Tegucigalpa – El pleno del Congreso Nacional (autoconvocados) anunció que busca la interpelación o el juicio político del Fiscal General, Johel Zelaya, por su boicot en contra de las elecciones del próximo 30 de noviembre. A la par, el Ministerio Público acusó en las últimas horas a altos funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), por el presunto delito de prevaricato judicial.
– La diputada Maribel Espinoza anunció que no se puede permitir que el titular del Ministerio Público “atente o ponga en grave peligro la democracia siguiendo el guion del Partido Libre”, al que acusó de desarrollar “una campaña abierta para boicotear las elecciones, el ejercicio del sufragio y la alternancia en el poder”.
Así transcurren los días previos de las elecciones generales que decidirán al presidente de la República, integración del Poder Legislativo y las corporaciones municipales para los próximos cuatro años en Honduras.
[LEER] Elecciones, bajo el campo minado de la judicialización, la presión y persecución
El Congreso –autoconvocado por la mayoría de diputados– sopesa la posibilidad de interpelar al jefe de la Fiscalía, o en el peor de los escenarios aplicarse un juicio político por desarrollar “una campaña abierta para boicotear las elecciones, el ejercicio del sufragio y la alternancia en el poder”, de acuerdo al anuncio de la congresista Maribel Espinoza.
Sin embargo,tal como se advirtió la semana cuando una sala Ad-Hoc de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desestimó una solicitud de antejuicio para los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mirian Barahona y Mario Flores Urrutia por el presunto delito de prevaricato judicial, en las últimas horas el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra dos los funcionarios electorales.
La acusación de la Fiscalía señala a los magistrados de emitir resoluciones contrarias a la ley y por ende ordenar al Consejo Nacional Electoral la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados.
De acuerdo a lo argumentado por el MP, el magistrado Flores Urrutia fue recusado por un ciudadano debido a que omitió una opinión pública sin conocer formalmente el expediente en pleno, el cual correspondía a un recurso relacionado con la inscripción de dos ciudadanos como candidatos al Congreso Nacional.
Citan que el 27 de octubre los dos magistrados resolvieron de manera irregular, arbitraria y antojadiza dicha resolución, sin conformar el quórum respectivo ni seguir el procedimiento que establece la Ley Orgánica y Procesal Electoral, la cual exige la formación de una pieza separada, la notificación al magistrado recusado, la suspensión temporal del expediente y la convocatoria de un magistrado suplente.
La actuación, además de ser contraria a la normativa que regula ese tribunal, carece de validez jurídica, ya que el magistrado Flores Urrutia participó en la resolución de una recusación planteada en su contra, situación expresamente prohibida en la ley, según la acusación de la fiscalía.
El MP plantea que otras de las irregularidades cometidas por ambos funcionarios ocurrió el 28 de octubre cuando dictaron sentencia definitiva, declarando con lugar los recursos y ordenando al CNE la inscripción inmediata de los dos ciudadanos. Esta decisión se tomó pese a que el TJE no estaba debidamente integrado (no se convocó al tercer magistrado propietario ni a un suplente), pese a que la ley exige la presencia de los tres miembros para que el pleno pueda sesionar y emitir resoluciones en legal y debida forma.
Funesto precedente
De su parte, Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista, señaló que “requerir a estos magistrados violenta la autonomía y la independencia del órgano judicial en materia electoral y crea un funesto precedente”.
El día de mañana, cuando no les parezca una sentencia incluso del Poder Judicial, va ir desestimadamente el Ministerio Público a interponer un requerimiento fiscal, avizoró el profesional del derecho.
Acentuó que con este actuar del Ministerio Público solo se crea un funesto precedente para el futuro.
Caviló que un requerimiento del Ministerio Público no significa que la persona es culpable, es el inicio de acciones penales sobre algo que el MP cree es incorrecto, pero un juez es el que determina eso.
En este caso se debe nombrar un magistrado, nombrado por el pleno del Poder Judicial, él debe actuar como juez y determinar si admite o no el requerimiento fiscal.
A criterio del abogado constitucionalista este caso no procede, por lo que el magistrado en su condición de juez no admitirá el requerimiento fiscal.
Cuestionable el MP en caso magistrados del TJE
El primer Fiscal General de la República, Edmundo Orellana, cuestionó la forma de operar del Ministerio Público (MP), señalando que actúa únicamente cuando hay denuncias, en lugar de realizar investigaciones propias para detectar hechos criminales.
El también exministro de Transparencia, criticó que el MP mantenga paralizados casos de alta relevancia nacional, mientras muestra una “eficiencia selectiva” al proceder rápidamente contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
“Hay muchos casos graves pendientes, pero el MP ha sido muy diligente cuando se trata de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral”, reprochó.
Pleno plantea juicio político al fiscal
La diputada Maribel Espinoza, anunció que ya se iniciaron conversaciones entre las distintas bancadas del Congreso Nacional para analizar la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria con el objetivo de interpelar al Fiscal General de la República Johel Zelaya o, en su defecto, iniciar un proceso de juicio político en su contra.
Espinoza señaló que “la democracia hondureña y el estado de derecho deben ser defendidos desde el pleno del Congreso Nacional”, advirtiendo que no se puede permitir que el titular del Ministerio Público “atente o ponga en grave peligro la democracia siguiendo el guion del partido Libre”, al que acusó de desarrollar “una campaña abierta para boicotear las elecciones, el ejercicio del sufragio y la alternancia en el poder”.
La legisladora liberal denunció que el Ministerio Público pretende enjuiciar a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, así como poner en riesgo la existencia del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
“Tampoco permitiremos que se persiga judicialmente a candidatos a cargos de elección popular, como alcaldes o diputados, porque la intención detrás de estas acciones es obtener ventajas políticas a favor de Libre, a sólo veinte días de celebrarse las elecciones”, enfatizó Espinoza.
La congresista pidió poner fin a la politización de la justicia, y subrayó que si existiera fundamento legal para las acusaciones, “cualquier acción penal podría esperar hasta después de la toma de posesión del nuevo gobierno”.
Asimismo, Espinoza exhortó a la comunidad internacional, incluyendo a la OEA, la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y las misiones de observación electoral, a no guardar silencio ante lo que calificó como “atropellos cometidos por Libre”.
“Como demócratas, ustedes saben la realidad de lo que está ocurriendo en Honduras; no vean hacia otro lado y pidan al gobierno que garantice la celebración de elecciones libres y transparentes bajo la dirección del CNE, porque este pueblo valiente solo quiere elecciones limpias”, concluyó.
“No nos cruzaremos de brazos”: Hall
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, se refirió este lunes al simulacro electoral realizado ayer domingo, destacando que este tipo de ejercicios son esenciales para probar los elementos tecnológicos y logísticos de los comicios.
“El simulacro electoral es el ejercicio para probar los elementos tecnológicos y logísticos de las elecciones. Se monta para evaluar y determinar qué elementos funcionan según lo deseado e identificar cuáles requieren de arreglos y, en este tiempo, poder realizar los ajustes correspondientes”, explicó Hall.
A veinte días de las elecciones generales, la titular del CNE enfatizó que corresponde tomar medidas frente a cualquier falla detectada durante el ejercicio del fin de semana.
Hall señaló que hasta el último segundo se luchará por estas elecciones. “Si hay que hacer un nuevo simulacro, se hace. ¡No nos cruzaremos de brazos y no permitiremos que nadie se robe el derecho del pueblo a votar!”
El CNE, a través de Hall, aseguró que se trabajará de manera inmediata en la corrección de las deficiencias detectadas para garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral previsto para el próximo 30 de noviembre. PD
