Tegucigalpa – La Policía Nacional de Honduras anunció hoy que pedirá al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que apruebe un decreto que le permita agilizar su depuración, un proceso iniciado en 2011 que ha tenido pocos avances.
Así lo informó el portavoz de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, en una rueda de prensa, en la que dijo que la solicitud al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que dirige el presidente, Juan Orlando Hernández, se hará «en las próximas horas» a través del ministro de Seguridad, Julián Pacheco.
El decreto ejecutivo permitirá hacer «la evaluación expedita de hojas de servicio y posterior cancelación inmediata y definitiva de todos aquellos miembros de la Policía Nacional que no reúnan los requisitos de idoneidad moral y profesional para su permanencia en la carrera policial», explicó Sauceda.
Las declaraciones de Sauceda se producen un día después de la detención del expolicía Álvaro Ernesto García, quien fue separado de la Policía Nacional en 2012 porque no pudo justificar la tenencia de bienes que estarían valorados en unos «17 millones de lempiras» (unos 745.941 dólares).
Añadió que el expolicía también reprobó las polémicas pruebas de confianza, que incluyen exámenes psicológicos y de polígrafo.
El expolicía García fue detenido ayer martes durante la «Operación Avalancha», en la que también fue arrestado el alcalde opositor Jorge Neptalí Romero, quien estaría ligado a acciones de lavado de activos y asociación ilícita.
La operación policial dejó además el aseguramiento de decenas de residencias y negocios en varias ciudades del país centroamericano y el decomiso de 11,3 millones de lempiras (496.921 dólares).
Según versiones extraoficiales, algunos de los bienes inmuebles asegurados por los cuerpos de seguridad estaban en poder de miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como (MS-13).
Sauceda enfatizó que el decreto debe ser de «aplicación inmediata» y tener vigencia hasta que sea aprobada la nueva ley orgánica de la Policía Nacional, por lo que instó al Congreso Nacional a aprobar ese proyecto, así como la ley de la Carrera Policial.
El portavoz policial indicó que esos dos instrumentos brindarán a la Policía Nacional «el marco legal para hacer expeditos los procesos de certificación policial».
Además reafirmó «el compromiso» de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional de «continuar trabajando para brindar las coordinaciones de seguridad y de bienestar que el país necesita».
La depuración de la Policía hondureña se inició en noviembre de 2011 tras el asesinato de dos jóvenes universitarios, uno de ellos hijo de la rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Julieta Castellanos.
En diciembre de 2013, el Supremo hondureño condenó a penas que oscilan entre 58 y 66 años de cárcel a cuatro expolicías, tras hallarlos culpables de Rafael Alejandro Vargas, hijo de Castellanos, y su amigo Carlos Pineda.
Un total 1.775 agentes de la Policía Nacional fueron destituidos entre 2012 y 2014 como parte de un proceso de depuración de la institución, que cuenta con 12.309 oficiales, según el estudio «Diagnóstico sobre el funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia Penal en Honduras» divulgado la semana anterior.
Desde hace años la Policía Nacional ha sido vinculada al tráfico de drogas, el robo de vehículos y violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos, entre otros delitos.
