Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, Mario Díaz, pidió que el reajuste presupuestario para la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por 90 millones de lempiras, se destine a la contratación de más impartidores de justicia.
A inicios de mayo, el diputado nacionalista por Olancho, Francisco Rivera, presentó una iniciativa para otorgarle un ajuste presupuestario de 90 millones de lempiras a la CSJ.
Explicó que los fondos servirán para completar el tres por ciento que la Constitución de la República le otorga para el funcionamiento del Poder Judicial.
“La Constitución establece que de los ingresos tributarios debe dársele ese porcentaje como mínimo a la Corte Suprema y es lo que hacemos para cumplir el precepto constitucional”, explicó Rivera.
Aseguró que el proyecto de ley no se había presentado antes porque había que estimar números, cifras y otros ajustes para ver de dónde se sacaba el dinero.
En ese sentido, Díaz arguyó que se necesitan togados tanto en los juzgados de letras como en los tribunales de sentencia, donde existe una gran sobrecarga, mientras que en necesario instalar al menos una sala más con jurisdicción nacional.
Añadió que esos gastos más el incremento salarial que están exigiendo los jueces, es que se deben invertir esos 90 millones de lempiras de reajuste presupuestario.
Detalló que los salarios de los jueces varían dependiendo del ingreso y los años de servicio, pero anda en un promedio de 21 mil lempiras para un juez que recién ingresa y quien tiene unos 10 años de servicio, devenga entre 30 mil y 32 mil lempiras.
Subrayó que no existe ninguna garantía que esos 90 millones de lempiras se vayan a invertir en la contratación de más jueces y en el incremento salarial, únicamente se cuenta con la promesa de los miembros del Consejo de la Judicatura quienes están interesados en otorgarles un buen estímulo económico pues conocen sus necesidades.
“Nosotros esperamos que esa palabra se cumpla y que efectivamente los jueces y demás empleados del Poder Judicial tengamos un aumento acorde a las necesidades básicas que hay y al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras”, puntualizó.