La propuesta ha desatado un alto rechazo. En Honduras, ese pacto de silencio se produjo hace seis años entre la policía, ministros y los operadores de justicia, a raíz de los llamados crímenes de alto impacto.
Es la única explicación lógica que uno puede deducir al conocer los relatos difundidos en la prensa, a raíz de los trabajos de diario El Heraldo, y luego el resto de medios sobre los crímenes del general Arístides González, entonces zar antidroga, el especialista en temas de narcotráfico y seguridad, Alfredo Landaverde y el fiscal en temas de lavado de activos, Orlan Chávez, en cuya participación hubo mano criminal presuntamente de la policía nacional y algunos miembros de su cúpula en colusión con supuestos narcos.
Eso dicen los reportes de la prensa que decidió romper ese pacto de las cúpulas y evidenciar el tremendo cáncer que corroe a la policía, pese a los esfuerzos estatales para evitar la metástasis. El tiempo dirá si el remedio que se empezará a aplicar—por tercera vez—será el adecuado o terminará siendo peor que la enfermedad en un escenario en donde las opciones no eran muchas y había que actuar.
Con la fuerza de los hechos ningún gobierno podía darse el lujo de esconder la cabeza. Eso habría sido grosero e irrespetuoso para las víctimas, sus familias y la sociedad en general.
Lo bueno está por venir y hacia ahí se debe apuntar: a destapar totalmente ese pacto de silencio explícito o implícito en que cayeron todos los responsables de “custodiar” esa impunidad: ministros, viceministros, fiscales, ex fiscales, policías y políticos, si los hubiera, en la cadena de custodia y planificación de crímenes tan atroces que da la impresión de estar frente a máquinas de muerte que deciden el futuro de quienes custodian en la garantía de sus vidas: los habitantes de este país.
En esos seis años de silencio entre las cúpulas, muchas páginas en los medios de comunicación se llenaron con promesas de investigación, seguimiento, cero impunidad y justicia, última que nunca llegó, que no termina de llegar y que todos esperamos llegue algún día.
Los escépticos con sus amplias razones para serlo, atribuyen estas revelaciones periodísticas a un “show” que responde a una gran obra de teatro, pero al margen de sus teorías hay un hecho cierto: González, Landaverde y Chávez, están muertos y sus casos siguen impunes.
Y la actual cúpula policial quiso en principio desmarcarse diciendo: yo no fui, fue teté, zámpele, zámpele que ella fue. Luego aceptaron que tienen una bomba en sus manos que no tienen claro cómo manejar, pues al dormir con el enemigo terminaron siendo víctimas del “síndrome de Estocolmo”.
Tanto que casualmente emiten un comunicado para indicar que es prohibido presentar a los medios los detenidos porque así lo establece la ley hace años y ahora se lo piden los grupos de derechos humanos. Ahora, cuando están con el agua al cuello, la ley, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos serán válidos. Uso la ley cuando conviene, pero aplico la exhibición cuando también me conviene. Qué cosas.
De otro lado, el Ministerio Público ha reaccionado secuestrando información en el cuartel de Casamata—el cuarto negro de los secretos policiales—la Inspectoría de la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, buscan evidencias, que algunos aseguran, encontraron para fortalecer los casos en los tribunales cuando sean presentados.
Pero la Fiscalía debe también librar a lo interno su propia batalla: dar con aquellos fiscales, ex fiscales y cualquier autoridad con mando a lo interno que “extravió”, “olvidó”, “traspapeló”, “ignoró” y posiblemente “incineró” los expedientes, denuncias o testimonios que sobre estas muertes recogieron los responsables asignados a estos casos. Se lo deben al país.
Los policías que se sienten aludidos y los que se encuentran indignados, seguirán dando sus visiones, unas tan claras que a uno solo le queda decir: ¡Jesús, María! El titular de Seguridad, el general en retiro, Julián Pacheco, con poderes ahora para depurar, dice que han suspendidos a 3 oficiales supuestamente implicados en el crimen del zar antidroga.
Pero la prensa dice que quienes fraguaron su muerte fueron al menos 30, de ellos uno seis fueron asesinados en extrañas circunstancias en una especie de limpieza de archivos vivientes. Esperemos que haya más de tres suspendidos, que se haga lo mismo también con los casi 20 salpicados en el crimen de Landaverde y los 7 en el del fiscal Orlan Chávez.
Esperemos que desfilen por los tribunales todos los que tengan que desfilar, no solo policías al margen del rango que ostenten. Que también lo hagan los presuntos líderes del narco mencionados y nuestras autoridades de ese entonces, últimas que nos deben decir ¿Por qué callaron? ¿Por qué no actuaron? ¿Por qué nos defraudaron? ¿Por qué nos desencantaron? Más de Thelma Mejía. Aquí…
