¿Quién pagará la cuenta de $51 millones por Palmerola?

Tegucigalpa – La incertidumbre y la polémica se posesionó sobre el futuro de los aeropuertos hondureños, especialmente sobre el de Palmerola, ya que la concesionaria a cargo de su construcción está solicitando al gobierno que se sienten a dialogar sobre un impacto de 51 millones de dólares (más de 1,200 millones de dólares) que, según las proyecciones que el consorcio arguye, afectará a la empresa por la caída del tráfico aéreo a causa de la pandemia del COVID-19.

Aunque la concesionaria Palmerola International Airport (PIA) salió a aclarar que no se trata de que el gobierno erogue dicho dinero, sí reiteró la necesidad de que las partes se sienten a dialogar para solventar lo que denominan el impacto que tendrá en el proyecto la reducción del tráfico aéreo estimado en 1.1 millones de pasajeros en los próximos 12 años, desconociéndose quién pagará la cuenta por esa baja. Ese detalle es el que más zozobra genera porque los usuarios podrían ser los más afectados con los costos.

En una carta suscrita por Lenir Pérez, representante legal de PIA, dirigida a Leo Castellón de la Superintendencia de la Alianza Pública-Privada (SAPP), se le señala que la caída del tráfico de pasajeros ocasionará un perjuicio de 51 millones de dólares.

Empresa que construye Palmerola solicita otros 51 millones de dólares

En un comunicado emitido por PIA en las últimas horas, se señala que es “totalmente falso que esta concesionaria haya solicitado al Gobierno un desembolso de fondos adicionales”, reiterando que la carta busca encontrar soluciones para “beneficio de ambas partes”.

Reitera el comunicado de la concesionaria PIA que la carta habla claramente de “hacer uso de la alternativa de Arreglo Directo y así ambas partes encontremos una figura que no impacte al Gobierno de Honduras con erogaciones adicionales”.

La empresa indicó que la caída del tráfico de pasajeros será de 1,149,000 pasajeros que a una cuota de 38 dólares por tasa aeroportuaria implica una reducción de ingresos de 44.5 millones de dólares, a lo que debe sumarse la baja de renta de locales comerciales, pago de estacionamientos e ingresos de aerolíneas, lo que hace un total de 51 millones de dólares.

El presidente de la SAPP,
Leo CastellónEl presidente de la SAPP, Leo Castellón, avaló la posición de PIA en cuanto a que el gobierno no erogará dinero, si no ver la forma de encontrar una salida al problema.

Ninguna de las partes señala de donde saldrán los 51 millones de dólares de la caída de ingresos por falta de tráfico de pasajeros en los próximos años.

Castellón indicó que se trata de encontrar la forma de cómo el “proyecto sale adelante”, ya que el contrato es entre las dos partes, el gobierno y la concesionaria.

El gobierno de Honduras “no podrá subsidiar más dinero de lo que ya está estipulado en el contrato (…) si existen esas cláusulas, pero no se saben cuáles serán los acuerdos entre las partes, porque los contratos son muy variables”, reiteró Castellón.

El director general de la División de Aeropuertos del grupo EMCO-Munich, el consorcio que conforman PIA, Peter Fleming, indicó que “sería ridículo” que en estos momentos de crisis de salud la empresa esté pidiendo 51 millones de dólares al gobierno.

“Nuestros aeropuertos están cerrados” y la Sinager probablemente autorice su reinicio de operaciones a finales de agosto o la prolonga hasta septiembre en caso de que la crisis sanitaria continúe.

Fleming recordó que Palmerola se sigue construyendo y esperan que entre en funcionamiento en el cuarto trimestre del 2021, con un costo de 110 millones de dólares.

Cláusula de Resolución de Conflicto

Jorge CálixEl diputado Jorge Cálix, deploró la solicitud del consorcio haga valer la cláusula de resolución de conflicto en detrimento del estado hondureño y dijo que es lamentable la calidad de negocios que se hacen desde la administración pública y que lesionan la ya deprimida economía del país, con una situación agravada en la época de la pandemia.

Agarraron jueguito

Silvio Larios, (Chico)Para el director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, la concesionaria “ya agarró el jueguito” de sacarle dinero al gobierno, ya lo hizo el año pasado con mil millones de lempiras que se aprobó en el Congreso Nacional.

En diálogo con Proceso Digital, Larios dijo que la acción debe encender las luces de alarma y llamó a los expertos en materia económica y de la sociedad civil que luchan por la transparencia y contra la corrupción a que “revisen de manera oportuna esta situación”, sino la concesionaria nos va a meter otro gol, que sin estar operando ya ha sacado millones.

Siempre el Estado paga

Luis GuifarroMientras el presidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Luis Guifarro, criticó que cuando ocurren estas situaciones con los contratos de concesión sólo el Estado responde y con ello es la población quien paga.

Guifarro dijo a Proceso Digital que como ciudadano lamenta que el perjuicio siempre lo asume el Estado, cuando ocurren situaciones de emergencia o crisis naturales, como es en este caso de la pandemia del COVID-19.

El presidente del CHE dijo que la PIA no puede señalar que la caída del tráfico aéreo es una causa, ya que toda la aviación registrará números bajos en número de pasajeros transportados. Igualmente señaló que ocurre con hoteles que están cerrados.

En tanto el diputado Jorge Cálix se manifestó en contra del planteamiento de la cláusula expuesta por el consorcio aeroportuario y en reiteradas ocasiones lo calificó de leonino. “No estoy de acuerdo con la exposición de Fleming, esa nota los abogados la conocemos como una activación de la cláusula para resolución de controversias, para ver de qué manera pueden negociar esos 51 millones de dólares que ellos dicen que van a obtener en pérdidas”, reiteró el legislador.

El parlamentario Cálix recordó que Palmerola ni siquiera está funcionando y ya está causando problemas y recordó las prebendas aprobadas en el Congreso Nacional en legislaturas anteriores y dijo que esos fondos al final serán pagados por los hondureños de las generaciones venideras, todo para que una empresa pueda funcionar.

“Lo que critico es que el gobierno haya suscrito un contrato que tenga tantas cláusulas lesivas para la ciudadanía, no desconozco la necesidad de tener un aeropuerto de calidad, pero lo que está costando Palmerola no es lo justo”, reafirmó.

Añadió que esa negociación es incorrecta y lesiva a los intereses del país. Calificó reiteradamente el contrato de leonino.

Junta para manejar aeropuertos

Mientras la polémica por Palmerola se ubicaba en la agenda mediática, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) proponía este miércoles que una Junta Administradora Transitoria se hiciera cargo del manejo de los aeropuertos de La Ceiba, San Pedro Sula y Roatán, ya que la concesión de InterAirports concluye el 28 de septiembre.

Aunque Coalianza llamó a licitación, hasta la fecha no se ha dado un ganador para el manejo de las tres terminales aéreas.

El aeropuerto de Toncontín fue dado a PIA para su manejo, hasta que Palmerola esté listo.