Tegucigalpa – La Comisión Legislativa de Seguridad y la Comisión Especial para la Depuración Policial trabajan en consolidación de iniciativas existentes que buscan ejercer control sobre el desempeño de las empresas privadas de seguridad y las policías municipales que dependen de los gobiernos locales.
En un par de semanas estará listo el dictamen de la Ley que regulará el funcionamiento de las empresas de seguridad en el país y será presentada al pleno del Congreso Nacional de la República; así lo ha hecho saber Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
Rivera reveló que “la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo y Comisión Especial para la Depuración Policial hacen un esfuerzo importante para consolidar las diferentes iniciativas existentes que buscan ejercer control y supervisión sobre el desempeño de las empresas privadas de seguridad y las policías municipales que dependen de los gobiernos locales”.
Agregó que “es un enorme desafío poder concretizar la aprobación de este importante instrumento jurídico que obligará a estas compañías privadas a operar en el marco de la legalidad y con personal idóneo”.
El también depurador exteriorizó que existe un compromiso con los diputados del Congreso Nacional, que recientemente aprobaron la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policial.
Anunció que “para inicios de septiembre estará listo un proyecto consensuado de ley que garantice que las empresas privadas de seguridad estén debidamente reguladas a fin de garantizar que operen legalmente y cumplan los respectivos requisitos, que el recurso humano que labore sea el idóneo en términos de su capacidad y antecedentes, y que se les respeten los derechos laborales y humanos de todo el personal que trabaja en esas compañías; la Comisión Depuradora entregará a la Comisión Legislativa de Seguridad sus comentarios y recomendaciones, y ellos oficialmente presentarán –en unos 15 días- el dictamen que será discutido en tres debates para su definitiva aprobación”.
“Estas empresas son muy grandes, pese al registro oficial que indica que hay unos 30 mil agentes de empresas de seguridad privada, hay quienes aseguran que cuentan con una nómina entre 80 mil y 100 mil hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, son un enorme contingente, un verdadero ejército, aún más grande y poderoso que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional juntas, por lo que es inadmisible que no sean debidamente certificadas y supervisadas” manifestó el también coordinador de Advocacy e Incidencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El dirigente de la sociedad civil aseguró que ya llego la hora de “socársele las tuercas” a las empresas privadas que prestan servicios de seguridad; así como se está haciendo con la Policía Nacional, así se deben depurar estas empresas privadas. “Que corona tienen –estas empresas- para no ser controladas, aquí a todos se les debe apretar las roscas para evitar riesgos a la ciudadanía”, indicó el dirigente de la sociedad civil.
Ley especial para la regulación de la prestación de servicios privados de seguridad
Sobre la base de dos iniciativas de Ley se construye una propuesta final
La nueva Ley Especial que regulará el sector de la seguridad privada y la prestación de los servicios policiales que brindan los gobiernos locales, se formula sobre la base de dos iniciativas; una de ellas fue presentada recientemente en el hemiciclo legislativo por el diputado José Tomás Zambrano y la otra es una propuesta ha sido elaborada por asesores legales de la Secretaría de Seguridad.
El año pasado, José Tomas Zambrano, diputado nacionalista por el departamento de Valle, introdujo al pleno legislativo un iniciativa encaminada a “regular, registrar y controlar la actividad de las personas naturales o jurídicas que presten servicios de seguridad privada en todas sus modalidades en Honduras, a personas y a sus bienes muebles o inmuebles, a fin de garantizar que se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, imagen y certeza en beneficio de la población”.
Algo innovador en la propuesta del congresista Zambrano, es que además de someter a control a las empresas privadas de seguridad, el proyecto de ley ampliaba la regulación a “las empresas que prestan servicios de investigación privada, las asociaciones de vigilantes y vigilantes independientes, y las personas naturales o jurídicas que tengan su propio servicio de seguridad para la protección de las personas al servicio de la misma de su patrimonio y transporte de valores”; la propuesta del legislador se denomina “Ley de los Servicios Privados de Seguridad y de las Agencias de Investigación Privadas” y consta de 79 artículos.
Entretanto, la proposición de la Secretaría de Seguridad, denominada “Ley de Regulación de los Servicios Privados de Seguridad y otros servicios” tiene por objeto “registrar, controlar, autorizar, supervisar y regular la actividad de las personas naturales o jurídicas que presten servicios de seguridad privada en todas sus modalidades en Honduras, a personas y a sus bienes muebles o inmuebles, a fin de garantizar que se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, eficacia, imagen y confianza en beneficio de la población”.
