Por: Julio Raudales
Tegucigalpa.- Vuelven las autoridades anunciar un congelamiento en el precio de los combustibles. ¡Y esta vez será por el resto del año! Ahora que ya no hay excusa electoral, debemos atribuir el asunto únicamente a la “noble” intención de beneficiar al consumidor final. No aprendemos nunca la lección.
A propósito de lo anterior, vale la pena recordarle al ministro, que si lo que quiere es beneficiar a la gente, debería de considerar que, Guatemala y El Salvador, cuyo mercado de carburantes está liberalizado, son los países centroamericanos que tienen los precios mas bajos. En cambio, Costa Rica y Honduras, en donde el precio está fijado por el gobierno, tienen los carburantes mas caros del istmo.
También valdría la pena recordar que, si bien es cierto que en Honduras no tenemos mucha claridad sobre como hace el gobierno para determinar el precio de los derivados del petróleo (la famosa formula es poco menos que el Teorema de Fermat), es evidente que lo que encarece las gasolinas y el diésel en el país son los impuestos que debemos pagar por cada galón consumido. Así que, si lo que desean es “beneficiar a los consumidores”, sería mejor reducir esas tasas que congelar el precio final.
Por increíble que parezca, también en Argentina y otras desventuradas naciones se están tomando medidas similares. Aunque los entendidos en la materia en todos lados consideran que una medida de este tipo es “ingenua y poco sustentable”, parece inevitable que los gobiernos incurran en este tipo de errores, sobre todo cuando se acerca un proceso electoral.
Es entendible que una medida de este tipo se tome en caso de emergencia, debido a una situación catastrófica, por ejemplo, después de un huracán, un terremoto o una guerra. Se entiende que en una situación así, tenga que decretarse el congelamiento de los precios, para que la escasez no provoque inflaciones muy elevadas.
Las economías socialistas o muy intervenidas, lo hacen por principio moral. Consideran que el gobierno tiene el conocimiento suficiente de los costos de producción y transacción, como para determinar el valor objetivo de los bienes.
También es común que el gobierno determine el precio de un bien producido en un contexto de monopolio, pues ya sabemos que, en una situación de este tipo, el empresario tiende a abusar de su poder de mercado, por lo que es necesario que un estado vigilante del bien común defina el justiprecio.
Pero como ninguna de estas situaciones encaja con la realidad que vivimos actualmente en el país, lo único que pudiese justificar una decisión de este tipo, es la desesperación por hacer cosas que hagan ver al gobierno como muy interesado en quedar bien con la opinión pública. En una sola palabra: populismo.
Y aunque ya lo he hecho con anterioridad, no peco de redundante si recuerdo las posibles consecuencias que puede traernos el persistir en acciones de ésta naturaleza.
Hay que comenzar describiendo un hecho ineluctable: Existe una preminencia casi natural de las leyes del mercado sobre las jurídicas. La violación de esta máxima es la explicación de muchas de las catástrofes que han vivido los países a lo largo de la historia. Nicaragua en los 80 y la Venezuela de nuestros días, son ejemplos claros de empobrecimiento nacional, debido a la transgresión de un principio que es básico y universalmente reconocido.
El sistema de precios debería reflejar con claridad la valoración que la gente hace de las cosas que necesita. Cuando algo es importante para mí, yo sacrifico la posibilidad de comprar otras cosas para obtener ese bien o servicio tan preciado. Así es como los seres humanos determinamos nuestras prioridades.
Por supuesto que hay factores como la buena información, la publicidad y la posibilidad de tener alternativas, que pueden influir de manera positiva o negativa sobre estas cosas.
Pero hay un elemento que es definitivo: Si el gobierno influye de forma artificiosa sobre mis decisiones, mediante impuestos confiscatorios o fijando precios, mi escala de valores se distorsiona y se instala en la sociedad una amenaza de inestabilidad que puede poner en precario el bienestar.
Toda medida de política económica tiene un costo y un beneficio. Si el primero es mayor, la recomendación es no adoptar dicha medida. Creo que las autoridades deberían de hacer esta pequeña evaluación de forma responsable, antes de poner en precario la estabilidad social de quienes les elegimos.
