Dr. H. Roberto Herrera Cáceres
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
En estos últimos años, nos hemos ido sumergiendo en una creciente crisis general que nos inclina a poner en duda la capacidad del Estado de solucionarla y de encontrar el camino cierto y sostenible del desarrollo sostenible con justicia social.
Sin embargo, la capacidad nacional puede potenciarse y el camino al desarrollo encontrarse, si el pensamiento unilateral de personas, grupos o sectores es superado por el diálogo democrático nacional orientado a subordinar los intereses político-partidistas y gremiales sectoriales, al superior interés colectivo del bienestar común y de la justicia para todos, por medio de decisiones, acciones y hechos con impacto social en toda la hondureñidad.
Sin perjuicio de la deuda social que todas y todos tenemos, hay especial responsabilidad de los actuales y aspirantes a futuros dirigentes de los partidos políticos o sectores gremiales en cuanto a su comprensión de que es necesario rectificar y evitar, en el presente, errores del pasado que han llevado a influir negativamente en la credibilidad de la institucionalidad democrática y republicana, y en la capacidad del servicio al bien común por parte del Gobierno nacional y de los gobiernos locales o municipales.
Uno de esos errores ha sido confundir la lucha por el poder con la lucha contra el poder. Error que ya señalan también distinguidos constitucionalistas y politólogos mexicanos, al constatar lo siguiente: “Así, se dan los casos de los partidos políticos que entienden que la función de la oposición va dirigida contra el poder, cuando en rigor debe orientarse sólo contra otros partidos, incluido el que desempeña las funciones del poder. Esta confusión es contraproducente, como se ha visto en muchos sistemas políticos, en virtud de que cuando esos partidos finalmente llegan al poder se encuentran con que la ciudadanía ya se construyó tan sólido rechazo al poder per se, que acaba operando también en contra de quienes parecían representar una oposición diferente en cuanto al ejercicio del poder. Es de advertirse que, sin duda, este error de percepción trastoca la acción política y socava la confiabilidad de las instituciones políticas, y de hecho se convierte en un obstáculo para la consolidación democrática”.
Por lo anterior, de estos tiempos de críticos necesitamos resurgir con una mejor comprensión de la razón del ser del Estado al servicio de la dignidad de la ciudadana y del ciudadano y, en consecuencia, de garante real de la efectividad requerida de los derechos humanos de los habitantes. De ahí la urgencia de viabilizar el derecho del pueblo a su desarrollo para dar cuerpo al espíritu de la transformación nacional hacia un eficaz Estado democrático y social de Derecho, donde florezca una sociedad justa que promueva, con mayor celeridad y progresividad, condiciones de vida digna y de trabajo decente y productivo. Para ello, necesitamos asumir nuestras responsabilidades cívicas y ponernos de acuerdo en complementar y coordinar acciones entre el Gobierno nacional y local, sociedad civil, sector empresarial y cooperación internacional.
La oportunidad histórica se ha hecho presente, favorecida por la voluntad y expresión social cuyo arraigo debemos propiciar para que se exteriorice democráticamente en fervor común de la población por su propio desarrollo sostenible, como fuente generadora de los cambios esperados para desactivar los factores condicionantes de la pobreza y exclusión social y, en su lugar, activar los del bienestar y progreso social.
En esa dirección, es necesario reasumir la confianza en el Estado del cual, como pueblo, somos la parte fundacional, y donde el Gobierno es ejercido temporalmente por miembros de nuestro mismo pueblo que tienen la responsabilidad de hacer efectivo el Estado de Derecho y de brindar servicios que los habitantes de Honduras requerimos complementariamente para vivir y progresar con dignidad y orgullo nacional. De ahí la importancia de asegurar mecanismos efectivos de prevención, control y sanción de la corrupción y de lucha contra la impunidad.
El derecho del pueblo al desarrollo y el legítimo espíritu transformador de la presente generación de hondureñas y hondureños llaman a renovar la confianza en el Estado democrático y social de Derecho y en su institucionalidad, cuyo único objetivo debe ser el impulso y garantía del mejoramiento de nuestras condiciones de vida y de trabajo, y del cumplimiento y respeto, por gobernantes y gobernados, de la Constitución de la República, los tratados internacionales y las leyes que afirmen durablemente la seguridad jurídica y la seguridad democrática de todas y todos los habitantes.
Por medio del diálogo democrático incluyente, la responsabilidad compartida y la acción solidaria: la sociedad y el Gobierno darían respuesta generacional a la expectativa histórica de transformar democráticamente a Honduras, mediante la concertada movilización nacional por la dignidad y bienestar de todas y todos, posibilitando el desarrollo local y nacional, y logrando una imagen más positiva en el orden internacional.
