Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La incertidumbre que rodea el proceso electoral hondureño, caracterizado por un inédito acoso judicial hacia los entes rectores de las elecciones para socavar su legitimidad y credibilidad, obligan al país a someterse a unos comicios en donde existan al menos cinco criterios mínimos de integridad electoral que sirvan como líneas rojas innegociables, que deben ser asumidos por todos los actores involucrados para garantizar al país elecciones libres, transparentes y confiables.
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Estas líneas rojas innegociables, a criterio de los expertos, incluyen los siguientes criterios mínimos: respeto a la fecha electoral, el voto libre y secreto, la no interferencia judicial, la resolución imparcial de controversias y garantías de transparencia.
Es la apuesta lanzada ante la opinión pública por el consorcio de Observadores Electorales de Honduras 2025, que conforman la Red por la Democracia en Honduras (RDD) y la Red por la Equidad Democrática de Honduras (RED-H) en una lectura profunda con análisis, datos y hechos que recogen el panorama electoral hondureño y los desafíos para el país y la democracia.
En su ojeada sobre los hechos políticos que han estremecido el país y el difuso panorama electoral, el consorcio de los Observadores Electorales de Honduras exponen cinco dimensiones críticas que afectan la integridad del proceso eleccionario en los ámbitos administrativo, de justicia, violencia, espacio cívico y riesgo político.
En la dimensión Administrativa destacan que el El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), enfrentan crisis internas, conflictos entre miembros, retrasos técnicos y limitada coordinación interinstitucional.
Mientras, en la dimensión de la Justicia, resalta una judicialización indebida del proceso, con denuncias cruzadas entre magistrados y consejeros, incluidas solicitudes de antejuicio, poniendo en riesgo la imparcialidad electoral.
Otra de las dimensiones se relaciona con la Violencia, donde destacan la presencia del crimen organizado, el estado de excepción y actores con capacidad de coerción que generan un clima de intimidación y pueden actuar como factor de condicionamiento y/o inhibición de la participación electoral.
Otra dimensión identificada dentro de las amenazas es el Espacio cívico: La criminalización de periodistas y líderes sociales de distintas procedencias, junto con la fragmentación organizativa, limita la participación ciudadana.
Y finalmente, resaltan la dimensión del Riesgo de una crisis electoral: Si no se gestionan adecuadamente los factores de riesgo, el país podría enfrentar una crisis electoral similar a la de 2017, como extensión de la crisis política acumulada derivada del conflicto constitucional de 2009.
Miradas locales y regionales de la crisis electoral
Sustentado con hechos, datos y un relato cronológico de las dimensiones de la crisis electoral y los riesgos democráticos que ello representa para Honduras, la propuesta ciudadana desde el consorcio de los Observadores Electorales de Honduras coincide con la lectura que otras instancias internacionales están haciendo del país, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA), la organización humanitaria WOLA, las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de un grupo de organizaciones internacionales de libertad de expresión que realizó una misión de observación previo a las elecciones para tomar el pulso al clima de libertad de expresión y derechos humanos.
La Secretaría de la Organización de Estados Americanos, OEA, en su último comunicado hizo hincapié en los acontecimientos que están azotando el proceso electoral recordando que: Las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político. Su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática, particularmente en las últimas semanas previas a una elección. Las diferencias internas dentro de los órganos colegiados pueden reflejar el pluralismo democrático, pero no deben generar parálisis, socavar el calendario electoral ni afectar la confianza pública en el proceso electoral.
En tal sentido llama a todos los actores a respetar el marco institucional y contribuir a la celebración de las elecciones generales en la fecha establecida y en las mejores condiciones posibles. Mientras, la organización humanitaria internacional WOLA indicó que Honduras celebrará elecciones en medio de crecientes tensiones políticas y las preocupaciones sobre la integridad electoral.
“El papel de la comunidad internacional se ha vuelto cada vez más importante para salvaguardar la voluntad del pueblo hondureño, dado el alto riesgo de resultados electorales en disputa derivados de la profunda desconfianza pública y las débiles instituciones electorales”, señala el organismo en su más reciente posicionamiento sobre la situación electoral hondureña.
