Tegucigalpa – La lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción por medio de los llamados juzgados de privación de dominio, empieza a dar resultados con la decisión de un juez de traspasar al Estado todos los bienes del ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, mientras otros procesos siguen la misma ruta en el caso del cartel de los Valle Valle, Los Cachiros, El Negro Lobo y otros personajes ligados a ilícitos.
La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado anunció que obtuvo sentencia condenatoria por parte del Juzgado de Privación de Dominio en el caso incoado en contra el ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, a quien acusaban de varios delitos que son parte del catálogo de la llamada delincuencia organizada.
Chimirri ha rechazado esta decisión del tribunal especial al asegurar que es objeto de persecución política y que lo quieren dejar en la calle, anunciando que agotará las instancias legales para revertir esta sentencia.
De acuerdo a la decisión del tribunal especial pasan a ser parte de los bienes del Estado de Honduras siete (7) cuentas bancarias con aproximadamente 320 mil lempiras, siete (7) propiedades a nombre de Francis María Quezada García (esposa de Chimirri), entre las cuales se incluye una residencia en Valle de Ángeles sector de Las Tres Rosas, una casa en Ciudad Lempira, una propiedad de 168.25 mts2 en aldea El Novillo en el departamento de Santa Bárbara, tres Sociedades Mercantiles donde se incluye una radio, dos vehículos de lujo, un lote de joyas y dólares en efectivo.
Entre las sociedades mercantiles están, Inversiones Chicas, S. de R.L. (INVERCHICAS), Sondeos y Encuestas S.A. de C.V. y Cadena Hondureña de Noticias S. de R.L., además las siete cuentas bancarias están registradas en diferentes instituciones financieras. Todos los bienes anteriores están actualmente en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), menos un vehículo de lujo marca Jaguar, el cual se desconoce su paradero.
La decisión judicial representa una de las acciones más transcendentes en materia de aseguramiento e incautación de bienes, en un claro mensaje que la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito comienza a tener resultados concretos desde la creación del juzgado de privación en julio de 2010.
Otro capítulo más
La sentencia indica que un nuevo capítulo en la lucha contra la delincuencia organizada y los delitos de cuello blanco ligados a la corrupción ha iniciado en este país, salpicado por denuncias al respecto, así como por retardo de justicia e impunidad.
El Ministerio Público señala que la solicitud de privación de dominio de los bienes del ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, se basa en cinco causales establecidas en la Ley de Privación y que el caso se ganó porque fue bien sustentado.
Pero el tema de privación de dominio no se queda ahí. En proceso se encuentra la incautación de 118 bienes pertenecientes a la familia Rivera Maradiaga, más conocida como Los Cachiros, cuyos cabecillas se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense luego que ésta los designara como un grupo criminal organizado ligado al narcotráfico.
El imperio de Los Cachiros, que por más de una década se asentó en el litoral atlántico y Caribe del país, con ramificaciones a otras regiones según develan los operativos fiscales de aseguramiento de bienes, es uno de los más significativos en influencia y poder en materia de la delincuencia organizada.
En el proceso de privación de dominio que se le sigue a este grupo criminal se encuentran viviendas, bienes inmuebles, terrenos, fincas, 70 cuentas bancarias, 10 empresas comerciales y numerosos vehículos, entre otros.
Hace unos meses, la prensa local informó que incluso Los Cachiros habrían renunciado a pelear esos bienes que probablemente serán traspasados al Estado una vez que termine el debido proceso señalado por ley, según los expertos.
Pero también se encuentra en etapa de privación de dominio los bienes de la familia del cartel de los hermanos Valle Valle, últimos que fueron extraditados a Estados Unidos por el delito de narcotráfico y libran una batalla judicial ante los tribunales de ese país del norte, en donde todo indica que están negociando la rebaja de penas con la autoridad a cambio de cooperación.
El 24 de agosto el Ministerio Público anunció que inició el proceso de privación de dominio de los bienes de los Valle Valle, pero sus abogados están peleando en los tribunales por la devolución de algunos de ellos al asegurar que tienen como comprobar que su origen fue lícito.
Los bienes de los Valle Valle, bajo la custodia de la OABI, constan de terrenos, negocios, ganado, fincas, casas, apartamentos, entre otras propiedades que han mostrado en los aseguramientos la ostentosidad con que se manejaba esa familia del occidente del país y de quien se presume tenía lazos directos con el cartel mexicano de Sinaloa cuyo líder es Joaquín “El Chapo” Guzmán, preso actualmente en una cárcel mexicana.
La defensa de la familia Valle Valle en Honduras denunció que algunas de las propiedades incautadas están deterioradas por descuido de la OABI y que incluso se han perdido algunas de sus pertenencias, así como ganado. Un juez de privación de dominio ha citado a los funcionarios de la OABI para atestiguar al respecto, sin que ello interrumpa el proceso de privación iniciado por el Ministerio Público.
Pero también entra al proceso de privación las propiedades de Carlos “El Negro” Lobo, el primer hondureño en ser extraditado al entrar en vigencia la reforma constitucional que permite que un hondureño pueda ser llevado a otro país por delitos de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.
La cantidad de bienes asegurados y en poder de la OABI que se ha quitado a grupos criminales y otros personajes del país es enorme y en los últimos operativos que ejecuta la Fiscalía en Contra del Crimen Organizado y sus testaferros se evidencia la opulencia y el conjunto de millonarios bienes en poder de esas estructuras.
La corrupción del IHSS
La corrupción también ha sido otro de los focos en materia de privación de bienes, siendo el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) uno de ellos, al encontrarse en proceso de incautación varias propiedades del ex director del seguro, Mario Zelaya y algunos familiares. Por este caso, el Estado hondureño percibirá la cuantía de bienes que estaban en poder de la chilena Natalia Ciuffardi, quien fue condenada en su país por sus conexiones con este latrocinio.
En el caso de Mario Zelaya los bienes asegurados que se presume pasarán a ser propiedad del Estado una vez incautados, suman cerca de 62 millones de lempiras y entre ellos hay condominios, casas, lotes de terrenos y casas de descanso en el campo, entre otras.
Otros bienes asegurados y relacionados con el mismo caso de corrupción son los del empresario Benjamín Bográn, quien en un intento de evitar que el brazo de la justicia le alcanzara, traspasó parte de los mismos, pero igual le fueron asegurados, se informó.
La sociedad hondureña se apresta así a presenciar, a partir del caso Chimirri, el inicio de una oleada de incautaciones que, si bien puede tomar tiempo, todo indica que al igual que las extradiciones, será un hecho irreversible.
