Tegucigalpa – El inaudito robo del expediente en el caso del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, ha generado reacciones en todos los sectores de la sociedad, especialmente en la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), quien calificó el hecho como “inadmisible” y demandó una “enérgica actuación”.
– El hecho representa “una grave obstrucción a la justicia”, reconoce la Misión, al tiempo que anuncian la designación de funcionario internacional para verificar proceso de reconstrucción expediente.
Cabe recordar que el expediente le fue despojado, en las últimas horas, a la jueza de Corte de Apelaciones, María Luisa Ramos, en un supuesto asalto en el que también le fue robado su vehículo, según han aceptado autoridades de la Corte Suprema de Justicia.
Ante ese hecho la MACCIH instó hoy a las autoridades hondureñas a realizar una rápida y enérgica investigación en relación a la sustracción del expediente judicial del caso del asesinato de Berta Cáceres, hecho considerado como grave e inadmisible.
¿Cómo califica el robo del expediente judicial en el asesinato de Berta Cáceres?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 30 de septiembre de 2016
“El robo del expediente judicial de Berta Cáceres es un hecho delictivo que requiere una enérgica actuación de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, para identificar y sancionar a los culpables», sostuvo Juan Jiménez Mayor, vocero de la Misión y representante especial del Secretario General en la MACCIH.
La acción de la jueza, que habría llevado el expediente en su vehículo, sería de una grave irresponsabilidad, indicó la MACCIH.
En estos momentos la MACCIH está evaluando el daño ocasionado al proceso judicial por la sustracción ilícita del expediente y designará un funcionario internacional de la Misión para, en el marco de sus competencias de supervisión, verificar el proceso de reconstrucción del expediente a cargo de la autoridad judicial.
De esta forma, se busca garantizar la total recuperación de las pruebas y demás actuaciones judiciales que incriminan a los responsables materiales y mediatos, contenidas en la documentación sustraída.
Además, la MACCIH solicitará al Poder Judicial un informe sobre los procedimientos administrativos que autorizan la salida de documentos de las sedes judiciales y planteará las reformas necesarias que impidan que este tipo de hechos vuelvan a suceder.
Finalmente, la MACCIH verificará los actos de investigación del Ministerio Público, para aclarar la desaparición del expediente a fin de llegar a los responsables de este hecho, que representa una grave obstrucción a la justicia.