WOLA advierte de un potencial clima de inestabilidad posterior a los comicios, ante la profunda polarización existente, la desconfianza mutua entre los actores políticos, las acusaciones de fraude, y las débiles salvaguardas institucionales que podrían dificultar que los candidatos y sus partidarios acepten los resultados, que llevaría a protestas o disturbios políticos más amplios.
En tanto, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centrado hasta ahora en sus relaciones con Honduras en los temas migratorios y de defensa, ha salido a la luz pública para fijar una posición en torno a la crisis electoral al advertir que responderá con firmeza y eficacia ante cualquier atentado que se produzca en contra de la democracia en Honduras.
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Criterios mínimos para elecciones creíbles
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau, expresó la profunda preocupación de su país por la situación del proceso electoral hondureño, tras reiterar que su gobierno sigue de cerca el proceso e insta a las autoridades competentes, entre ellas las electorales, y las militares a que se respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras. Washington advierte que actuará con firmeza y rapidez ante cualquier intento de afectar la democracia hondureña.
Posteriormente, un grupo de legisladores estadounidenses anunció la realización de una audiencia pública sobre el estado de la democracia en Honduras. El Subcomité sobre el Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha convocado a una audiencia pública titulada “Democracia en peligro: la lucha por elecciones libres en Honduras” que se realizará el 20 de noviembre. Mientras la Unión Europea posteó un mensaje en redes sociales donde reafirma su compromiso con la democracia, la libertad de expresión, los medios de comunicación, las instituciones y una sociedad civil dinámica y robusta.
Todos estos llamados y complejidades del panorama político electoral del país han llevado al consorcio de Observadores Electorales de Honduras a proponer cinco requisitos mínimos de integridad innegociables de cara a las elecciones que eviten traspasar la línea roja de la conflictividad político electoral en que se encuentra el país. Estos estándares deben ser asumidos por todos los actores involucrados —instituciones electorales, poderes estatales y órganos de control democrático; partidos políticos; fuerzas de seguridad y defensa; medios de comunicación; y ciudadanía— como condiciones básicas para asegurar elecciones libres, transparentes y confiables. Estos mínimos de integridad electoral incluyen: 1) El respeto irrestricto a la fecha oficial de las elecciones y a la voluntad del pueblo expresada en las urnas ,2). Una administración que garantice el ejercicio pleno del voto y la publicación oportuna de los resultados verificables; 3) No interferencia en el funcionamiento de los órganos electorales, incluyendo, a menos de un mes de las elecciones, que no debe haber cambios en la integración de las autoridades electorales ni presiones que comprometan su autonomía, 4) Garantía de resolución imparcial, expedita y conforme a derecho de todas las reclamaciones electorales pendientes y futuras, por las vías que la legislación electoral establece, y 5) Evitar cualquier forma de violencia, amenaza o criminalización contra personas políticamente activas, funcionarios electorales o dirigentes civiles, ya que estas prácticas vulneran derechos fundamentales, erosionan la legitimidad del proceso y generan un entorno de intimidación incompatible con los estándares democráticos.
La legitimidad del proceso electoral de 2025 será el punto de inflexión entre la continuidad democrática y la profundización del deterioro institucional. Este escenario exige un llamado urgente a la acción coordinada de todos los actores comprometidos con la defensa y la expansión de la democracia en Honduras, advierte el consorcio de Observadores Electorales por Honduras. Manifiestan la importancia de detener toda forma de acoso, agresión y criminalización contra actores sociales y políticos; es el libre ejercicio de los derechos políticos por parte de ciudadanos y actores sociales interesados, y en la libre contienda por el poder, que se dirimen – en democracia – las diferentes visiones y propuestas de futuro. Finalmente, alerta que, a escasos días de las elecciones, intentos de modificar, recomponer o limitar el accionar del TJE por medio de acciones políticas o judiciales constituyen una amenaza a la integridad y credibilidad de las elecciones. (PD).
