bukele, con militares y policías armados al Congreso el domingo, informó este miércoles el líder del órgano Legislativo, Mario Ponce.
El presidente del Congreso aseguró a periodistas que existe un ofrecimiento de la ONU para enviar a un representante «de alto nivel» para tratar de entablar un diálogo entre los tres órganos de Estado.
Ponce señaló que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, «tenía conocimiento de la situación y estaba en la disposición de enviar una persona, un funcionario de alto nivel, a colaborar para que se estabilice la situación».
Explicó que el martes se reunió con la representante de las Naciones Unidas en el país, Georgiana Braga-Orillard, quien le manifestó que «hará todos sus esfuerzos y en los próximos días vendrá un representante del secretario general» para «entablar un diálogo entre los tres presidentes de los tres órganos de Estado».
Los diferentes líderes de las fracciones legislativas del Congreso se reunieron la mañana de este miércoles con los embajadores de diversos países para exponer su versión de los hechos registrados el domingo en el Palacio Legislativo.
El diputado opositor Ernesto Vargas señaló que mostraron a los representantes diplomáticos algunas grabaciones de los hechos del domingo en la sede parlamentaria.
«Se han colocado videos en los cuales se les hace ver los hechos que sucedieron, la invasión de personas fuertemente armadas al recinto legislativo», manifestó a periodistas Vargas, general retirado y diputado por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).
Añadió que con la presentación de los videos pretenden que los embajadores «vean los hechos, no que se los contemos, y que ellos comuniquen a sus correspondientes países de la manera que ellos estimen conveniente».
El Salvador aguarda a que los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelvan una demanda de inconstitucionalidad relacionada con la actuación del mandatario.
Los juzgadores, en una resolución de admisión de la demanda emitida el lunes, prohibieron a Bukele utilizar al Ejército para «actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos».
El Gobierno manifestó mediante un comunicado de prensa que no comparte la decisión judicial, pero que acatará las medidas cautelares.
La tensión entre los órganos Ejecutivo y Legislativo se dio tras la negativa de los diputados de aprobar un préstamo de 103 millones de dólares para un plan de «control territorial», al que Bukele atribuye una baja en los asesinatos en 2019.
