Agentes, oficiales y policías de escala básica que han pasado a condición de disponibilidad y otros que han sido despedidos de la institución se unieron para entablar acciones legales contra el actual director de la Policía, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, y el secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, por las acciones basadas en un Decreto Especial de Depuración Policial que establece las pruebas de confianza como instrumento para medir la idoneidad de los elementos de la carrera policial.
La representante del más de un centenar de los demandantes, Gladys de Montoya, explicó que el recurso de inconstitucionalidad es contra los decretos aprobados para la depuración policial.
“Nos enfrentamos a una situación política, estos decretos se hacen cuando no hay capacidad para hacer las cosas. Se trata de defender la Constitución como lo hicimos en 2009 cuando el ex presidente Mel Zelaya quiso violentarla”, afirmó la profesional del derecho.
Agregó que “estos decretos violentan la moral y todas las garantías de la Constitución, se violenta el debido proceso suspendiendo una Ley de Policía y dejando un decreto violatorio”.
Unos 99 oficiales han pasado a condición de disponibilidad en la Policía hondureña por haber reprobado las pruebas de confianza que incluyen el polígrafo, estudios socioeconómicos, entre otros.
