Lima – El izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema que juzgó a Castillo consideró que el exmandatario no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus intenciones golpistas, motivo por el que la Fiscalía varió durante el juicio la solicitud de pena contra el ex jefe de Estado de 34 años de cárcel a la finalmente dictada por el tribunal.
El día de los hechos, Castillo dio un mensaje a la nación en el que ordenó disolver temporalmente el Congreso (Parlamento), intervenir la Judicatura y gobernar mediante decretos, tras una nueva e inminente moción en el Legislativo, dominado por la oposición, para destituirlo al salir a la luz indicios de presunta corrupción que lo salpicaban directamente a él.
Sin embargo, su pronunciamiento no surtió efecto y a los pocos minutos fue detenido cuando había abandonado el Palacio de Gobierno de Lima y se dirigía aparentemente a la Embajada de México, donde su familia sí llegó y recibió asilo, mientras Castillo fue horas después destituido por el Congreso y enviado a la cárcel donde permanece hasta ahora.
La sala absolvió a Castillo de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, pero le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años, además del pago de una indemnización de 12 millones de soles (3,5 millones de dólares) en forma solidaria con sus coacusados.
A partir de este fallo, el exgobernante deberá permanecer en Barbadillo, conocida como la cárcel para expresidentes de Perú, hasta abril de 2034.
Atentado al orden constitucional
Para los jueces, el expresidente y sus colaboradores conspiraron para atentar contra los poderes del Estado y el orden democrático y que, en el momento de su detención, pese a no haber sido todavía oficialmente destituido por el Congreso, era un presidente «de facto» tras su pronunciamiento.
La misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel recayó sobre la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada actualmente en la residencia de la Embajada de México en Lima, y para la que el tribunal ordenó una nueva búsqueda y captura contra ella; y sobre el exministro del Interior Willy Huerta.
Sin embargo, la sentencia contra Huerta, que según testigos dio órdenes para concretar las medidas inconstitucionales anunciadas por Castillo, será suspendida hasta la segunda instancia en caso de que apele y siga una serie de normas de comportamiento.
Mientras, el ex primer ministro y jefe de asesores de Castillo en el momento de los hechos, Aníbal Torres, recibió una condena de seis años y ocho meses de cárcel que el tribunal dejó sin aplicar por razones humanitarias debido su avanzada edad (82 años).
Por su parte, los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero fueron absueltos de los cargos.
Castillo buscaba ser senador
Los magistrados consideraron comprobado que Castillo, Chávez y Torres redactaron el mensaje en la noche anterior en el Palacio de Gobierno y que eran conocedores de lo que sucedería al día siguiente cuando citaron al resto de ministro a la sede presidencial y a un equipo del canal estatal TV Perú para hacer la transmisión, al que ocultaron el verdadero propósito de su convocatoria.
El tribunal emitió esta sentencia pocos días antes de que se vencieran los tres años de prisión preventiva que se habían dictado contra Castillo cuando fue detenido el mismo día de los hechos, por lo que debía salir en libertad si antes no se anunciaba el fallo.
En las semanas previas a la sentencia, Castillo anunció su intención de ser candidato a senador por parte del partido Juntos por el Perú (JP), de su exministro Roberto Sánchez, cuyos seguidores llegaron a los exteriores del cuartel policial donde se ubica la prisión de Barbadillo para protestar contra la sentencia y reclamar la libertad del expresidente. EFE
