Por: Hugo Noé Pino
Tegucigalpa.- Uno de los elementos principales en la aplicación de políticas públicas es su consistencia. Para ello, debe existir una orientación clara de parte del gobierno sobre lo que se quiere alcanzar y cómo lograrlo.
La expresión más cercana son los planes de gobierno que los partidos políticos presentan a consideración de la sociedad durante la campaña electoral; por lo menos en teoría. Estos planes exponen los temas que la población ha identificado como prioritarios. De esta forma, temas como la inseguridad, desempleo, pobreza y corrupción, entre otros, aparecen en las campañas como los problemas a resolver.
Estos planes, con muy pocas excepciones, son abandonados en el ejercicio del poder por los gobiernos, bien sea porque nunca creyeron en ellos, por escasez de recursos o por no contar con el apoyo de otros poderes del Estado para desarrollarlos. Cualquiera sea el caso, siempre se adopta un conjunto de medidas de políticas públicas cuya consistencia es necesario analizar. Tomemos, por ejemplo, el proceso de estabilización económica del actual gobierno. Los mismos actores que propiciaron el tremendo desequilibrio de las finanzas públicas en años anteriores, hoy nos piden que los aplaudamos por la estabilización económica, pese a que esto ha representado un enorme sacrificio para la población y para la actividad productiva en general. La fuerte limitación que impone el pago del servicio de la deuda en el presupuesto nacional en los últimos años, y en los que vienen, es una muestra clara de lo dicho.
Estas inconsistencias denotan más un cálculo político que una concepción clara de hacia dónde se quiere llevar al país. Estas acciones sustentan también políticas públicas contradictorias; por una parte se sostiene que el Estado es incapaz de una administración eficiente y se concesiona actividades propias como el mantenimiento de carreteras, puertos, aeropuertos, la salud, las aduanas, el registro de la propiedad, y otros. Sin embargo, el Estado es eficiente otorgando créditos en años electorales a través de BANADESA (un banco técnicamente quebrado) con recursos de BANPROVIH, en una alianza que solo los funcionarios públicos entienden. Otro ejemplo es la propuesta de regulación de las tarjetas de crédito debido a los abusos de los bancos en el cobro de las tasas de interés; aun partiendo del hecho que se tiene razón, dada la posición oligopólica de los emisores de tarjetas, acaso no es lo mismo con las trasnacionales que se benefician con la fórmula modificada en 2009 de los precios de los derivados del petróleo, u otros casos similares.
Si el Estado es ineficiente, ¿por qué no concesionamos los programas de asistencia social como el bono de vida mejor, crédito solidario, fogones y techos dignos, entre otros? Así se obtendrían mejores rendimientos en la asignación de los recursos. También, en vez de tener una policía ¿por qué no contratamos una o varias compañías de seguridad para garantizar a los hondureños la posibilidad de vivir más tranquilos?. Igualmente, se podría concesionar los BANASUPRO con mejores resultados.
Otra contradicción manifiesta es el establecimiento de comisiones interventoras en diferentes instituciones públicas. Esto parece al “el asalto del poder, desde el poder mismo”. Si se nombran responsables, ministros, gerentes, directores, etc. ¿no deberían ser estos los que respondan si se trabaja eficientemente o no? De no dar los resultados esperados, ¿no deberían ser reemplazados inmediatamente por personal verdaderamente capaz? Más bien pareciera que las juntas o comisiones interventoras son un caballo de Troya para hacer otras cosas.
El ámbito de pago de impuestos es otra área a considerar, no se puede crear una política de pago de impuestos, si simultáneamente se extienden generosas exoneraciones que no se justifican a grupos políticamente vinculados. La lista puede continuar, pero terminaremos con transparencia y rendición de cuentas. Existe una adhesión a iniciativas internacionales como Gobiernos Abiertos, Cost, EITI, pero simultáneamente se aprueba una Ley de Secretividad y se aumentan los recursos públicos manejados a través de fideicomisos. En suma, la posibilidad que un gobierno pueda mejorar el bienestar de la población está relacionada con la consistencia de las políticas públicas.
