Tegucigalpa – Han pasado 14 meses desde que estalló el escándalo del narcovideo que involucró directamente a miembros de la familia Zelaya Castro, específicamente al cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya y el silencio institucional sigue siendo la única respuesta.
– El fiscal Johel Zelaya ha reiterado que el tema del narcovideo fue hace muchos años y que por lo tanto es difícil establecer algunas diligencias, igualmente dijo que se trata de un tema político.
Hoy a más de 14 meses de que el caso fue revelado por el medio internacional InSight Crime, que mostró un video de 34 minutos en el que Carlos Zelaya Rosales, hermano del expresidente Manuel Zelaya, aparece negociando con reconocidos narcotraficantes hondureños durante la campaña presidencial de 2013. En la grabación, se escucha la ya célebre frase: “La mitad que sea para el comandante”, una clara alusión —según las propias fuentes del video— al exmandatario “Mel” Zelaya, fundador del Partido Libre, quien es conocido popularmente también como el comandante o “comandante vaquero” como lo bautizó el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez.
El silencio del MP
En parte del material, los traficantes acuerdan entregar $650,000 dólares para financiar la campaña de Castro, además de discutir la entrega de vehículos para uso político. Pese a la gravedad de las revelaciones, no existe hasta hoy investigación formal alguna en el Ministerio Público.
El fiscal general Johel Zelaya, consultado en varias ocasiones sobre el caso, ha mantenido una postura evasiva, limitándose a decir que el tema “está en investigación”, sin ofrecer fechas, avances ni resultados concretos.
Mientras tanto, la oposición y analistas señalan que la justicia hondureña ha mostrado un contraste alarmante: actúa con rapidez en causas contra opositores y contra miembros de los entes electorales —como el CNE o el TJE—, pero permanece inmóvil ante un caso que toca directamente al círculo presidencial.
El propio Carlos Zelaya renunció a su curul en el Congreso Nacional tras el escándalo, al igual que su hijo, quien dejó el cargo en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, Zelaya aseguró que “actuó solo” y que ni su hermano ni la presidenta tenían conocimiento de sus reuniones.
Poco después del estallido del narcovideo, el Gobierno de Honduras anunció la cancelación del tratado de extradición con Estados Unidos, bajo el argumento de evitar que fuera usado como “arma política”. La decisión, adoptada el 28 de agosto de 2024, generó fuertes sospechas sobre una posible relación entre ambas situaciones.
Hoy, más de un año, el caso sigue sin investigación visible, sin requerimientos fiscales y sin responsables. La ciudadanía y diversos sectores sociales cuestionan lo que consideran una justicia selectiva, que actúa con rigor contra los adversarios, pero con cómplice lentitud cuando se trata del poder.
Hoy día el eco de aquella frase —“la mitad es para el comandante”— sigue resonando, convertido ya en una amarga metáfora del país donde los videos hablan, pero la justicia calla cuando se trata del círculo de poder de la familia presidencial Castro Zelaya, y en medio de la tensión política de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, el grito de que la justicia sea pareja no se hace esperar por parte de la ciudadanía, pero el eco no llega a oídos del señor fiscal general. PD
