Por un lado, las comunidades de zonas mineras rechazan la explotación a cielo abierto y exigen más beneficios fiscales a las compañías, y por otro, la falta de una normativa clara ha hecho que varias empresas extranjeras desistan de invertir en Honduras.
Y mientras continúan los desacuerdos, minerales como el oro alcanzan precios exorbitantes que pudieran representar más ingresos para el fisco.
DEMANDAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
La vicepresidenta de la Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, Xiomara Gaitán, dijo que en la nueva propuesta de ley introducida recientemente al Congreso Nacional se contempla «que se suba el canon, ya que en la actualidad se está pagando aproximadamente el 3%, y cuando (se emitió) la ley que está vigente hasta este momento valía la onza de oro 182 dólares».
Sin embargo, «a este momento la onza de oro vale aproximadamente casi 1,500 dólares y ellos siguen pagando un 0.3% de impuesto al país, dinero que ni siquiera llega a las comunidades», señaló.
Sostuvo que las comunidades donde hay extracciones de mineral «están siendo afectadas en lo que es el término salud, en la economía», por lo que esa agrupación no pretende reformas a la actual ley, sino una nueva.
«Queremos una nueva Ley de Minería que sea de un beneficio para todos y que sea el Gobierno el responsable de hacer las supervisiones correspondientes», apuntó Gaitán.
A su criterio, no se pueden introducir mecanismos que flexibilicen los impuestos en función de las fluctuaciones del oro en los mercados internacionales.
«La Ley de Minería no puede ser retroactiva, jamás de la vida y el oro jamás va a bajar de precio, no nos engañemos, el oro siempre va hacia arriba», afirmó.
Señaló que por eso es que las empresas mineras «por todos los medios de comunicación tienen sus propagandas, ellos están por caerle a Honduras a hacer las explotaciones mineras».
La dirigente sostuvo también que en «Honduras prácticamente está concesionada gran parte del país, porque Honduras tiene mucho oro, ya no como antes, que habían grandes vetas, está disperso».
«Pero el método que ellos nos quieren hacer es a cielo abierto y es altamente contaminante; entonces nosotros nos oponemos a eso, a que se usen las sustancias tóxicas», indicó.
Aseguró, sin embargo, que «sí queremos que el país se beneficie de alguna manera y que esto sea trasladado a las comunidades, que ahorita no están recibiendo ningún beneficio».
BUENOS PRECIOS
Por su parte, el asesor legal de las empresas mineras, Santos Gabino Carvajal, reconoció que «la industria minera actualmente, en el mercado internacional de metales, es una industria que está en su mejor momento, a los extremos de que los precios están de manera sostenida en el mercado internacional».
Enfatizó que «una empresa minera es una empresa como cualquier otra, no ha pagado un 3% como se decía por ahí, sino que paga los impuestos que paga cualquier empresa».
Entre esos tributos mencionó Impuesto sobre la Renta, canon territorial y un canon por hectareaje, y además de financiar programas de responsabilidad empresarial en las comunidades.
Carvajal lamentó que «hay también otros datos que están muy tergiversados, como el hecho de decir que el país está concesionado a compañías mineras, cuando la verdad actualmente Honduras sólo tiene 5 compañías mineras».
Esas empresas son American Pacific (AMPAC) en El Mochito, San Andrés en Copán, El Corpus en el sur, Entre Mares en San Ignacio y Canteras en Agalteca, mencionó el profesional.
«Esto es todo lo que queda en Honduras», dijo Carvajal, y a renglón seguido preguntó: «¿Por qué se han ido las compañías a otros países?, precisamente porque no hay un marco jurídico que les permita hacer con claridad, con transparencia, lo que es una explotación técnica, científica, moderna y controlada».
Por tal razón, insistió, es que «tenemos la necesidad de dotar a Honduras de un marco jurídico adecuado, que permita la competitividad en el mercado internacional, porque al mismo momento en que Honduras tiene yacimientos metalíferos también hay yacimientos metalíferos en todos los países del mundo».
«Y todas las compañías irán a trabajar en aquellos países que les permitan hacer sus operaciones en un marco y en un mercado de competencia», advirtió.
Recordó que las empresas llevan varios años discutiendo la nueva Ley de Minería con distintos sectores, como organizaciones ambientalistas y hasta la iglesia católica.
