Tegucigalpa – La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) y Red por la Equidad Democrática en Honduras realizaron este martes el lanzamiento del Consorcio de Observadores Electorales al tiempo que propusieron la implementación de los estándares mínimos para preservar la legitimidad del proceso.
En medio de un ambiente marcado por alta conflictividad política, debilitamiento institucional y creciente desconfianza ciudadana, la iniciativa Observadores Electorales de Honduras presentó un informe preelectoral que analiza la coyuntura política actual, identifica los principales desafíos y riesgos y la implementación del ejercicio de observación sistemática anunciada este día.
Esta observación se basa en una metodología ampliamente validada a nivel internacional denominada Verificación de Procesos y Resultados para la Transparencia (PRVT, por sus siglas en inglés) y que permite una verificación independiente y basada en evidencia de las condiciones objetivas y del grado de certeza del proceso electoral.
José Perdomo, vocero de la RDD explicó que la metodología exige que para realizar la observación se debe contar con un total de mil 107 Juntas Receptoras de Voto (JRV) en los 18 departamentos del país, de manera que se contará con un observador por cada centro de votación.
En la actualidad se está realizando el proceso de capacitación para que el 30 de noviembre, cada uno de los observadores tenga las herramientas necesarias para realizar este amplio y preciso proceso de observación.
“En Honduras, este proceso que es mediante la verificación de procesos y resultados transparentes ya ha sido implementado en cuatro ocasiones y muchas de las personas que son observadores ya han participado en este tipo de ejercicios”, expresó.
La unión de esfuerzos permitirá una observación electoral mucho más amplia en este próximo proceso electoral, “precisamente para hacer llamados de participación ciudadana pero sobre todo de convicción, de poder trabajar en mejorar nuestras propias democracias en el país”, dijo la directora de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir.
Medidor del ambiente político
El informe presentado en el marco del lanzamiento del Consorcio del Observadores Electorales identifica cinco dimensiones críticas que afectan la integridad del proceso electoral, comenzando con la administrativa, la que está marcada por la crisis y conflictividad al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
El segundo tema es la justicia, caracterizada por la judicialización indebida del proceso que pone en riesgo la imparcialidad electoral, mientras que una tercera dimensión, la violencia se caracteriza por la presencia del crimen organizado, el estado de excepción y actores con capacidad de coerción que pueden actuar como factor de condicionamiento y/o inhibición de la participación electoral.
La OEH25 también llama la atención sobre los espacios cívicos, donde destaca la criminalización de periodistas y líderes sociales de distintas procedencias que limita la participación ciudadana.
Por último, los observadores señalan que existe el riesgo de una crisis electoral que podría llevar a Honduras a enfrentar una crisis electoral similar a la de 2017, como extensión de la crisis política acumulada derivada del conflicto constitucional de 2009.
En tanto, en materia de riesgos, el informe identifica: presiones sobre los organismos electorales y rezagos técnicos y administrativos; presiones judiciales y debilitamiento funcional del TJE, manifestaciones de violencia que pueden incidir en el desarrollo de las elecciones y la aceptación de los resultados y restricciones al espacio cívico que afectan la participación política y la libertad de expresión.
En ese sentido, la OEH25 expresaron voceros del ente, considera que es responsabilidad de los organismos electorales, pero también de todo el sistema institucional, garantizar la celebración de las elecciones generales el 30 de noviembre.
Asimismo alerta que la defensa del interés de los partidos en contienda debe darse a través de los mecanismos legales e institucionales establecidos en el país, y no mediante mecanismos ni acciones violentas. “La forma más legítima de participación es la que se da a través del voto libre y secreto como instrumento que expresa la voluntad popular mayoritaria”, señala el informe. VC
