Tegucigalpa – El 9 de agosto de 2016 -hace casi dos años – fue depurado del cargo por no ser apto para continuar en la Policía Nacional. Se trata del subcomisionado José Orlando Leiva Natarén, a quien el Ministerio Público señala por el crecimiento injustificado en su patrimonio de más de 300 millones de lempiras.
– Más de cuatro mil efectivos policiales han salido de la institución desde que comenzó la depuración en abril de 2016, sin embargo pocos han sido judicializados por la Fiscalía.
– Según fuentes del Ministerio Público, Leiva Natarén entre 2016 y 2017, tuvo un comportamiento financiero atípico llegando a mover en el sistema financiero alrededor de 913 millones de lempiras, obteniendo un incremento patrimonial injustificado de 300 millones de lempiras.
Las acciones de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL), junto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutaron en las últimas horas cuatro allanamientos en una causa penal contra el subcomisionado Leiva Natarén y su esposa Nancy Patricia Sánchez, a quienes se les acusa por el presunto delito de lavado de activos.
Durante las acciones judiciales se procedió al aseguramiento de varios bienes, entre ellos dos residencias, tres gasolineras, una escuela y más de 50 cuentas bancarias. De acuerdo a investigaciones estas personas tuvieron un incremento patrimonial injustificado de 300 millones.
Se confirmó que existe una orden de captura contra el subcomisionado Leiva Natarén, quien no estaría en el país, por lo que se hacen las coordinaciones para detenerlo donde sea que esté.
Al exoficial el Ministerio Público le sigue una causa penal luego que fue sometido a investigación y luego de consolidar la información de su expediente recabada en las distintas unidades policiales y en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se constató que cometió el delito de lavado de activos.
Leiva Natarén ocupó cargos importantes en la Policía hondureña, destacándose cuando fungió como director del extinto centro penal de San Pedro Sula, recientemente desmantelado.
El caso de este exalto oficial reedita el del también comisionado Jorge Alberto Barralaga detenido mediante la Operación Perseo, presuntamente por liderar una red de lavado de activos que movía recursos hasta por mil 900 millones de lempiras.
Julián Pacheco TinocoEl secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, mencionó que mediante la Operación Dragón V se logró detener a expolicías y agentes activos por la comisión de diversos ilícitos.
En el caso específico del subcomisionado, José Orlando Leiva Natarén, confirmó que salió de la institución mediante el proceso de depuración. “Desconozco si las cantidades que se hablan son las que manejaba, pero si el Ministerio Público está actuando es porque encontró indicios racionales para proceder a incautarle sus bienes”, reforzó.
Según fuentes del Ministerio Público, Leiva Natarén entre 2016 y 2017, tuvo un comportamiento financiero atípico llegando a mover en el sistema financiero alrededor de 913 millones de lempiras, obteniendo un incremento patrimonial injustificado de 300 millones de lempiras, de los cuales 280 millones corresponden a las operaciones de la empresa Conar, 15 millones de lempiras del propio exoficial y tres millones de su esposa.
El ministro Pacheco aseveró que “alguien que tiene una fortuna de esas y es exfuncionario público, nadie con un salario va a tener una fortuna de esas, a menos que sea un empresario exitoso, pero será en los tribunales que se demuestren o no las acusaciones”.
“Mirémoslo desde el lado positivo, ante se toleraba eso y no se tomaban decisiones, hoy el que se descubre en ilícitos es capturado y puesto fuera de la institución. Ya no vamos a permitir que alguien que delinque lo saque de una Policía y lo pasen a otra, ahora el que no hace su trabajo correctamente va fuera de la institución”, redundó.
Consultado sobre las razones del por qué algunos policías han pasado los filtros de la depuración y se ha comprobado integran organizaciones criminales, contestó que “la depuración no garantiza una pureza, recordemos que somos seres humanos, ellos habían pasado un proceso inicial, pero la Comisión ha sido enfática al decir que a nadie se le ha dado un cheque en blanco para decir que ya están certificados”.
Advirtió que los procesos y controles continúan a lo interno de la Policía.
