Tegucigalpa – El plazo para la publicación de las encuestas que miden el comportamiento electoral, se ha agotado y a partir de la medianoche de este jueves queda prohibida su divulgación.
Prohibiciones y sanciones
El cronograma electoral establece que 30 días antes de las elecciones queda prohibida la publicación de encuestas y sondeos de opinión y quien se atreva a hacerlo quedará expuesto a una multa de 200 a mil salarios mínimos.
En ese sentido, si alguna empresa que no está registrada en el TSE viola la prohibición “incurrirá en delito electoral sin perjuicio del doble de la multa”, establece la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
El TSE registró más de 10 empresas que durante el año se dedicaron a hacer encuestas entre la población en edad electoral.
Las encuestas generalmente marcan una tendencia de la intención del voto y sirven a los políticos para reforzar aquellos sectores donde están débiles.
El magistrado del TSE, Enrique Ortez Sequeira, informó que ese organismo está investigando una denuncia de una empresa encuestadora que asegura se está utilizando su nombre para divulgar los resultados de un sondeo de opinión.
Si se comprueban esos extremos, los responsables incurrirán en delito electoral y se expondrán a una multa millonaria, advirtió el funcionario.
En América Latina, es común la realización de sondeos de opinión mediante llamadas telefónicas y cara a cara.
La redacción de un sondeo puede incluir sesgos, dado que el sesgo puede estar en la opinión. Por ejemplo, es más probable que el público indique su apoyo por una persona que es descrita por el operador como uno de los «candidatos que lideran la elección». Esta pregunta en sí mismo oculta un sesgo sutil por un candidato, al agrupar a algunos candidatos en una categoría «otros» o viceversa.
¿Confianza?
Para el sociólogo hondureño, Eugenio Sosa, la publicación de encuestas, genera un nivel de desconfianza y de mayor pérdida de credibilidad hacia los partidos políticos, hacia los candidatos, pero ahora hasta para las mismas firmas encuestadoras debido a que se ha comprobado cierto grado de manipulación.
“Todas las encuestas pueden fallar, las encuestas sólo capturan documentos y la realidad es dinámica, puede cambiar y todas las encuestas tienen un margen de error que puede ser de 3.5 que es lo aceptable hasta 0.5 por ciento, pero cuando la realidad está fijada por resultados tan visibles, sencillamente la ciudadanía se va a convencer por sí misma”, explicó.
Apuntó que a estas alturas, los partidos, candidatos y la misma ciudadanía, tiene claro que las encuestas después de ser un instrumento de orientación política, se han convertido en parte de la propaganda o de la campaña, en la denominada “guerra de encuestas”.
Señaló que en el país hay una percepción equivocada en torno a pretender que una encuesta mide un resultado final, pero dijo, al par está creciendo el nivel de conciencia entre el electorado.
Autorización
Las firmas encuestadoras han sido autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), trámite que se hace, según la ley, para garantizar que los estudios son correctos y con base científica.
La Ley Electoral también obliga a estas compañías a no publicar resultados sobre la intención de votos, 30 días antes de las elecciones generales, pero usualmente esta medida no se cumple.
Comités de ética
Según Sosa, las encuestas teóricamente no deberían estar muy reguladas porque la regulación extrema, limita la libertad de pensamiento, de investigación, de conocimiento y de expresión.
“En verdad, cualquier institución debería de estar libre de poder hacer encuestas, lamentablemente aquí no tenemos encuestas de las universidades; en otros países hay y son muy respetadas como en Estados Unidos y ahí no más en El Salvador donde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de los Jesuitas, tiene el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), que tiene un nivel alto de respeto”, indicó el profesional.
Añadió que cuando va a ganar la derecha, el IUDOP ha acertado y cuando el ganador ha sido el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), también acertó y por eso se ha ganado el respeto.
“Yo creo que más que la regulación jurídica, en el término clásico de ponerle trabas a la encuesta, necesitamos comités de ética o bioética que son aquellos que protegen los derechos ciudadanos para que no se les dé información falsa o manipulable”, puntualizó.
