En Pantaleón y las visitadoras, Mario Vargas Llosa retrata al militar perfecto: metódico, eficiente, obsesionado con el cumplimiento del deber. El capitán Pantaleón Pantoja obedece una orden absurda —organizar un servicio de prostitutas para los soldados en la selva— y la cumple con disciplina ejemplar. En su lógica, no hay espacio para la duda moral; el reglamento está por encima del sentido común. Lo que empieza como una misión de control termina convertido en una red burocrática de deseo, hipocresía y poder que, al salir a la luz, derrumba su carrera y evidencia el absurdo de la institución que lo creó.
Cincuenta años después, en Honduras, el eco de ese “espíritu pantaleónico” vuelve a sonar en la voz del general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al solicitar al Consejo Nacional Electoral copias de las actas de cierre presidencial “para garantizar transparencia”. La petición, presentada con lenguaje técnico y aparente rigor constitucional, provocó alarma entre sectores civiles que la interpretaron como un gesto de injerencia militar en un terreno que pertenece exclusivamente a la autoridad electoral.
En apariencia, ambos actos nacen de una misma raíz: la confusión entre obediencia y autoridad moral. Pantaleón Pantoja ejecuta una orden que considera justa porque viene de arriba; Roosevelt Hernández defiende su solicitud porque, según él, la Constitución lo faculta. En ambos casos, la institución se erige como garante de la moral o la pureza del sistema, mientras la sociedad observa con recelo una expansión de poder disfrazada de deber.
El peligro radica en esa delgada línea donde el uniforme pretende ocupar el espacio de la conciencia pública. Cuando el Ejército se asume como árbitro del bien —sea para “controlar los excesos sexuales” en la selva o para “vigilar la transparencia electoral”— termina desplazando la función civil que da sentido a la democracia. El resultado no es orden, sino pérdida de confianza y erosión institucional.
En Pantaleón y las visitadoras, el escándalo estalla cuando la operación secreta sale a la luz: la prensa, la Iglesia y la opinión pública descubren que la disciplina militar se había aplicado al placer. En Honduras, la reacción ha sido similar: universidades, juristas y ciudadanos denuncian que la transparencia no se construye con bayonetas, sino con reglas y confianza. El error de fondo es el mismo: creer que la eficiencia técnica puede reemplazar el mandato ético.
Vargas Llosa construyó una parábola sobre la tentación del poder militar de organizarlo todo: el cuerpo, la moral, el placer. Hoy esa parábola sirve para advertir que la democracia se debilita cuando los guardianes de la frontera se convierten en jueces de la voluntad popular. Pantaleón obedeció tanto que perdió la noción de su humanidad. Si las Fuerzas Armadas repiten el gesto, Honduras corre el riesgo de perder algo más grande: la frontera invisible que separa el deber de la injerencia.
