Por: Hugo Noé Pino
Tegucigalpa.– Uno de los aspectos positivos de la política fiscal del actual gobierno ha sido la búsqueda del mejoramiento de la administración tributaria.
La aplicación de medidas como la factura electrónica, el 1.5% sobre las ventas brutas (medida anti-evasión), el fortalecimiento de la oficina de grandes contribuyentes y los cierres temporales de negocios que incumplían con sus obligaciones trajeron, junto con el aumento de impuestos, una mejora sustancial en los ingresos del gobierno. No siempre estas medidas que permiten el fortalecimiento de la administración tributaria han estado libres de críticas o de excesos, que con algunas correcciones coherentes con los derechos de los contribuyentes, deben seguir manteniéndose. Es una lástima que con los gastos ocurra algo totalmente diferente.
El nombramiento de la abogada Miriam Guzmán fue un acierto. La abogada Guzmán mostró, desde el comienzo, una independencia de los sectores empresariales acostumbrados a obtener ventaja en los diferentes trámites en la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). Ella no ha cedido a presiones que generalmente provienen de evasores del fisco. Al mismo tiempo la abogada Guzmán emprendió un proceso de reforma administrativa con el objeto de depurar a buena parte del personal de la DEI que no eran técnicamente idóneos y más que todo, activistas políticos.
Acá también, los procedimientos no fueron los mejores, pero el objetivo es legítimo: constituir al ahora Sistema de Administración de Rentas (SAR) en un ente profesional, dotado de los recursos humanos y tecnológicos para hacer su tarea.
Ahora vemos como desde el poder Ejecutivo se busca debilitar la administración tributaria con fines eminentemente políticos. La primera señal de ese comportamiento se dio cuando se disolvió la DEI y se creó el SAR; en esta ocasión se despidió a todos los empleados de la DEI, con excepción de los de Aduana, que por acuerdo presidencial se adscribieron a la Secretaría de Finanzas. De todos es conocido que una de las fuentes principales de corrupción en la recaudación de impuestos ha estado en las aduanas, y esto, por las vinculaciones políticas existentes.
La segunda señal fue con la presentación del proyecto del nuevo Código Tributario, que se había elaborado siguiendo estándares internacionales, y aunque con insuficiencias,constituía un adelanto en la modernización del marco legal tributario del país. No obstante, el poder Ejecutivo puso a sus operadores políticos a consensuar el proyecto con el sector privado, que se resumió en tan solo el sector empresarial. Esto tuvo como consecuencia la modificación de importantes temas que previenen la evasión fiscal, siendo uno de los principales el cambio de renta universal a renta territorial.
Adicionalmente, se suponía que la adscripción del sistema de aduanas a Finanzas sería temporal y que al crearse el SAR pasaría bajo su jurisdicción. En cambio, en el proyecto reformado del proyecto de Código Tributario aparece como un ente independiente. Ahora se nombra una especie de comisión interventora para que maneje aduanas en una clara muestra de quedar bien con sectores empresariales determinados. Es cierto que el sistema aduanero requiere importantes modificaciones que permita hacerlo más ágil y eficiente, pero no es quitando autoridad a la administración tributaria nombrada que se alcanzará, sino permitiendo procesos que logren su despolitización; esto indiscutiblemente erosiona la institucionalidad.
Los cambios relatados que debilitan la administración tributaria desde dentro del gobierno solo se pueden explicar en función del ciclo político que vive el país con las elecciones del próximo año. Esa es la característica de la clase política tradicional del país, adecuar la institucionalidad a sus intereses sectarios inmediatos.