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Que sirva de ejemplo para
otros policías: Omar Rivera
Omar RiveraLuego de las acciones del Ministerio Público, en contra del subcomisionado José Orlando Leiva Natarén, el miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, Omar Rivera, manifestó que “este debe ser un mensaje claro para todos los miembros de la carrera policial, en el sentido que no se tolerará la comisión de ningún delito, y mucho menos aquellos que generen un enriquecimiento ilegal”.
“Que sirva de ejemplo para que los actuales oficiales, agentes y personal auxiliar; que sirva de ejemplo para que los policías actuales no cometan ilícitos, actúen con decoro y tengan un inobjetable proceder y desempeño”, indicó.
Rivera, aseguró que, “en el marco del proceso de depuración y transformación de la Policía Nacional de Honduras, queda claro que tarde o temprano quien la hace la paga”.
Oficial Guillermo Mejía Vargas, preso en Estados Unidos, es uno de los presuntos responsables del crimen del fiscal Orlan Chávez.
Otras operaciones contra policías
La Fiscalía hondureña ha ejecutado varias operaciones contra miembros de la carrera policial, acusados por delitos de criminalidad organizada.
Para el caso mediante Operación Dignidad-febrero de 2017- se logró la captura de los presuntos responsables del asesinato del fiscal de oro, Orlan Arturo Chávez, hecho ocurrido en abril de 2013.
En noviembre de 2016, durante la ejecución de la Operación Panamericano se logró la captura de tres oficiales de la Policía hondureña.
A finales de septiembre de 2016 también se golpeó a empleados de la carrera policial. Mediante la Operación Medusa se capturó a media docena de operadores de justicia, entre ellos a Marco Tulio Bulnes Ramírez, quien se desempeñó como administrador de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos de la Policía Nacional.
En julio de 2016 se desarrolló la Operación Ariete con el afán de asegurar bienes ligados a los policías acusados de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos.
En febrero de 2016, mediante la Operación Avalancha fue detenido el subcomisario de la Policía, Álvaro Ernesto García Calderón, acusado por asociación ilícita.
Tifón III: Capturan a regidor municipal de Omoa, Cortés y un expolicía sospechoso de muerte del hijo de Bertetty
Más expolicías detenidos por sonados crímenes
En diciembre de 2016, a través de la Operación Tifón III, fue capturado un elemento policial señalado de haber participado en el crimen contra el hijo del exgerente financiero del Seguro Social, Ramón Bertetty.
Es así que fue aprehendido el expolicía Saúl Medina como sospechoso del crimen.
Mientras en octubre de 2016, la ATIC capturó a otro expolicía por suponerlo responsable de la muerte de las fiscales Marlene Banegas y Olga Patricia Eufragio, hecho ocurrido en octubre de 2014 en San Pedro Sula.
El imputado fue identificado como Roberto Armando Carranza Romero, alias “Carranza”. Sin embargo, un día antes fue detenido Jacinto Mendoza García, alias el “Kamuma”, un expolicía vinculado al crimen de las dos abogadas.
Carlos Alberto Valladares fue detenido en Honduras acusado por un delito de violación en abril de 2015.
Policías extraditados a EEUU
Aunque son siete elementos policiales que enfrentan la justicia en cortes de EEUU, solo dos han sido extraditados mediante la figura del auto acordado por la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Los restantes cinco se entregaron en forma voluntaria.
Wilmer Carranza Bonilla y Ludwig Criss Zelaya Romero fueron entregados por el gobierno de Honduras a su par de EEUU, en tanto Mario Guillermo Mejía Vargas, Carlos José Zavala Velásquez, Víctor Oswaldo López Flores, Jorge Alberto Cruz Chávez y Juan Manuel Ávila Meza, se entregaron a las autoridades estadounidenses. Todos son señalados por delitos de narcotráfico.
En marzo de este 2017, EEUU acusó a otro elemento de la Policía hondureña por conspirar para enviar droga hacia ese país. Lo anterior vinculado al proceso contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien se declaró culpable y espera condena para este año.
Se trata de Carlos Alberto Valladares Zúñiga , exjefe de la Sección de Homicidios de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC). Él se mantiene prófugo de la justicia.
Así pues el proceso de depuración en la Policía transita momentos escabrosos y se prevé más acciones de las autoridades para desarticular redes criminales lideradas por oficiales.
