Tegucigalpa – La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) presentó en las últimas horas un requerimiento fiscal en contra del oficial técnico legal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) (periodo 2006-2015), Tulio David Barahona Fuentes, por suponerlo responsable del delito de violación de los deberes de los funcionarios, al actuar con abuso de derecho en perjuicio de la familia del extinto Jefe de la Unidad Contra el Delito de Lavado de Activos de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), Orlan Arturo Chávez (QDDG).
La acusación se interpuso ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, a efecto que este proceso penal se ventile en el nuevo circuito anticorrupción del país.
Según el expediente investigativo, luego del asesinato del fiscal Orlan Chávez el 18 de abril de 2013, el abogado Tulio David Barahona Fuentes hizo creer a la familia del denominado “Fiscal de Oro” que él podía realizarles el trámite de la declaratoria de herencia ab-intestato y con argucias les hizo firmar un poder de representación, pese a que había suscrito una declaración de exclusividad de prestación de servicios y determinación de derechos con la CNBS en el sentido que no tenía permitido el ejercicio de la profesión en asuntos ajenos a sus funciones.
No obstante y a sabiendas de la prohibición expresa e impedimento legal de conformidad al artículo 20 de la Ley de la CNBS, el ahora imputado se apersonó ante los tribunales competentes, inició un trámite que nunca concluyó, y luego de varios años, tras ser despedido del ente regulador del sistema financiero nacional, presenta con abuso de derecho una demanda de pago de honorarios profesionales, cuyo monto a la actualidad ronda un millón de lempiras, monto que pretende hacerse efectivo sobre el patrimonio familiar del fiscal Orlan Chávez.
Cabe señalar que las irregularidades en el trámite de la demanda interpuesta por Barahona Fuentes, ha hecho que la Fiscalía de Enjuiciamiento junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), vincule el caso a una posible colusión entre abogados privados, jueces y magistrados a lo largo de las diferentes fases del proceso en contra de la familia del denominado “Fiscal de Oro”.
Estas investigaciones, podrían derivar en nuevas acciones penales, al tiempo que el Ministerio Público advierte que no tolerará acciones originadas de un fraude de ley o abuso de derecho, por lo que se exhorta a la población que ha sido víctima de injusticia de la mano de operadores de justicia a presentar sus respectivas denuncias a la Fiscalía de Enjuiciamiento.
Como se recordará, por el crimen del “Fiscal de Oro”, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida y la ATIC ejecutaron el 13 de febrero de 2014 la Operación “Dignidad”, mediante la cual se capturó a sus supuestos asesinos Wilmer Samuel Álvarez Pagoada (41) y Luis Alejandro Castro Núñez (49) y se acusó al comisario de Policía, Mario Guillermo Mejía Vargas (47) como autor intelectual del hecho, quien en la actualidad está recluido en Estados Unidos por tener un proceso pendiente por narcotráfico.
En su larga y destacada trayectoria Chávez se desempeñó en los tribunales de la República; era licenciado en ciencias jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), graduado con calificación de sobresaliente.
Asimismo, era licenciado en economía de la UNAH, graduado con excelencia académica; egresado del Postgrado de Derecho Penal y Procesal Penal del alma mater con calificación de sobresaliente; graduado con calificación de sobresaliente, primer lugar en la Escuela de Investigación Criminal de la Academia Nacional de Policía de la República de Guatemala(doceava promoción); diplomado en derecho constitucional.
También participó en la redacción y discusión de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos(Decreto 45-2002); fue el redactor del proyecto de Reglamento de la Oficina Administradora de Bienes Incautados(OABI); asesor del proyecto de Reglamento de Inversiones de Bienes Incautados; fue el redactor del anteproyecto de Ley Contra el Financiamiento al Terrorismo.
Impulsó en el 2001 el anteproyecto de decreto presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acerca de la figura de jueces itinerantes instructores para el conocimiento de delitos relacionados con criminalidad organizada.
También, publico diversos artículos en Internet; fue integrante del equipo de apoyo del departamento de capacitación y asesoría técnico jurídica del Ministerio Público; fue instructor en materia de lavado de activos, delitos financieros, derecho penal y procesal penal de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal (CIJP); dictó alrededor de 200 charlas, así como conferencias sobre lavado de activos a personal de instituciones financieras; Ministerio Público, CSJ, Secretaría de Seguridad, intermediarios de seguros, distintas asociaciones, universidades y Fuerzas Armadas, entre otras.
Asimismo, formó parte del staff de evaluadores del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic); fue certificado como instructor de la CICAD-OEA (Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas de la Organizaciones de Estados Americanos), en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo; también fungió como parte del grupo de instructores del Banco Mundial (BM) en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
En su amplia hoja de vida participó como expositor en la conferencia sobre blanqueo de capitales, realizada en la ciudad de Antigua, Guatemala, (Mayo 2002); conferencista en el I Congreso Sobre Lavado de Activos, (Tegucigalpa, Honduras 2005); Conferencista en el XI Congreso Hemisférico Sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, (Panamá, agosto 2007), conferencista en el Xll Congreso Hemisférico Sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo,(Panamá, agosto 2008).
Considerado como uno de los Fiscales con mayor experiencia, capacidad y honradez dentro del Ministerio Público, institución a la que ingresó en 1996, para ser asignado al El Progreso, Yoro, para luego en 1997, ser trasladado a la Fiscalía en San Pedro Sula, luego en 1998, fue parte de la Fiscalía Especial Antidrogas, lo que posteriormente se convertiría en la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), en donde fue nombrado jefe de la Unidad de Lavado de Activos, hasta su vil asesinato.