El asesor de las mineras indicó que en ese diálogo «ya hay un consenso sobre la participación ciudadana para evitar la especulación, es decir que los pobladores cercanos a los yacimientos tengan participación, conozcan y sepan qué es lo que se va hacer, cómo se va hacer y para qué se va hacer, y cuánto van a obtener de un proyecto minero en sus propias comunidades».
DEFINICIÓN DE IMPUESTOS
Sobre el aumento de los impuestos, informó que el análisis ha partido del nivel que se paga en cualquier país latinoamericano.
«Se hizo una media, la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) hizo un estudio sobre qué es lo que pagan los países tradicionalmente mineros, qué es lo que pagan los países mineros latinoamericanos y se dijo que Honduras no podía pagar menos de lo que están pagando como media los países latinoamericanos», explicó.
Un incremento, por tanto, «significa una mayor cantidad de dinero que ingresará a las arcas del Estado en beneficio de las finanzas públicas», apuntó.
Carvajal aseguró que, a pesar de los buenos precios externos de los minerales, «no tenemos en este momento grandes exportaciones de minerales. ¿Por qué?, porque solamente hay 5 empresas trabajando y una de ellas ya no está haciendo trabajos mineros».
Indicó que las compañías mineras cumplen con el pago de sus impuestos y puso como ejemplo que «el 2009-2010 se pagaron, sólo por Impuesto sobre la Renta, 200 millones de lempiras».
«Pero también se pagaron 300 millones de los proveedores locales, se pagaron 25 millones a cada comunidad donde hay un proyecto minero y explotación y se pagaron 6 millones mensuales por planilla de nuestros empleados», añadió.
«O sea que las cantidades son grandes aún cuando las explotaciones son pocas», destacó.
«Pero esto es debido a que los precios de los metales en el mercado internacional están altos» y esto hace que una «mayor cantidad de impuestos se le paga al Estado, más salarios se le pagan a los empleados y mayores proyectos de beneficio a las comunidades cercanas a las minas, se desarrollan y se otorgan», dijo.
DESINFORMACIÓN Y BENEFICIOS
Carvajal pidió que se visiten las comunidades mineras como El Mochito, San Andrés o San Ignacio, «para que la gente se dé cuenta que muchas de las cosas que se dicen son por desinformación y algunas por maldad o por malicia».
Aseguró que los estudios indican que «últimamente los pueblos mineros es donde hay mayor circulante, porque hay mayor pago de planillas».
El abogado de las mineras expuso que en la nueva legislación «se están aumentando los impuestos y los pagos a la municipalidad casi en un 300%», lo cual es «mucho más de lo que se ha estado pagando hasta ahora, como lo decía, vamos a pagar en la media del país Latinoamericano que más pague».
Añadió que «la idea es dotar al país de una nueva ley o marco jurídico, es decir una Ley Minera, un reglamento de la ley y un Manual de Política Minero-Ambiental; eso significa tener un entorno jurídico que permita todos los controles que le den al país la oportunidad de beneficiarse» de su potencial minero.
Respecto al rechazo de las comunidades al método de minería de cielo abierto, Carvajal justificó que así lo impone la naturaleza de los yacimientos.
«El punto que deben de saber las personas que hablan de minería es que el método, ya sea a cielo abierto o subterráneo, no lo deciden las compañías mineras, no lo decide la ley, no lo decide el Gobierno, no lo deciden los pobladores; lo decidió Dios hace millones de años cuando hizo el globo terráqueo e hizo el depósito de los minerales», expresó.
El profesional dijo que los depósitos «que son subterráneos solamente se pueden explotar por lo que se llama minados subterráneos», y a cielo abierto «el que está en la superficie terrestre, como en la arena, pepitas, hilos, y están diseminados en grandes porciones de tierra, pero en la parte alta de la superficie».
Carvajal mencionó que «el oro hondureño casi en un 70% no se puede explotar si no es por el sistema de cielo abierto, porque las vetas son pocas».
«Lo que hay bastante es mineral diseminado en polvo en distintos lugares del país, principalmente de Olancho, El Paraíso, Valle, Choluteca, Copán y otros departamentos», prosiguió.
Entonces, remarcó Carvajal, cuando se dice que «no queremos que haya minería a cielo abierto es un cierto grado de ignorancia que se debe de aclarar muy bien».
«No se decide por parte de la empresa ni por parte del Gobierno dónde hacer minería subterránea, dónde hacer minería a cielo abierto, porque eso está decidido por la propia naturaleza en función de cómo está distribuida la riqueza mineral en el territorio nacional», concluyó.
