Tegucigalpa – Un juez de letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción otorgó cambio de medidas a una mujer implicada en caso de corrupción en la Tasa de Seguridad.
La imputada responde al nombre de Liana María Mayorga Castillo, acusada por el Ministerio Público por la comisión del delito de lavado de activos.
Este lunes se realizó la audiencia de revisión de medidas en la que la mujer fue beneficiada con medidas sustitutivas en lugar de seguir con prisión preventiva.
Entre las medidas que debe cumplir la imputada es estar bajo el cuidado y vigilancia de su apoderado legal, no salir del país, y firmar periódicamente el libro del Juzgado.
Asimismo, la imputada rindió una caución hipotecaria de un bien inmueble valorado en ocho millones de lempiras.
La portavoz de los Juzgados, Bárbara Castillo, manifestó que el cambio de medidas se hará efectivo cuando el bien inmueble sea inscrito a favor del Estado en el Instituto de la Propiedad (IP).
En este caso también fue acusado el excoordinador de fideicomisos de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, que tiene alerta roja por estar prófugo de la justicia hondureña.
Según el requerimiento fiscal, ambos defraudaron al Estado por un monto de millones 547 mil 200 lempiras mediante el suministro de tarjetas PVC para licencias de conducir.
El 22 de enero de 2022, la Secretaría de Seguridad pagó más de 18.5 millones de lempiras a la empresa Plasticards por la compra de 480 mil tarjetas, pero solo ingresaron al país 258 mil.
De acuerdo al ente acusador del Estado, esta empresa apenas llevaba dos meses como constituida tras la adjudicación del contrato en diciembre de 2021.
Tres días después del pago de la Secretaría de Seguridad, la imputada transfirió 17 millones de lempiras a la empresa Inversiones MyM, que era propiedad de Juan Ramón Molina. AG
